Agricultura familiar: los puntos centrales de la reglamentación que demoró casi una década

Tras nueve años de haber sido aprobada se reglamentó finalmente la Ley N°27.118 de “Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina”. La norma era una de las demandas centrales de las organizaciones de la agricultura familiar y entre sus puntos establece la creación de un Banco de Tierras que busca mejorar el acceso a la tierra para las familias productoras que hoy generan el 60% de los alimentos que consume la población, aunque en un 70% no son propietarias y se enfrentan a desalojos frecuentes. 

La ley busca “incrementar la productividad, seguridad y soberanía alimentaria y valorizar y proteger al sujeto esencial de un sistema productivo ligado a la radicación de la familia en el ámbito rural, sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica”, según se lee en el Decreto 292/2023 de reglamentación. Se destaca también la creación de un Centro de producción y distribución de semillas y de un Consejo de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.

Un punto que llamó la atención en el decreto publicado esta semana es que varios de los artículos aparecen “sin reglamentar”. Al consultar, desde el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), autoridad de aplicación de la ley, indicaron a este medio que “ningún artículo que necesitara ser reglamentado fue pospuesto. No es una reglamentación parcial, tiene que ver con el tipo de articulado de la ley, hay cláusulas programáticas y cláusulas operativas, estas últimas no necesitan reglamentación”. Sobre la aplicación efectiva a nivel nacional desde dicho organismo consideran que uno de los principales desafíos es lograr que las Provincias que todavía no adhirieron a la ley lo hagan cuanto antes.

Qué dice la ley

La reglamentación de la ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar era largamente esperada por las organizaciones del sector que en reiteradas ocasiones venían reclamando la puesta en marcha efectiva de la norma aprobada en 2014, junto con otras demandas que van desde los desmontes indiscriminados y el uso de agrotóxicos hasta medidas por la sequía que afecta también a pequeños productores y el acceso a una vivienda digna. 

El texto aprobado declara de interés público a la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena “por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva”. En ese sentido se promueven acciones que pretenden abarcar desde la producción hasta la comercialización de los productos y para ello se establece “apoyo al desarrollo tecnológico, asistencia técnica e investigación, elaboración de propuestas relacionadas a la educación, formación y capacitación rural y mejora de la infraestructura rural”. 

Desde las organizaciones evalúan que “la lucha finalmente dio sus frutos pese a que tuvimos que esperar tantos años. Esto es muy importante porque vamos a trabajar en lograr más políticas públicas para el sector”, dijo en diálogo con El Desatape, Mercedes Taboada, integrante del Movimiento Nacional Campesino e Indígena - Vía Campesina. Y recordó que “aparece ahora la posibilidad de acceder a una ayuda financiera por las pérdidas ante la sequía que hemos atravesado”.

Las y los agricultores familiares deberán inscribirse en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf) que depende del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), definido como la autoridad de aplicación de la ley. Al ser consultado por este medio, Miguel Ángel Gómez, presidente del INAFCI, señaló, “la ley fue el producto de mucho trabajo, de acuerdos y luchas del sector, como gestión fuimos avanzando en todo lo que se podía mientras trabajábamos en la reglamentación, pero ahora vamos a poder no sólo atender situaciones específicas de productores y productoras sino, por ejemplo, planificar nuevos proyectos productivos. También es importante decir que esta herramienta no es solamente para el sector ya que beneficia a toda la población al aumentar la producción para el abastecimiento local, ayudar a desconcentrar la población urbana, generar puestos de trabajo, son todas consecuencias de la reparación al sector”.

La normativa crea también el Consejo de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas para la Agricultura Familiar integrado por funcionarios estatales que deberán “articular, coordinar, organizar, informar y relevar desde la integralidad de las acciones ejecutadas por las distintas áreas de gobierno para el cumplimiento de los objetivos de la ley”. 

“Si bien la ley existía, al no reglamentarse, y no tener presupuesto realmente era lo mismo que nada. Esta reglamentación es un reconocimiento y es un avance”, consideró Isabel Palomo, del Frente Agrario Tierra Mía - Organización 25 de mayo. Asimismo, destacó la existencia del Centro de Producción de Semillas Nativas (CEPROSENA) que “abastecerá de semillas nativas y criollas para que no nos vendan los paquetes de semillas importadas, que son dañinas para el ser humano y por supuesto para la madre tierra también”.

Otro de los aspectos que mencionan las organizaciones consultadas tiene que ver con el acceso a crédito, al momento inexistente. Según el decreto se podrán “gestionar líneas de financiamiento e inversión para la promoción de la producción, elaboración y comercialización de productos y alimentos provenientes de las personas humanas y organizaciones productoras beneficiarias” así “se contemplará la planificación anual de líneas crediticias para el sector provenientes del Banco de la Nación”. 

Se agrega entre los puntos aprobados que “se deberán establecer mecanismos de priorización en la asignación de recursos a las mujeres y a la población género diversa en cada una de las medidas, políticas y programas que lo compongan, con el fin de reducir las brechas de género que existen y asegurar la igualdad de acceso a los mismos”. Vale recordar en ese sentido que de las 210.600 explotaciones agropecuarias gestionadas por personas físicas el 20% está dirigido por mujeres productoras, según el último Censo Agropecuario (2018). 

Acceso a la tierra

El acceso a la tierra es punto central de las demandas de campesinos y trabajadores de la tierra, ya que además les permite producir sin agrotóxicos y utilizar semillas criollas. 

Al respecto, entre los artículos que fueron reglamentados sobresale la creación del Banco de Tierras para la Agricultura Familiar que busca “contar con tierras aptas y disponibles para el desarrollo de emprendimientos productivos de la agricultura familiar, campesina e indígena” y estaría confirmado por “tierras de propiedad de la Nación que el Estado nacional por decreto afecte a los fines de la presente ley,  tierras que sean donadas o legadas al Estado nacional,  tierras que transfieran los estados provinciales y municipales, y todas las tierras rurales que ingresen al patrimonio del Estado nacional por distintos mecanismos”. 

Según los datos difundidos por un conjunto de organizaciones de la agricultura familiar solo el 1% de los propietarios rurales posee más del 40% de la tierra, 4.500 pools de siembra concentran el 75% de la producción, y cinco empresas extranjeras que aglutinan el mayor porcentaje de las exportaciones provenientes del sector rural. “Tenemos una concentración urbana enorme, de las mayores de Latinoamérica. A través del Banco de Tierras, el Estado Nacional comienza a hacerse cargo de esto, reconoce la problemática y comienza a actuar. Los arriendos también son un gran problema, no permite la inversión en el mejoramiento productivo, da mucha inseguridad y en muchos casos termina en la expulsión de las familias que con una sola mala cosecha pierden todo. Esto nos va a permitir empezar a dar mayor seguridad no sólo a las familias productoras sino mejorar la oferta de producción local en muchísimos lugares, lo que sin duda impactará en la inflación de los precios de los alimentos, que es el mayor flagelo que podemos sufrir como argentinos y argentinas”, detalló al respecto el titular del INAFCI.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) será la encargada de “efectuar el saneamiento y perfeccionamiento dominial, catastral y registral de los títulos inmobiliarios estatales e instar el inicio de las acciones judiciales necesarias para la preservación del patrimonio estatal” en tanto que deberá informar a su vez sobre la disponibilidad de tierras que podrían ser adquiridas por los productores.

“Los productores siempre plantean que quieren comprar tierras porque no quieren ser ocupas, nuestros compañeros nos dicen que si pagan tanto de alquiler ahora, esa plata pueden ir destinándola al pago en cuotas por la tierra, y así poder también tener su casa digna, porque cuando están alquilando viven muy mal ya que no pueden levantar una casa de material y tampoco pueden tener ni una planta frutal” detalló sobre este tema la referenta del Frente Agrario Tierra Mí y agregó “el acceso a la tierra hace más libre nuestra producción”.

Papel clave en alimentos

Ante la persistente suba inflacionaria con particular incidencia en alimentos, las y los pequeños productores que venden directamente al consumidor aseguran que tienen un rol que cumplir ya que “generamos alimentos frescos con una gran diversidad y a verdaderos precios justos, aunque no recibimos por otro lado lo que deberíamos de los productos que van al mercado”, expresó Mercedes Taboada a este portal.

En la misma sintonía, Isabel Palomo analizó que “el aumento lo generan los grandes empresarios con el manejo de lo que es el alimento a gran escala, pero con nosotros es al revés, porque producimos alimentos para el pueblo y vendemos al consumidor cuando hacemos ferias, cuando vamos a encuentros, vendemos desde nuestra producción directa y no generamos inflación”. 

Ambas coincidieron en que son “parte de la solución” frente a la tendencia al alza de los productos de la canasta básica, aunque reconocen las barreras que existen para poder “competir con las grandes cadenas que ponen los precios”. Las estrategias de espacios de encuentro y venta directa a nivel local y regional es una de las apuestas más fuertes y esperan que esta normativa junto con otros puntos aún pendientes pueda fortalecer el acompañamiento del Estado al sector.