Peajes: quiénes son los dueños detrás de las concesiones que el gobierno quiere dar de baja

Los acuerdos que el gobierno busca dar de baja son con Autopistas del Sol (AUSOL) y con Grupo Concesionario Oeste (GCO). Se firmaron en 2018, cuando ambas eran controladas por Abertis, y apuntaban a garantizarles el recupero de las supuestas inversiones que hicieron desde 1994, cuando Carlos Menem les dio las concesiones de los accesos Norte y Oeste, respectivamente. AUSOL reclamaba 499 millones de dólares, GCO otros 247 millones. El Gobierno de Macri les reconoció esos montos. Como las concesiones vencían a finales de 2018, la solución que acordaron Macri y Abertis para que copten ese dinero fue prorrogarlas hasta el 31 de diciembre del 2030 con las tarifas dolarizadas y un acuerdo que sólo beneficia a la empresa.

Detrás de estas empresas se encuentra el grupo de origen español Abertis, aunque el 70 por ciento de sus ingresos provienen de países fuera de España, como la Argentina. En el país controla las concesionarias Autopistas del Sol (AUSOL) que explota 119 kilómetros del acceso Norte/Panamericana y la avenida General Paz que circunvala a la Ciudad de Buenos Aires. También tiene a su cargo el Grupo Concesionario del Oeste, a cargo de 56 kilómetros del Acceso Oeste que vincula la ciudad de Buenos Aires con Luján. Los principales socios de los españoles de Abertis son los italianos de Impregilo (19,82 por ciento) y Natal Inversiones (7,12 por ciento). También participa de la sociedad la firma Sideco (con 7 por ciento de capital), que pertenece a la familia del presidente Mauricio Macri.

Atlantia adquirió de forma indirecta el 50 por ciento más una acción del capital en Abertis Holdco, una compañía recientemente creada que tiene el 98,7 por ciento de Abertis. La constructora española ACS tiene una participación del 30 por ciento en esta sociedad y Hochtief, la filial alemana de ACS, de Florentino Pérez (actual presidente del Real Madrid), el 20 por ciento menos una acción. Atlantia es una constructora italiana controlada por la familia Benetton, famosa por sus inversiones en el mundo de la moda. En marzo pasado acordó con Hochtief comprar conjuntamente Abertis para evitar una posible guerra de ofertas públicas de adquisición. Atlantia lanzó una Oferta Pública de Acciones (OPA) sobre Abertis por 16.341 millones de euros pagaderos en efectivo. En Atlantia los Benetton poseen el 30 por ciento del capital a través de su brazo inversor Edizione.

Retornos

El punto central del acuerdo era y es la dolarización de la Tasa Interna de Retorno (TIR), que es la tasa de interés o rentabilidad de una inversión. El Gobierno de Macri buscó instalar que logró una mejora en las condiciones para el Estado, ya que el nuevo acuerdo redujo la TIR del 13,06% del contrato original de la década del 90 a un 8%. Pero la clave es que el contrato original era durante el 1 a 1, mientras que la dolarización de las ganancias de una empresa luego de la convertibilidad implicaba que como la empresa iba a cobrar en pesos tendría que aumentar los peajes al ritmo de la devaluación.

La dolarización de tarifas fue descartada en 2006 por Néstor Kirchner cuando se renegoció la concesión de GCO. El decreto 298/2006, que Kirchner firmó el 15 de marzo de 2006, estableció: “La Tasa Interna de Retomo (TIR) del nuevo PLAN ECONOMICO-FINANCIERO de la CONCESION del ACCESO OESTE para todo el período de concesión será calculada en pesos constantes de septiembre de 1993”. “Consecuentemente, el CONCESIONARIO renuncia a exigir un Plan Económico Financiero de la Concesión del ACCESO OESTE con una Tasa Interna de Retorno calculada en dólares estadounidenses”, sostiene el decreto. En el nuevo acuerdo que impulsó Macri ni se lo menciona. Ahora Alberto intenta anular lo que hizo Macri.

Este decreto de Kirchner iba en línea con la ley 25.561 de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario, más conocida como Ley de Emergencia Económica, donde se estableció la pesificación del las tarifas. Frente a esto, Macri hizo una jugada doble. Primero, no prorrogó la Ley de Emergencia a partir de 2018. Luego, logró que el procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías lo habilitara a apartarse de los parámetros contractuales del Acuerdo de Renegociación iniciado en 2006. Así, quedó con las manos libres para esta renovación leonina.

Las concesiones tal como están ahora serán hasta el 31 de diciembre del 2030, excepto si las empresas “recuperan” antes los 746 millones de dólares. En otra cláusula leonina, la 5.5, se establece que si para el 2030 las empresas no “recuperaron” esa plata, “deberá ser pagada por el CONCEDENTE (el Estado) al CONCESIONARIO (AUSOL o GCO) en DOLARES”. Si esto sucede, el acuerdo estipula que el Estado tendría 30 días para pagarles y en caso de mora pagaría un interés del 12% anual. Un sinónimo de leonina es abusiva.

Por si todo esto fuera poco, la cláusula 5.12 protege las ganancias de las empresas ante cualquier iniciativa del Congreso o del Poder Ejecutivo. “Los cambios legislativos, regulatorios y/o jurisprudenciales que afecten significativamente el equilibro económico financiero del CONTRATO DE CONCESIÓN serán tenidos en cuenta en el PLAN ECONÓMICO FINANCIERO a los fines de la readecuación de dicho equilibrio”. En síntesis, ponen los intereses de las empresas por sobre el interés público hasta el 2030. Una cláusula de inmutabilidad a toda costa, típica redacción del abogado de la empresa que aceptó el Gobierno de Macri.

A la protección anterior le sumaron la cláusula 13.2, que dice que el Estado “no establecerá en el futuro ningún adicional tarifario, con o sin asignación directa, que no sea percibido por el CONCESIONARIO para sí y en su propio beneficio”.