Una vez digeridos los resultados de las PASO, el Gobierno deberá enfocarse en los problemas aún pendientes de la economía, con énfasis en los ingresos, la creación de empleos e impulso al consumo. En la columna del debe ya cuenta con un comercio exterior superavitario, una temporal equilibrio fiscal, calma cambiaria con dólar competitivo y un fuerte crecimiento de la industria manufacturera. En el haber se encuentran la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, una inflación elevada, una negociación inconclusa por la deuda heredada con el Fondo Monetario que condiciona la política económica interna y la creación de puestos de trabajo formal. En resumen, el interrogante es cómo hacer llegar al bolsillo de los hogares las incipientes mejoras que refleja la macroeconomía.
El resultado de las primarias será un condicionante para las herramientas que se utilicen para alcanzar los objetivos, al tiempo que marca una urgencia a atender que los votos dejaron al descubierto. Con una pandemia por medio, el Gobierno llegó a las PASO con varios indicadores macroeconómicos positivos. El problema es que esas mejoras no llegaron hasta el momento a ser percibidos por la población. Esto no es solamente por una cuestión temporal, sino por problemas estructurales y errores auto infligidos que obstaculizaron un impacto más directo. Un ejemplo son los precios, que, por un lado, reveló el nivel de concentración de algunos sectores, como el alimenticio; pero también evidenció una posición demasiado indulgente de los organismos de control ante los abusos.
En el diseño del Presupuesto del año próximo, que deberá presentarse este semana, el resultado de las PASO obligó a retocar algunas proyecciones. También tendrá efecto en la negociación con el FMI, donde se abren interrogantes respecto de la posibilidad de ser más o menos duro en la postura argentina, lo que se relaciona con el diseño de la ley de leyes económica para el 2022. En tal caso, podría decirse que jugó en contra de las elecciones del domingo la decisión mostrar un equilibrio fiscal en medio de una crisis sanitaria inédita y un nivel de pobreza que estima en el orden del 43 por ciento para la primera parte de este año. Sea técnicamente ajuste (cuando se proyecta un aumento debajo de la inflación estimada) o un efecto de una inflación elevada, lo cierto es que el recorte de la inversión social se sintió en los hogares.
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La punta del iceberg
Tras tocar niveles interanuales superiores al 50 por ciento, la inflación inició desde principio de año una lenta desaceleración. Esta semana se conocerá el dato de inflación, que consultoras privadas la ubican en torno al 2,8 por ciento, acumulando el 31 por ciento en el año. La dinámica mensual no parece desacelerarse al ritmo necesario para se note el efecto en el bolsillo, pese a que el Gobierno impulsó una reapertura de paritarias. La mayoría de los trabajadores y trabajadoras no están convencionados, por el alto nivel de informalidad del sector. El relevamiento de expectativas de mercado (REM) del Banco Central proyecta un crecimiento anual del nivel de precios de 48,5 por ciento durante este año.
La industria presenta una recuperación del 11,7 por ciento a junio a niveles desestacionalizados respecto a 2019. En medio de la crisis económica y sanitaria generada por el COVID, las políticas activas del Gobierno lograron una mejoría de la actividad fabril respecto al final del macrismo. Fue clave para el sector el programa ATP, que les permitió a las empresas mantenerse a flote en el peor momento de la pandemia, y el REPRO. Fueron medidas que permitieron amortiguar la caída pero que para los trabajadores y trabajadoras no implicó una mejora en su situación personal. Este es un caso donde un enorme esfuerzo fiscal es difícil de que se perciba como una mejor o peor gestión, salvo en un comparativo contra factico de que no hubiesen estado a disposición esos programas. De hecho, la Ciudad de Buenos Aires no destino un centavo para apoyar a los comercios e industrias.
Si bien se espera una recuperación del PIB en torno al 8 por ciento para este año, sigue siendo de menor envergadura a la retracción del 2020 que generó la parálisis económica que provocó el arribo de la pandemia. El empleo industrial creció en 14 de los 17 meses de gestión del actual Gobierno, mientras que cayó en 46 de los 48 meses de la administración anterior, relevó la UNDAV. Sin embargo, las medidas de aislamiento frente a la crisis golpeó de lleno al sector informal, que todavía no se recupera ante un "derrame" económico que, se sabe, nunca llega solo.
Como fortaleza, el gobierno evidencia una balanza comercial superavitaria, que "sigue constituyendo un factor positivo para la economía argentina", según un informe de la Universidad Austral. Las estimaciones de mercado suponen un balance de comercio externo positivo para este año de 12.422 millones de dólares, lo que le permitirá darle aire a las reservas del Banco Central, que debe asistir la demanda de dólares de los importadores y mantener el precio del billete verde. En este caso, una esquema de ingresos genuinos de dólares también abriría una puerta que no podrá aprovechar electoralmente: flexibilizar el cepo que heredó del macrismo. Esa mayor apertura podrá ser recién a mediados del año próximo. Dependerá el acuerdo con el FMI y la liquidación del agro.
En el frente fiscal, los niveles cercanos al equilibrio durante la primera parte del año comenzó a ser negativo, al ritmo de una mayor inversión social, la cual llegó tarde. El desempeño de las cuentas fiscales se reestablece al déficit para lo que resta del año, que podría ubicarse en torno al 3 por ciento, un guarismo similar al que habían diseñado en el Presupuesto para el 2021. El resultado elecciones determinan una divergencia respecto al objetivo de sustentabilidad fiscal dado un mayor nivel de erogaciones que pueda ponerse en juego en los próximos meses.
En el caso del dólar, los análisis coinciden en que el tipo de cambio mantiene niveles competitivos, aunque en lo que va del año se utilizó el precio de la divisa como ancla para los precios internos. El dólar desde fines de 2019 aumentó a 97,75 pesos en el mayorista, con un alza de 55 por ciento, muy por debajo de la inflación acumulada en el primer año y medio de gestión del Frente de Todos. La emisión de pesos también se ubicó por debajo de la inflación. Durante agosto la base monetaria se ubicó en 2,8 billones de pesos, representando un aumentando nominal de 3 por ciento respecto del nivel del mes previo.
La inversión local (formación bruta de capital) alcanzó los 129.386 millones de pesos durante el primer trimestre, lo que representó una suba de 6,1 por ciento en términos desestacionalizados respecto al cuarto trimestre de 2020, mientras que escala al 14,4 por ciento si se compara con 2019. Estas incipientes fortalezas deber ser acompañadas con medidas que sostengan el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones, que vienen siendo golpeadas hace casi un lustro, y controles que impidan que la recuperación sea captada por sectores concentrados que abultan aún más sus ganancias. La clave para motorizar la actividad es el consumo --junto con las exportaciones-- y para ello es necesario mejorar el ingreso de los hogares y crear empleos y que la "torta" se distribuya más equitativamente. Todo esto requiere de una posición firme y señales claras en los próximos meses.