Apertura indiscriminada: gigante químico cierra la única planta de poliuretano del país para importar desde Brasil

Argentina podría perder la única planta de producción de poliuretano del país tras la decisión de Dow Química de sustituir la producción local con importaciones de sus plantas en el exterior. En ese contexto, la firma se niega a vender la planta y busca mantener el control del mercado argentino desde el exterior de un insumo básico para diversas industrias del país. La planta está ubicada en Puerto General San Martín, Santa Fe y su cierre afectaría a 120 puestos de trabajo directos que se amplían a unos 600 si se consideran los empleos indirectos vinculados a la actividad. 

De esta manera, la decisión de la multinacional norteamericana de más de 60 años en el país obligaría a innumerables industrias locales a importar un insumo básico, incrementando costos y afectando el tejido productivo nacional. "Lo que quiere la empresa es mantener el mercado a través de las importaciones, no dejar que nadie entre al mercado del poliuretano negándose a vender la planta, y así seguir con una posición monopólica, sostener las mismas ganancias y traer el producto de Brasil, lo que no trae ningún beneficio a la Argentina y aumenta la dependencia de productos extranjeros", señaló Mauricio Brizuela, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (SOEPU). Entre las industrias argentinas que podrían verse afectadas por su habitual demanda de poliuretano se destacan la industria colchonera, farmacéutica, automotriz, de la refrigeración, de electrodomésticos, de la construcción, del calzado, de la pintura e industria minera, entre las principales. 

Asimismo, se alertó que “esto produce un impacto económico, ya no solo por los puestos de trabajo perdidos y su impacto sobre la actividad regional, sino que, en un contexto económico complejo como el actual, donde se lucha por mantener el superávit de la balanza comercial y ser cauteloso con las divisas, el cierre de DOW generaría una demanda adicional de divisas” a la vez que se pierde “una industria que también es clave para la generación de divisas a través de las ventas al exterior”.

La situación de esta empresa se presenta como un caso testigo de lo que comienza a suceder en algunos sectores de la actividad nacional en momentos en que el gobierno de Javier Milei continúa profundizando la desregulación y la apertura de importaciones que pone en jaque a la industria nacional. A las mayores facilidades para las compras extranjeras de insumos, medicamentos y alimentos esenciales establecidas a principios de este año, se sumó recientemente la derogación de cuatro normas que funcionaban como herramientas de fiscalización: el valor criterio, las estampillas y los veedores de cámaras empresariales locales, por el lado de la importación, y los valores de referencia en exportación, lo que, alertan desde el empresariado nacional sobre todo el sector pyme, podría generar consecuencias irreparables para la producción y empleo nacional.

Mientras este martes vence la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de Santa Fe que dejó, por el momento, sin efecto la medida empresarial, en una audiencia realizada el miércoles pasado en la dirección de trabajo en la que participaron representantes sindicales, la empresa y funcionarios provinciales, se determinó la reincorporación de cuatro trabajadores para realizar una vigilancia mínima ya que, no menos importante, la planta almacena productos químicos altamente inflamables . Al respecto, también advirtieron desde el gremio que "la salida impetuosa de la empresa, buscando interrumpir de un momento a otro la operación de la planta, genera un riesgo ambiental alarmante". Puede haber 200 toneladas de óxido de propileno, un producto altamente inflamable controlado con atmósfera de nitrógeno. También el "Dowanol PM", producto inflamable, se estima en 50 toneladas. La empresa había dejado la planta sin la guardia mínima de trabajadores capacitados para que esto no represente un riesgo para la población de la zona”, advirtieron.

Impacto en la economía nacional.

La multinacional Dow Química anunció hace unos días el cierre total de su planta ubicada en Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe, dedicada a la fabricación de polioles y derivados (poliuretanos), única de su tipo en el país. La planta tiene una capacidad instalada de producción de 41.000 toneladas anuales de polioxi propilenglicoles y 8.000 toneladas anuales de éteres glicólicos. Según el comunicado oficial de la firma norteamericana, la decisión tendría que ver con "la retracción de la demanda de poliuretanos en todo el mundo", sin embargo, los trabajadores del sur de Santa Fe sostienen que en 2023 la planta tuvo la producción récord de los últimos 10 años. La empresa seguirá operando en Bahía Blanca enfocada, por otra parte, en la producción de etileno y polietileno.

"Las razones dadas por la empresa para el cierre están ligadas a una estrategia global, orientada a concentrar un mayor poder de mercado. No ha alegado pérdidas financieras ni sobrecostos que comprometan sus operaciones, cuando se le pregunta por qué no presentan el proceso preventivo de crisis, argumentan que no están atravesando una crisis económica, sino que es una decisión global", afirmó en un comunicado el Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (SOEPU) sorprendidos de un día para el otro con la medida, ya que la empresa había justificado inicialmente la paralización de la planta por el retraso de materia prima. Asimismo, advirtieron que "DOW ha dejado claro que no tienen intención -bajo ningún concepto- de vender la planta, sino desmontarla, impidiendo que cualquier comprador siga produciendo esos insumos claves para la industria nacional. Al producir en sus plantas en Brasil o Estados Unidos estos mismos insumos pretenden que toda la industria argentina importe este producto a la misma empresa, constituyendo una práctica absolutamente monopólica”. 

En ese sentido, la planta de Puerto General San Martín es la única que produce este tipo de insumo en el país, de hecho, el principal producto producido -polioxi propilenglicol- se utiliza localmente para producir espuma de poliuretano flexible (78%) y en proporciones menores para espumas rígidas (17%), espuma moldeada (4%) y espuma semirrígida con revestimiento integral (1%). En detalle, con el manejo del 70% del mercado, es clave en la producción nacional de artículos para el cuidado personal y otras aplicaciones industriales, recubrimientos, adhesivos, selladores y elastómeros, y espumas flexibles para la producción de muebles, colchones y asientos, entre otros. Por su parte, en la misma planta en cuestión producen distintos éteres glicólicos que sirven como insumo para la producción local de recubrimientos, tintas, diluyentes, curtientes, cosméticos, textiles, productos de limpieza, recubrimientos protectores en los sectores industrial, automotriz, doméstico y de construcción.

En este contexto, la decisión de cerrar definitivamente la planta de Santa Fe ha generado alarma ya que podría acarrear tres consecuencias específicas para la economía nacional: afectaría una gran cantidad de fuentes de trabajo que están directa e indirectamente vinculadas en la región a dicha actividad, generaría daños a las diversas industrias nacionales que dependen de sus productos y se verían obligadas a importar con mayores costos logísticos y operativos, y afectaría el ingreso de divisas al frenar las exportaciones originadas en dicha planta. 

En cuanto al impacto en las familias trabajadoras, desde la firma Dow indicaron que "la medida alcanza a los 40 trabajadores de la empresa" que "están acompañados y a quienes se pondrá a su disposición un paquete de beneficios económicos y sociales para superar este momento". Sin embargo, SOEPU ha aclarado que no se trata de 40 sino de 120 empleados afectados, ya que son 80 los contratados mediante subcontratación laboral que comparten las mismas condiciones laborales, la misma cantidad de horas y salario. Si consideramos también los empleos indirectos de todos los tejido productivo regional que opera a partir de esta actividad, la cifra podría ascender a 600 puestos afectados. 

A su vez, el impacto en la economía argentina también estaría vinculado con el perjuicio para otras industrias locales que dependen del poliuretano fabricado en la planta de Puerto San Martín. En este sentido, Dow Química produce insumos esenciales para la industria de colchones (producción de gomaespuma y sus derivados), la industria farmacéutica (polietileno flexible para la obtención de comprimidos), la industria automotriz (utilizado en filtros de aire, paragolpes, butacas, interiores, fluidos , entre otros), refrigeración (fabricación de tuberías, aisladores), electrodomésticos (paneles térmicos, aisladores), construcción (aisladores para techos, paneles, aberturas, tuberías, revestimientos, selladores), así como para la industria del calzado (suelas y compuestos de todo tipo), la pintura (fabricación de solventes, diluyentes) y la industria minera (agentes de flotación y separación de minerales), entre las principales. 

“Este cierre no sólo afecta los empleos directos, sino que también implica un profundo impacto en la cadena productiva de cada una de estas industrias. Existe una amplia gama de proveedores de servicios dependiendo de la actividad que actualmente desarrolla la empresa como logística y movimiento de mercancías, seguridad y mantenimiento, transporte de personas, servicios profesionales que se verán gravemente afectados por el cierre de la planta, produciéndose un grave impacto en toda la actividad industrial y comercial de la zona”, señalaron desde el gremio. 

En relación, al no estar disponibles estos insumos en la industria local, muchas de estas actividades industriales se verán obligadas a importarlos, con mayores costos y mayor dependencia de las divisas de la economía nacional. “Esto produce un impacto económico, ya no solo por los puestos de trabajo perdidos y su impacto sobre la actividad regional sino que, en un contexto económico complejo como el actual, donde se lucha por mantener el superávit de la balanza comercial y ser cauteloso con las divisas, el cierre de Dow generaría una demanda adicional de divisas, lo que se traduciría en el subsidio al trabajo extranjero, de las plantas de Dow en Colombia, Brasil o Estados Unidos”, analizaron desde la representación sindical. Sobre ello, al momento, los representantes de la empresa han manifestado sus intenciones de dejar de producir sin intención de transferir o vender sus activos, sino que la propia firma buscaría ocupar ese mercado vía venta desde su filial en Brasil, es decir, dejaría de producirlos en Argentina para comercializarlos directamente desde el vecino país.

El impacto en el tejido industrial podría ser enorme por la sostenibilidad a futuro de diversas empresas locales. En esa línea se expresó el secretario general del SOEPU, Mauricio Brizuela quien destacó “la importancia de esta industria para la defensa de la soberanía industrial nacional” y advirtió que “lo que quiere la empresa es mantener el mercado, importar y no dejar que nadie entre al mercado de poliuretano sino seguir ellos con el monopolio, continuar con las mismas ganancias y traer el producto de Brasil, lo que a Argentina no le trae ningún beneficio”. Desde el gremio exijan al gobierno provincial que tome cartas en el asunto para que “instan a que la vendan, porque es una planta rentable. No es un problema económico, sino una decisión global de reorganización de las plantas, y lo que quieren es traer el producto terminado desde Brasil”, 

Un tercer punto no menor, es que parte de la producción de la planta en Santa Fe se exporta a Chile, por lo que implicaría menos dólares que ingresan al país por el comercio exterior. 

Antecedentes y rol del Estado

Dow Argentina ya había manifestado su intención de cerrar la planta de Puerto General San Martín en 2021, decisión que luego se revirtió por intervención del Estado nacional. Desde el SOEPU recuerdan que el planteo de la empresa fue similar, que no se trataba de un problema de rentabilidad sino de reemplazar producción local por importaciones desde sus plantas en el exterior. 

En relación, el gremio asegura que a diferencia de aquel momento donde el gobierno nacional de entonces intervino para coordinar una mesa de diálogo con representantes de firma, al momento no hubo respuestas desde la actual administración nacional. Asimismo, apelan a la defensa de los intereses de la competencia para la protección de la industria nacional. 

Sobre ello, en 2021 un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia había ordenado a Dow Química Argentina SRL "no innovar, no alterar ni modificar los activos productivos que posee en su planta de Puerto General San Martín, San Lorenzo, provincia de Santa Fe, salvo que la acción llevada adelante tenga como fundamento el mantenimiento, reparación o mejora de estos, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo". Lo anterior se fundamentó entre otras razones en que “desde el punto de vista del acervo productivo nacional, el desmantelamiento de una planta en operaciones redundaría en una disminución de las capacidades de producción del país, en la pérdida de fuentes de trabajo e impactaría negativamente en el balance de divisas sectorial” así como en que “la pérdida de recursos económicos ante la destrucción innecesaria de los factores productivos lleva a un aumento de los costos de entrada de nuevos competidores, un aumento en los costos de transacción para la adquisición de los productos que se dejan de fabricar en nuestro país, y una afectación directa en el mercado laboral”.

Hace tres años se logró revertir la decisión de cerrar la planta, no obstante, la incertidumbre se impone en la actualidad ante un escenario que se presenta más favorable a las intenciones de reemplazar producción local por productos importados, como parte de la política económica nacional en marcha.