“Gelbard”. Esa fue la respuesta que dio la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, cuando le consultaron por el mejor ministro de Economía que había tenido Argentina. De esta forma, al igual que cuando Cristina Kirchner también elogió la figura del fallecido funcionario, durante 2019 y en la presentación de su libro “Sinceramente”, los sectores liberales y de la derecha económica volvieron a embestir contra quien había revestido como ministro de Economía del tercer gobierno peronista, aunque en rigor se trata de una constante de décadas, siempre bajo el argumento de que el Plan Gelbard, diseñado junto a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal-Onu), desembocó en el “Rodrigazo”, sin reparar en que el sucesor de Gelbard fue en realidad el peronista ortodoxo Alfredo Gómez Morales, ni que el descarrilamiento posterior no fue obra del mercado sino de un plan económico, diseñado por Celestino Rodrigo junto a funcionarios que luego actuarían bajo la dictadura cívico militar. Pero sobre todo que, en medio de la gestión Gelbard, falleció el principal sostén de un plan que era político antes que económico, Juan Perón.
El Plan Gelbard
El proyecto de José Ber Gelbard, quien había inmigrado al país a los 13 años huyendo de la pobreza y los pogroms antisemitas que asolaban Europa Oriental, para convertirse en la argentina peronista del ascenso social en un próspero empresario, fue liderar una burguesía nacional que, aliada a la clase trabajadora por medio de altos salarios y alta productividad, permitiría dinamizar el consumo interno y ampliar las ganancias y bases de esa misma clase empresaria. Y es que los objetivos de esta burguesía, en palabras del intelectual Jorge Schvarzer, "no son altruistas, sino que coinciden, naturalmente, con sus propios intereses, o mejor dicho, con la percepción de sus intereses de mediano plazo", como lo son la ampliación de sus ventas y utilidades.
Específicamente, el plan económico que promovió desde que, por pedido de Perón, se convirtió en ministro de Economía de Héctor Cámpora en 1973, constaba de fuertes regulaciones por parte del Estado, principalmente a través de veinte leyes que tenían como objetivo aumentar salarios, jubilaciones y otros beneficios sociales, promover la empresa nacional a través de la ampliación del consumo interno, limitar la competencia extranjera y otorgar una mayor disponibilidad de crédito público y privado. Todo ello, regulado por un Pacto Social entre empresarios y sindicatos, que posibilitaba un aumento y posterior congelamiento de los salarios, así como un congelamiento de los precios. Las divisas necesarias para este recambio económico, provendrían de la apertura de nuevos canales comerciales con el exterior, en las que los contactos de Gelbard, miembro del Partico Comunista, con los países del bloque comunista resultarían claves, así como de una reforma agraria que obligaría a los terratenientes a incrementar su producción y otorgar parte de su rentabilidad al Estado, para financiar el recambio productivo. De hecho, Gelbard no ocultaba que se iría "reduciendo la importancia relativa del sector agropecuario, lo que cambiara las fuentes tradicionales de poder en el país", e incluso sostenía en relación a la oligarquía diversificada que "no queremos que Argentina sea una colonia rica, ni que estas mejoras lleguen siempre a un grupo selecto”.
Durante su gestión, que se extendió desde mayo de 1973 a octubre de 1974, Perón y Gelbard obtuvieron importantes logros, entre los más importantes acercarse al célebre fifty-fifty del primero peronismo, es decir el 50 por ciento de la riqueza para los sectores obreros, al lograr el aumento de la participación de los trabajadores en la renta del 33 al 42,5 por ciento, así como reducir la inflación del 80 al 22 por ciento, pero también un descenso de la desocupación del 6,1 al 4,4 por ciento, un incremento de 800 millones de dólares en las reservas incluso después de desendeudarse con el FMI, y un crecimiento del PIB del 10 por ciento.
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Aspectos débiles
Por cierto, como en cualquier otro plan económico, el llevado adelante por Gelbard exhibía puntos débiles. Adolfo Canitrot, quien revistió como viceministro de Economía de Raúl Alfonsín, señaló en su trabajo "La viabilidad económica de la democracia: un análisis de la experiencia peronista 1973-1976", que en el lapso en el que aún no se podían canalizar las proyectadas divisas del campo para aplicarlas a la expansión productiva, se sostuvo una política de déficit fiscal que significó una "fisura global", la cual igualmente Gelbard confiaba en resolverla a medida que la reestructuración y expansión de la economía tuviera lugar. Según este autor, se sumaban además las restricciones a la inversión extranjera para priorizar el capital nacional, que también podrían dificultar el desarrollo hasta que madurara la inversión pública. Pero lo relevante en el señalamiento de este economista radical es que esas fisuras intrínsecas al plan económico tuvieron una incidencia que, en los hechos, se probó secundaria, pues "la causa de fondo fue de naturaleza política", debido al fallecimiento de Perón y la falta de apoyo sindical.
El definitivo final de esta historia llegó de por medio de la dictadura cívico militar de 1976, que por medio del terrorismo estatal intentaría acabar con el legado del peronismo, esto es una burguesía nacional pujante y fuertes sindicatos laborales. De hecho, entre las medidas tomadas el 24 de marzo, se anunció la intervención de la CGT y la CGE, la confederación empresaria nacional liderada por Gelbard, tras lo cual se puso en marcha su programa neoliberal que afectó fuertemente a las pymes productivas y el sector obrero.
La mención de Cristina en 2019, y en los días pasados de Batakis, a Gelbard, lleva al interrogante de cuan viable puede resultar este proyecto en la actualidad. Lo cierto es que por aquellos años existía, por parte de Perón un sólido y claro liderazgo político comprometido en la fase económica con la distribución de la riqueza, mientras que la "pata empresaria", la burguesía nacional, estaba más consolidada que en la actualidad como actor político, pues actualmente se verifica una atomización de su dirigencia y bases que en muchos casos solo distinguen su distancia con el capital concentrado luego de apoyar programas neoliberales. Asimismo, en el aspecto operativo, la extranjerización de las empresas argentinas y el hecho de que las pymes nacionales sean aún más dependientes que entonces de los insumos importados, producto de décadas de destrucción del tejido industrial y de globalizadas cadenas de valor, las vuelve menos autónomas política y económicamente en la toma de decisiones.
Por su parte, los trabajadores, incluyendo el 35 por ciento no registrado, carecen de una confederación unificada y verdaderamente representativa, a lo que hay sumar el condicionamiento del FMI legado por el macrismo, que hace estrecho cualquier margen de maniobra.
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