El Gobierno busca acelerar la transición entre la economía popular y el empleo formal mediante la aprobación, vía decreto, del proyecto "Puente al Empleo", impulsado por el ministro de Economía, Sergio Massa, un año atrás, cuando era el titular de Diputados. La meta es ambiciosa ya que propone transformar 200.000 planes sociales en nuevos puestos en el sector asalariado, cuando en los últimos dos años esa cifra apenas alcanzó los 40.000.
El programa "Puente al Empleo" fue originalmente lanzado por Massa en octubre de 2021, pero la intención del entonces presidente de Diputados de aprobarlo por vía parlamentaria quedó en la nada ante el avance, casi al mismo tiempo, de la aprobación de convenios entre el Ministerio de Desarrollo Social y diversos sectores productivos para convertir a beneficiarios del Potenciar Trabajo en trabajadores formales.
Un año después, con Massa a cargo de Economía, el Gobierno avanza en la aprobación del plan "Puente al Empleo" vía DNU, según pudo saber El Destape de fuentes oficiales. El objetivo, aseguraron, es "darle mayor seguridad jurídica al programa".
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La propuesta es básicamente la misma que la que los ministerios de Desarrollo Social y Trabajo implementaron hasta ahora: el nuevo trabajador formalizado mantendrá por un año el ingreso del plan social (fundamentalmente el Potenciar Trabajo), mientras el empleador paga la diferencia con el puesto según el convenio. Una vez cumplido ese plazo, deberá decidir si se queda con ese plan o pasa a ser definitivamente incorporado al mercado laboral formal, gozando así de obra social, ART e indemnización futura, entre otros beneficios.
De implementarse con éxito, todos ganan. Mientras que los sectores vulnerables obtienen los derechos laborales que les corresponden, las empresas crecen, sobre todo las pymes, ya que el plan apunta a que las incorporaciones se produzcan en empresas de hasta 100 empleados, que son el 98% del total. Los sindicatos pueden potencialmente ganar afiliados, por lo que, reconocen las autoridades, tuvieron hasta ahora una buena recepción de la firma de convenios. El Gobierno, por su parte, puede a la larga reducir el déficit mediante el achicamiento del gasto social.
La pata política de la formalización
Sin embargo, las incógnitas son varias. La primera es política. Por un lado, no se confirmó aún el apoyo formal de Alberto Fernández, quien tiene la lapicera para firmar el decreto. Por otro, tampoco se sabe cómo se articulará esta iniciativa con las que venía promoviendo Desarrollo Social. El ministro Juan Zabaleta mantuvo el viernes una reunión con los intendentes para avanzar las próximas semanas en la auditoría de los planes sociales, una medida que, estiman en su cartera, ofrecerá un mapa detallado de los oficios de los beneficiarios y permitirá saber con precisión a qué sectores formales se los puede derivar.
Sin embargo, hasta ahora el intendente de Hurlingham en uso de licencia mantuvo su propia hoja de ruta, por lo que, para aplicar su plan, Massa deberá evitar los cortocircuitos con uno de los funcionarios que hasta ahora se mostró cercano al Presidente.
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La segunda incógnita es cómo recibirán las organizaciones sociales al programa, que amenaza con aumentar todavía más la tensión entre ellas y el nuevo titular del Palacio de Hacienda. No solo los movimientos piqueteros no fueron incluidos en el diseño del plan, sino que además Massa no les concedió hasta ahora ningún gesto concreto. Al contrario, evitó recibirlos el jueves pasado en Plaza de Mayo y suscitó que redoblaran su protesta con un acampe, mientras ven cómo la posibilidad de implementar el mentado salario básico universal luce cada vez más lejana.
Por lo pronto, Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, le bajó el precio al plan del ministro. "Si se crea trabajo no hace falta convertir nada mediante ningún Plan Puente, que tiene el defecto de cuestionar los planes pero no la falta de trabajo. Lo que hay que hacer es generar trabajo genuino, bajo convenio, y se acabó el tema de los planes", dijo a El Destape. Resta saberse la postura del MTE de Juan Grabois, parte del Frente Patria Grande que amenazó con romper con el oficialismo tras la presentación de las medidas del nuevo ministro.
La transformación de planes en empleo y la macroeconomía
La tercera incógnita es si se logrará la cifra deseada de convertir 200.000 planes en empleo formal. A priori, luce como todo un desafío. Desde junio de 2020 hasta la actualidad hubo 40.000 formalizaciones laborales en total a partir del Potenciar Trabajo, contando tanto las que se dieron por convenio del Estado con los gremios y cámaras patronales -que comenzaron en octubre de 2021- como las que no.
En el Gobierno señalaron que, más allá de los convenios, lo que realmente determina la dinámica de conversión de planes en empleo es el crecimiento de la macroeconomía. En ese sentido, si bien la cifra de 40.000 es pequeña en relación a los 1,3 millones de Potenciar Trabajo totales, remarcaron que se viene de dos años de pandemia que perjudicaron la recuperación del empleo formal.
Los sectores con más conversión de planes, que firmaron convenio con el Gobierno, son construcción, gastronómicos, turismo, comercio y reciclado, entre otros. Para varias de estas cámaras patronales, lo hecho hasta ahora no es poco. "40.000 es una cifra muy importante considerando el poquísimo tiempo que corrió desde que nuestra actividad volvió a normalizarse. En pandemia perdimos 200.000 puestos", destacó Verónica Sánchez, de la cámara gastronómica FEHGRA.
Pero también hay una cuestión de logística y burocracia en la necesidad de capacitar a una mano de obra que no es calificada. "No estamos pudiendo capacitar porque todavía no conseguimos difundir para que la gente sepa que puede tener un sueldo muy superior al plan. Creo que en esto falta voluntad política. Si tenemos crecimiento hay que calificar" a la gente, sostuvo Marcelo Fernández, titular de CGERA, en diálogo con El Destape.
En tanto, Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), detalló a este sitio que en su sector se llegó a capacitar a unas 10.000 personas, de las cuales unas 3.000 pasaron a trabajar formalmente, y consideró que, además de la macroeconomía, otro problema es "que mucha gente prefiere el plan y la changa en lugar de las obligaciones de un trabajo formal".
De cualquier forma, avanzar en la formalización de la economía no supone resolver la cuestión de los ingresos. Las partes admiten que es esperable que los trabajadores recién formalizados pasen a cobrar el salario básico del convenio. Según cifras oficiales del Ministerio de Trabajo, a diciembre de 2021 solo ocho de los 28 sectores relevados tenían un básico mayor a la canasta básica total de ese mes para una familia tipo.
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