Santa Cruz: sellaron un acuerdo con la segunda mayor pesquera del mundo para explotar el borde de la zona de exclusión argentina

Como sucede con la aviación y la política de “cielos abiertos”, el gobierno de Santa Cruz acordó con la segunda mayor empresa pesquera del mundo, la china Hongdong Fisheries Co Ltd., la explotación sin control ni límites de los recursos en la denominada Milla 201 (en el borde en el borde externo de la Zona Económica Exclusiva nacional). A principios de mes, durante una gira por el gigante asiático, el gobernador santacruceño, Claudio Vidal, firmó una Carta de Intención con la empresa que posee una flota de 161 buques y llevará adelante un acuerdo de inversión que “contempla la modernización de la infraestructura portuaria, incluyendo mejoras en los cinco puertos provinciales, la construcción de astilleros y el desarrollo de nuevas plantas pesqueras” en la provincia.

En resumen, la iniciativa propone abastecer desde puertos patagónicos a los cerca de 500 buques que pescan en los límites de la zona de exclusión. La Cámara de Flota Amarilla de Chubut (CAFACH) elevará al Ejecutivo Nacional un pedido formal para que intervenga en las negociaciones entre la provincia de Santa Cruz y el gigante pesquero chino. Afirman que la falta de controles nacionales podría desencadenar un saqueo sin precedentes de los recursos en aguas nacionales. Además, el permiso de tránsito comercial por el estrecho de Magallanes, contemplado en el acuerdo, podría derivar en un conflicto político con los Estados Unidos.

En abril, cuando estuvo de visita en la Argentina, en número dos del Departamento de Estado para la región Kevin Sullivan describió los detalles del anuncio de Javier Milei y la entonces titular del Comando Sur, la generala Laura Richardson -y hoy posible asesora presidencial para América Latina de Donald Trump- sobre la creación de “una base militar integrada” en Ushuaia. Sullivan destacó ante la prensa tres objetivos para esta nueva base: "potenciar la investigación científica, asegurar que exista la logística adecuada en una zona en la que el turismo ha crecido mucho e intercambiar ideas sobre la libre navegación comercial en la zona". Esto incluye el tráfico comercial por el estrecho Magallanes.

“En principio todas las personas que trabajamos en la actividad pesquera vemos como algo positivo la oportunidad para desarrollar actividad y empleo. Pero esa es una faceta. La otra es que obviamente promueve la competencia desleal. A lo que más afecta es a los pesqueros de calamar. La flota argentina está compuesta por entre 70 y 80 barcos y la flota extranjera es superior a los 500 barcos”, explicó a El Destape el presidente de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera, Raúl Cereseto.

El acuerdo de Vidal, que llegó a la gobernación de Santa Cruz con el apoyo de los radicales y del Propuesta Republicana (PRO), busca “transformar productos pesqueros de origen santacruceño”. De acuerdo con la carta de intención firmada y consignada por la oficina de prensa del gobierno santacruceño, también prevé mejoras en los puertos provinciales y la construcción de un astillero. El convenio con la pesquera Hongdong de China contempla la instalación de una planta industrial pesquera en la provincia, lo que permitirá transformar productos pesqueros de origen santacruceño y aprovechar mejor los recursos naturales de la zona. "Este proyecto es una oportunidad concreta para fortalecer el sector pesquero local y generar puestos de trabajo", afirmó el gobernador.

Libertad para el saqueo

El proyecto puso en alerta a cámaras y empresas nacionales que no tienen en claro el alcance del proyecto y especulan con que sólo termine favoreciendo, con servicios, reparación, combustibles y provisiones, a la numerosa flota china que no sólo se entromete ilegalmente del lado del borde interno de la Zona Económica Exclusiva, depredando los recursos de las aguas nacionales y afectando gravemente la biomasa dentro del Mar Argentino, sino que tiene a cientos de trabajadores ejerciendo sus tareas en condiciones indignas. El acuerdo implica mejoras tecnológicas y de infraestructura para los puertos de la provincia trasandina, a cambio de facilitar los espacios para los centenares de buques calamareros que pescan al borde de la zona de exclusión y que luego atraviesan el estrecho de Magallanes, lo que encendió alarmas por las implicancias geopolíticas de esta alianza.

“Estamos hablando de los mismos productos con destino hacia los mismos mercados, pero en competencias absolutamente desiguales, en condiciones laborales, tipos de control y en seguridad de navegación. Si encima que esa flota quintuplica la nuestra, le damos el servicio nosotros, enciende muchas alarmas”, señala Cereseto. “Duele que el país le abra las puertas a una flota que ha sido siempre nuestra enemiga; que ha sido muy dañina. Pero lo que más duele es la indiferencia; es decir que no se los haya convocado para que ellos se emitan una opinión o que no muestren bajo qué condiciones se están planteando darle servicio”, detalló el titular de la Fundación pesquera.

“Hay otra discusión que tiene que ver con las medidas restrictivas. Entonces, uno tiene apertura y cierre de temporada que los determina el Consejo Federal Pesquero, a efectos de cuidar la biomasa del recurso. Pero a los extranjeros, que van a estar pescando a una milla de la zona argentina, no se los limita la captura; y es el mismo stock que el que pescamos nosotros”, agregó Cereseto.

Desde CAFACH exigirán formalmente al Estado nacional “que eleve un pedido de acceso a la información pública amparado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, y que está regulado a nivel nacional por la Ley 27.275 para conocer los alcances del memorando celebrado”. En el sector sostienen que el país actualmente “carece totalmente de los controles necesarios como para permitir que se celebre un acuerdo de estas características”. Desde un principio, según el comunicado de CAFACH, se generaría una competencia desleal entre los barcos poteros nacionales (que realizan tareas extractivas cumpliendo con numerosas normas estipuladas en el Convenio Colectivo de Trabajo) y los buques asiáticos (que tienen a sus trabajadores en precarias condiciones laborales), lo que les permite a éstos últimos abaratar costos en la comercialización de sus productos”.

En segundo lugar, señalan que “actualmente la falta de estructura nacional hace inviable el monitoreo claro y preciso sobre el desempeño que tendrían esas embarcaciones luego de abastecerse en aguas argentinas, poniendo en riesgo el trabajo de los barcos nacionales y la biomasa de nuestro mar”. Desde el sector se busca es que el Gobierno nacional colabore para frenar el proyecto, ayude a fortalecer los canales de acceso a la información pública y tutele la iniciativa para que, si se concreta un acuerdo futuro, no extinga a la industria pesquera nacional.

Las primeras alertas por la prensa argentina apuntan a los antecedentes de delitos ambientales y vulneración de derechos humanos que se han reportado a lo largo de los años por parte de la pesquera china. Hongdong Fisheries, similar a la mayoría de las empresas chinas, goza de subsidios que su país le otorga a su flota (combustible, construcción de barco, equipos), lo que les permite realizar pesca en aguas lejanas a bajo costo, logrando ser muy competitivos en los mercados internacionales. Este anuncio de inversiones chinas en la Patagonia se produce luego del impasse diplomático que trascendido por los paneles solares argentinos en territorio chileno, así como las tensiones diplomáticas entre Chile y Argentina tras la reciente cumbre del G20. Para tener en cuenta: el estrecho Magallanes –es el principal paso natural entre los océanos Pacífico y Atlántico—está administrado por el gobierno de Chile.