Por la tarde del lunes, Alberto Fernández firmó el decreto para darle un marco al pase de planes sociales en puestos de trabajo formales. En todos los casos, los incentivos que se les aplicarán a las compañías estarán sujetos al incremento neto de la nómina del personal. También habrá límites máximos de trabajadores alcanzados.
Como había publicado El Destape a principios de mes, además de los acuerdos sectoriales, el Gobierno preparaba una estructura legal para que las empresas contraten a beneficiarios de planes sociales. Con los sindicatos y patronales ya había alcanzado concertaciones con los rubros de la construcción, gastronomía, hotelería y textiles.
“El dilema no es discutir si hay una economía formal y una economía popular", había aclarado el Presidente en la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) dos semanas atrás. "El dilema es ver si podemos salir de la economía de la especulación y pasar a la economía que produce", precisó. “No vamos a terminar con los planes sociales, pero debemos recuperar la cultura de trabajar” fue una de los pasajes que más ilustraron esta decisión.
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El boletín oficial de hoy lleva el decreto 2021-711, a través del que el jefe de Estado les instruye a los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social modificar los programas de formación, empleo e intermediación laboral. Será “con el objetivo de convertir las diferentes prestaciones de asistencia a personas desempleadas o con trabajos precarizados en incentivos para la contratación de sus beneficiarios y beneficiarias bajo la forma de empleo asalariado registrado en el sector privado”, pudo saber El Destape horas antes de su publicación.
El segundo artículo de esta resolución presidencial plantea que la prestación se considerará parte integrante del salario respectivo en forma total o parcial. La forma, plazo, condiciones y otros detalles se determinarán de forma individual para cada sector.
“En casos particulares podrá establecerse la compatibilidad entre la prestación y la remuneración abonada” precisa. El valor de dicha prestación y su duración, las modalidades y plazos de contratación y el número máximo de trabajadoras y de trabajadores que puedan ser incorporadas e incorporados bajo estos programas serán fijados en forma conjunta por ambos ministerios. “En los casos de pluriempleo deberán fijarse las reglas de distribución del incentivo entre los distintos empleadores y las distintas empleadoras”, detalla el decreto simple.
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Adicionalmente, las carteras a cargo de Juan Zabaleta y Claudio Moroni deberán elaborar un cronograma para que, en función de las posibilidades y los requerimientos que se determinen en cada sector económicos, todo beneficiario de una prestación asistencial “se incorpore a una trayectoria formativa ocupacional, tanto a través de cursos específicos como de prácticas calificantes en ambientes de trabajo”.
En caso de desvinculación laboral, los beneficiarios tendrán la posibilidad de volver a percibir la asistencia que establece el programa. El requisito será que deberán contar con no más de doce meses de aportes al Sistema de Seguridad Social dentro de los dos años previos al cese del contrato laboral. En el caso de que el cuenten con entre ocho y doce meses de aportes dentro de los dos años anteriores al cese del contrato laboral, el Presidente prevé que “los trabajadores podrán optar entre la posibilidad de reingresar al programa de origen o acceder a la prestación por desempleo”.
Por último, el decreto establece que quedarán afuera de todos los programas que se establezcan las empresas que figuren en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
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El Presidente rechazó una flexibilización laboral
“Hasta aquí no existen evidencias que demuestren que generalizar la flexibilización de despidos genere efectos positivos en el empleo”, les respondió Alberto Fernández a los representantes de las 500 empresas más grandes del país en el cierre del Coloquio de IDEA el viernes pasado. "No es cierto que los trabajadores con mayores derechos se den incentivados a ser despedidos", rechazó.
En ese mismo discurso reforzó que trabajaba en un esquema para convertir aumentar los puestos laborales formales. “Estamos disponiendo a través de un decreto marco un sistema que posibilite que los que hoy son beneficiarios de planes puedan ser empleados en la actividad privada sin perder ese derecho. Necesitamos impulsar el empleo registrado”, había explicado.