El programa de miseria planificada de La Libertad Avanza buscó desde un primer momento el disciplinamiento de la sociedad a través del ajuste por shock de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras. Por más que el índice de precios al consumidor se mueva ahora en torno al 8%, los ingresos no alcanzan para cubrir el costo de una canasta básica total. En abril, de acuerdo a los registros del Indec, una familia tipo necesitó 828.000 pesos para no caer bajo la línea de la pobreza; mientras que la línea de indigencia, es decir aquellas familias que pasan hambre, quedó ubicada en el umbral de los 373.000 pesos.
Durante el cuarto mes de 2024, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 4,2%, mientras que la de la canasta básica total (CBT) fue de 7,1%. La CBA y la CBT acumulan en el año incrementos del 55,0% y 67,0% respectivamente, y resultaron en variaciones interanuales del 296,2% y 307,2%.
Estos datos son de por sí alarmantes si se tiene en cuenta que, para el cierre del año pasado, luego de la feroz devaluación aplicada por el ministro de Economía, Luis Caputo, el salario cayó alrededor de 18 puntos porcentuales. Por entonces, los ingresos totales familiares del 80% de los hogares del país no superaban los 578.000 pesos cuando la misma canasta estaba valorizada en los 495.000.
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“El grueso del deterioro –que se observa en los informes del Indec -se explica por las medidas de Caputo. Es cierto que algunos indicadores ya mostraban un deterioro interanual, había una crisis de ingresos expresada en la caída real de salarios, jubilaciones y transferencias sociales. Pero en diciembre, la licuación fue abrupta”, explicaron desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) que coordina Claudio Lozano.
En el país de la casta mileista, comer pareciera ser un privilegio. Durante el cuarto mes del año, el consumo en los comercios de cercanía y supermercados se derrumbó un 20% interanual, según la consultora Focus Market.
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Desigualdades
La desigualdad social, el hambre y la pobreza se aceleraron de manera brutal luego de la devaluación aplicada por el ministro de Economía, Luis Caputo, bajo las órdenes del presidente Javier Milei y la celebración del FMI. Según los cálculos del Departamento de Economía de la Universidad Torcuato Di Tella, la pobreza ya supera el 48,3% de la población. Es decir que 14,2 millones de personas no llegarían a cubrir sus necesidades básicas para vivir de manera digna.
Bajo este escenario, resulta mucho más cruel el recorte de partidas presupuestarias de Javier Milei destinadas a cubrir políticas alimenticias. El hambre como política de Estado. Al cuarto mes del año, el ajuste sobre las partidas vinculadas en programas sensibles como el Potenciar Trabajo llegó al 62%, y para Comedores Comunitarios y Merenderos, otro recorte del 45%.
“Otros programas también sufren recortes, incluso superiores, como los casos Plan Nacional de Primera Infancia (-85%), Economía Social (-99%), y el Plan Nacional de Protección Social, con una caída del 92%. El Programa Políticas Alimentarias, que incluye la Tarjeta Alimentar, sufre un recorte real de 17% interanual”, argumentó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).
No hubo errores de cálculo. Así también lo entendió el jurista Eduardo Barcesat cuando se analizó las posibles causales de un juicio político contra Milei.
“Todo el derrumbe económico y social no es más ni menos que la destrucción de la calidad de vida de millones de personas empujadas al hambre y la exclusión. Por su intensidad y por la manera en que afecta a la población, ese derrumbe podría calificarse de genocidio”, argumentó el constitucionalista Eduardo Barcesat.
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