Lo que no se come un día, no se recupera. La pobreza se ubicó en el semestre que va de mayo a octubre en el 49% de la población, según el análisis realizado por el Departamento de Economía de la Universidad Torcuato Di Tella. La pauperización social de la Administración Milei forma parte central del programa de ajuste y motosierra. De un año al otro (tomando el mismo período de análisis), la pobreza aumentó diez puntos porcentuales.
El Gobierno festejará, a través de sus voceros y redes antisociales, una leve baja estadística de la pobreza en relación a los primeros meses del año. Las condiciones vulnerables de vida se miden según el costo de la canasta básica total, que se mueve al ritmo la inflación. Para reducir la variación de precios, Milei llevó adelante un fenomenal ajuste en programas sociales, políticas laborales, sumada a la licuación de ingresos de la población. Entre enero y octubre, el gasto público tuvo un recorte del 28% en términos reales.
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Comer cuesta
La Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total acumulan en el año incrementos del 80,6% y 99% y resultaron en variaciones interanuales del 170,6% y 185,7%, respectivamente. La canasta implica comprar la comida indispensable, indumentaria y transporte, y no caiga en la pobreza. Según el Indec, una familia tipo necesitó ingresos por 986.586 pesos en octubre para no caer bajo la línea de pobreza.
Para la Universidad Di Tella, con esta variación de la CBA y CBT, la pobreza se habría ubicado en el semestre mayo – octubre de este año en el 49% de la población.
“Esta proyección sugiere que alrededor del 49 por ciento de las personas viven en hogares urbanos pobres. La EPH es una encuesta representativa de una población urbana que en el semestre de referencia se estimó en 29.3 millones de personas lo que implica que alrededor de 14.4 millones viven en hogares urbanos pobres”, puede leerse en el último informe de la UTDT, que lleva la firma de Martín Rozada.
El ajuste
Los datos estadísticos darían una cuenta de una leve variación de los índices de pobreza e indigencia medidos por ingresos; esto se puede explicar por la reducción de la inflación. De todas maneras, la pauperización social continúa extendiéndose.
Los diferentes programas vinculados a las políticas sociales de la administración nacional registraron una caída en términos reales.
“El análisis desagregado muestra disminuciones importantes recortes de las prestaciones de la seguridad Social (-20,8% interanual), de las transferencias corrientes (-31,2%), de los gastos en remuneraciones (-19,7%) y, principalmente, de los gastos de capital (-77,5%)”, puede leerse en el reciente trabajo de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
En cuanto a los conceptos que más aportaron a la reducción del gasto primario, se destacaron las transferencias corrientes y las prestaciones de la seguridad social, que entre ambos explican casi el 70% de la caída.
La pauperización social y el hambre como políticas de Estado. Dentro de las políticas alimentarias, la tarjeta alimentar sufrió un recorte del 15% en términos reales, mientras que los recursos para las Becas Progresar fueron diezmados en un 65%. El potenciar trabajo, y sus continuadores, registraron un ajuste real del 61%, según el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Pobreza estructural
El Indec publicó hace una semana su informe sobre las condiciones de vida de la población al primer semestre del año. Algunos de los indicadores obtenidos a partir de la Encuesta Permanente de Hogares permiten vislumbrar el daño estructural causado por las políticas de ajuste y pauperización social trazadas desde la administración Milei como ecuación central de su plan de gestión.
Uno de los datos claves de este informe contempla la distribución de los hogares y las personas según la disponibilidad de agua en la vivienda, es decir, si acceden al agua dentro o fuera de su hogar. Al primer semestre de este año, se contabilizaron 211.000 hogares que accedían a la red de agua por fuera de su vivienda. Este guarismo equivale al 2,1% de los hogares del país, en donde viven 790.000 personas con dificultades para acceder a la red de agua.
La ausencia de baños con descarga de agua también resulta clave para comprender los niveles de saneamiento dentro de los hogares. Al primer semestre de este año se detectaron 682.000 hogares con esta dificultad, situación que involucró a 2.567.000 personas (8,7% del total). Un año atrás, los hogares con esta dificultad ascendían los 642.000.
El trabajo del Indec también releva las condiciones de acceso a los servicios públicos de gas, electricidad y desagües cloacales. Al primer semestre de 2024, “el 45,5% de los hogares (4.617.000), en los que habita el 50,5% de las personas (14.959.000), no accede, al menos, a uno de los servicios considerados”, puede leerse en el informe del organismo oficial. Un año atrás, la cantidad de hogares con estas dificultades ascendían al 45,2%.
Como se trata de indicadores vinculados a las condiciones de vida por fuera de los ingresos de las familias, los movimientos estadísticos señalados sindican una mayor pauperización estructural de la sociedad.
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