Prestaciones sociales: Mercado Pago, el intermediario que sí le gusta al Gobierno

"Liberen a las jubilaciones” publicó hace unos días en la red social X, Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre y Mercado Pago. Se refería a su manifiesta intención de que el gobierno nacional habilite el cobro de jubilaciones a través de esa plataforma, luego que ya le autorizaran desde inicios de año el cobro de gran parte de las prestaciones sociales que paga ANSES (AUH, Alimentar, Progresar). En este escenario, especialistas consultados por este medio sostiene que la intención real del mayor multimillonario del país se entiende a partir de que “tiene a disposición un flujo muy grande de liquidez, para especular entre que el dinero entra y que efectivamente se paga a los beneficiarios” a la vez que “se intensifica la facilidad que tienen ahora los sectores de menores ingresos para tomar deuda mediante el celular, generando un mayor negocio financiero con el dinero de los sectores populares”. 

Esto ocurre en una coyuntura donde, recesión y crisis económica mediante, crece de forma sostenida el número de personas que se endeuda para afrontar gastos de la vida cotidiana, ingresando en círculos de deuda imposibles de pagar. El ojo está puesto entonces en para qué, cómo y en qué condiciones toma forma el endeudamiento de la población, sobre todo cuando se apunta a sectores generalmente no bancarizados. De esa manera, el endeudamiento de las familias aparece como un problema social central que se combina con la crisis alimentaria, la destrucción de empleos, y salarios estancados. 

Así las cosas, el negocio financiero se abre paso de la mano de la desregulación económica y el incentivo oficial a cierto tipo de plataformas al punto de que se consolida la intermediación financiera “como la verdadera intermediación que va a primar entre el Estado y la pobreza”. A un año del inicio de la gestión de La Libertad Avanza, se consolida una tendencia que ya se había establecido con fuerza en la pandemia, referida a la disputa entre las empresas de finanzas digitales por el primer lugar como fuentes de endeudamiento, siendo directamente funcional al incremento de la pobreza y la indigencia en el conjunto de la sociedad, cada vez más ajustada y endeudada. 

Doble cara: desregulación y endeudamiento

La fuerte caída en el poder de compra de los ingresos de la mayor parte de la población aumentó el número de personas que se endeuda para afrontar gastos de la vida cotidiana como alimentos, ropa y el pago de servicios básicos (luz, gas, agua e internet). Esta situación se agravó en el contexto actual dando paso a crecientes niveles de endeudamiento, muchas veces con altas tasas y condiciones poco claras que llegan a comprometer la subsistencia de la población. 

“La situación de endeudamiento se ha intensificado en el gobierno de Milei al punto de que se ha cruzado un umbral de violencias económicas”, señaló en diálogo con este medio Lucia Cavallero, doctora en Sociología y quien junto a Verónica Gago se encuentran hace dos años realizando una investigación financiada por Banco Central y CONICET, sobre los efectos del endeudamiento de las familias desde la pandemia hasta las actuales políticas de desregulación. Según anticipó, los resultados del estudio muestran que “de la pandemia a esta parte se ha intensificado una secuencia entre precariedad y endeudamiento, y se ha consolidado también una parte de la jornada laboral dedicada a gestionar las deudas”. 

En la práctica las investigadoras que tomaron también los datos arrojados por la encuesta trimestral que realizan Ni Una Menos e Inquilinos Agrupados, encontraron un escenario de “sobreendeudamiento y una multiplicación de la jornada laboral porque, a diferencia del 2001, hay zonas donde hay sobreempleo pero salarios muy bajos". Al respecto, "estuvimos haciendo un relevamiento con trabajadoras de la economía popular en Avellaneda, y nos decían que trabajan muchas más horas, combinan trabajo comunitario no remunerado, trabajo doméstico no remunerado, con trabajo en las plataformas, y al mismo tiempo gestionan permanentemente una canasta de endeudamiento, sobre todo a partir de finanzas digitales, las Fintech”. 

Un informe de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) advirtió ya en 2023 que en nuestro país más de la mitad de los hogares destinaba casi todos sus ingresos al pago de deudas o atrasos mientras que el 70% usaba ese crédito tomado para comprar comida o medicamentos. Este escenario alarmante se agravó a partir del del conjunto de desregulaciones que promovió el DNU 70/2023 aún vigente ya que, por ejemplo, el costo de financiar gastos corrientes con tarjeta de crédito (principal forma de deuda, en torno al 40%) se encareció mucho más, con la eliminación de los topes de interés punitorios por pagos mínimos y atrasos. “El endeudamiento de las familias es, por excelencia, el primer problema social que tenemos, porque además está combinado con una crisis alimentaria, con empleos congelados, con salarios cada vez más bajos, y todo esto configura una realidad donde los umbrales de violencias económicas han crecido”, resaltó Cavallero. 

Un aspecto no menor es que si bien se observa una continuidad con el proceso iniciado en 2018 que abarca un endeudamiento destinado a gastos para vivir y familias con varias deudas, algunas tomadas con el Estado, otras con plataformas digitales y otras con bancos, en el presente “hay una mutación en el sentido de que hay otros actores que están tomando relevancia en la oferta de crédito, como son las Fintech que marcan un cambio de hegemonía de actores en la propia intermediación financiera”. 

Lo anterior se constata en la realidad cotidiana que enfrentan día a día las familias de los barrios populares del país. “A un año de la mega devaluación y de la desregulación de precios, el golpe al bolsillo en los barrios populares y también en el deterioro de los sectores medios ha sido rotundo, sobre todo en la distancia entre el aumento de salarios, el congelamiento específico de los salarios de la economía popular, y el aumento de los servicios, que es en este momento lo que más deteriora las condiciones de vida”, señaló a este medio Norma Morales, secretaria adjunta del sindicato Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). De acuerdo a la entrevistada “la desregulación de precios solamente beneficia al 1% de la población que son las grandes empresas, tenedoras de tierras, formadoras del precio de los productos -no del valor-, mientras que las condiciones de vida de los sectores populares han sido muy golpeadas y esto se siente en la falta de acceso al transporte y a condiciones básicas para tener una vida digna”. 

En ese escenario de mayor precariedad de la vida de miles de familias, el sobreendeudamiento familiar y la imposibilidad de hacer frente a esa deuda, con el agravante de intereses usureros frente a la vulnerabilidad social y la necesidad de llegar a fin de mes, se vuelve moneda corriente. “América Latina es una región donde la mayoría de la población está por fuera de los canales formales, entonces ahí aparecen las Fintech. El problema tiene que ver con que tapan deuda con más deuda, el presupuesto básico de cómo funcionan las finanzas dice que mientras más riesgoso es algo, mayor es la tasa que debe pagar, y claramente a los sectores informales y vulnerables, les cobran mucho más caro. Paradójicamente vienen con el concepto de inclusión financiera pero es relativo, porque en algunos aspectos traen beneficios -comprar algunas cosas en cuotas, acceder a ciertos circuitos de consumo- pero a tasas muy altas, y en condiciones menos óptimas, por lo que efectivamente las Fintech avanzan sobre esto y son los que más se están beneficiando de esta situación”, analizó al respecto Julián Zícari, economista e investigador del CONICET.

La “libertad” de Mercado pago

Desde 2019 las billeteras digitales tienen habilitada la función para el cobro prestaciones sociales que paga la ANSES incluyendo Asignación Universal por Hijo (AUH), Prestación Alimentar, Progresar y otros programas sociales, pero no se había puesto en marcha en forma plena hasta el gobierno de Javier Milei, aunque se mantiene el debate por el cobro del amplio universo de jubilaciones y hasta de salarios (esto último habilitado entre las reformas del DNU 70/2023 pero frenado por la justicia). Es por esto que el co-fundador y CEO de Mercado Libre/Mercado Pago, Marcos Galperín viene insistiendo en redes sociales para que se “liberen” las jubilaciones. 

Así, el empresario más multimillonario del país, con una fortuna valuada en USD 6.300 millones, y que lidera la empresa local más importante por su valor bursátil y del comercio electrónico en América Latina operando en 18 países de la región, aunque sus ganancias se concentran en un 95% entre Argentina, Brasil y México, espera continuar ampliando su negocio pero seguir, al mismo tiempo, funcionando con menos regulaciones que una entidad bancaria tradicional. 

“Para entender lo que sucede con el negocio de Galperín, primero hay que entender el contenido político. El gobierno libertario asume señalizando a las organizaciones sociales como intermediarias de la pobreza, y lo que hay detrás de eso es justamente tratar de destruir la organización comunitaria y social para consolidar la intermediación financiera como la que va a primar entre el Estado y la pobreza”, expresó Cavallero a este medio, co-autora del libro Una lectura feminista de la deuda. Según entiende, “desde la pandemia esta empresa está disputando formas de explotación y extracción de valor sobre los sectores populares, tratando de dar herramientas para ventas de pequeños comercios y trabajadoras de la economía popular, pero ahora estamos en una etapa superior y esto tiene varias consecuencias”.

Sobre esto señaló “por un lado, la fuerza que va perdiendo la banca pública, ya que ahora Galperín va a tener a disposición un flujo muy grande de liquidez, por ejemplo, para especular entre que el dinero entra y el día que efectivamente se paga, y por otro, intensifica esta facilidad que tienen ahora los sectores de menores ingresos para tomar deuda mediante el celular, acelerando el negocio financiero con el dinero de los sectores populares, a la vez que se extraen datos sobre comportamientos financieros y consumos de amplios sectores de la población”. 

Mercado Pago, la plataforma financiera de Mercado Libre, logró tener cerca de 120 millones de usuarios en la región, volviéndose la Fintech más destacada. “El verdadero secreto de estas empresas no es su capacidad de innovación tecnológica, es como mueven el dinero. Las empresas del capitalismo de plataformas muestran y distribuyen los que otros crean, pero se apropian de los datos y de una mayor riqueza que los que realmente producen”, señaló Julián Zícari en su libro “República Mercado Libre. La empresa más grande de la Argentina y los riesgos de la economía de plataformas”. En diálogo con El Destape, agregó que “la apuesta estratégica central de Mercado Pago es crecer por todo el segmento no bancarizado. Entonces, gran parte de la población que cobra de ANSES, no está bancarizada, y ahí es donde aparece el negocio porque si bien no cobra comisiones por el pago de las prestaciones sociales o el dinero en una cuenta remunerada, no lo hace sin ningún interés, sino que empezó a insertarles productos colaterales, adelantos de dinero o acceso a crédito, donde ahí sí cobra comisiones”, explicó.

Norma Morales, que también es dirigenta nacional de la organización social Somos Barrios de Pie, contó a este medio que “el endeudamiento es un problema del día a día, sobre todo porque sigue en el marco de las cuatro paredes de nuestras casas, pero lo cierto es que gran cantidad de familias se endeudan para comer. La transferencia a Mercado Pago realmente es muy grave en los términos de la violencia económica que implica un fuerte nivel de endeudamiento. Muchas de nuestras compañeras, cuidadoras comunitarias, hoy están endeudadas para comprar comida, pagar el alquiler, comprar remedios y hasta pañales, porque pese a que tienen hasta cuatro trabajos no llegan a fin de mes. Es una realidad que duele y son las consecuencias cuando el Estado nacional se retira del territorio”. 

El modelo financiero en la sociedad

El modelo económico de la valorización financiera, sostenido no en la actividad productiva y la generación de empleo para el crecimiento y desarrollo económico de la sociedad, sino en el negocio financiero, la deuda y la fuga se instaló en nuestro país con la última dictadura cívico-militar y cada vez se instala más en el conjunto social. 

“Una de las leyes principales de la dictadura, además de ser un período signado por el gran endeudamiento externo y por la consolidación de una forma de fuga del excedente de los grupos económicos y el nacimiento de la patria contratista, es la ley de entidades financieras. Un cambio que tuvo como objetivo, primero, quitarle capacidades de regulación al Banco Central y extranjerizar los bancos, pero también, cambiar los comportamientos financieros de las personas instaurando un régimen de consumo mediante endeudamiento, que en ese momento era muy incipiente, pero se empezó a desarrollar un ethos especulador en las clases medias y bajas en relación al tipo de cambio, y hoy lo que vemos es que esa penetración está cada vez más desplegada por abajo. Lo que el gobierno llama “plan de motosierra” se lo puede entender como una política sostenida en endeudamiento externo y a la vez sostenida en endeudamiento de la población”, planteó Cavallero. 

Al respecto, la ausencia de regulación suficiente para las Fintech, que por el contrario se ven beneficiadas con la mayor desregulación económica, genera alarma sobre las consecuencias concretas en cientos de familias que están cada vez más sobreendeudadas por crédito “fácil” pero caro, con riesgo de que el dinero mismo de las prestaciones termine en esos préstamos. 

“Las billeteras electrónicas, sirven en algunos segmentos incluso para ordenar los propios ingresos de la población, pero hay también una trampa. Mercado Pago no es un banco, es una financiera que al estar por fuera del circuito bancario, tiene muchos menos controles, y eso sin duda favorece los abusos. Entonces no se deberían considerar simplemente una empresa de internet - lo que incluye revisar los beneficios fiscales que tienen por la ley de economía del conocimiento- sino que estas Fintech deberían responder al funcionamiento que implica tomar y prestar dinero, encuadrar a todos sus trabajadores bajo el convenio bancario, y controlar para que no tengan prácticas predatorias con la población más vulnerable”, cerró Zícari.