En el primer cuatrimestre del año creció la conflictividad laboral

En tiempos en que la inflación viaja al 108% interanual según el último dato de abril difundido por el Indec, con un alza mayor en el precio de los alimentos, salarios que corren por detrás del costo de vida –tanto para los sectores formales como informales-, y un escenario pre electoral por demás incierto, los reclamos laborales de los asalariados aumentaron en intensidad. Así lo definió la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) que elabora un índice de conflictividad (ICL). En el bimestre marzo – abril, hubo un alza del 39% en relación al mismo período del año pasado.

La UTDT construye este índice de acuerdo a las negociaciones paritarias de cuatro grandes sectores: transporte, construcción, industrias manufactureras, y comercio. Este conjunto representaría alrededor del 57% del empleo formal en el país, aunque dentro de estos rubros también se perciben alto grados de informalidad.

“El alza de la aceleración inflacionaria, la caída del salario real registrado y el clima político de comienzos de 2023 explican este aumento de la conflictividad interanual en 2023, que comienza a acercarse al nivel de ICL pre pandemia, con un 39% de aumento en el promedio marzo-abril respecto de mismo periodo de 2022”, puede leerse en el último informe de la UTDT.

De acuerdo al análisis sistemático de esta casa de estudios, durante el Gobierno de Alberto Fernández se dio una tendencia decreciente en el conflicto laboral. “La emergencia de la pandemia en 2020 y buena parte de 2021 redujo las demandas en un fenómeno que habíamos denominado pax pandémica”, agregaron en el último documento.

Esta suerte de “paz” también podría interpretarse como una suerte de disciplinamiento social, en donde los salarios no le ganan a la inflación y abunda el trabajo informal. Así se bajaría la vara del conjunto: mejor un mal empleo con baja remuneración que ninguno.

Retroceso

La pérdida del poder adquisitivo de los salarios comenzó durante el Gobierno de Mauricio Macri y continuó en la actual administración, en la que también surgió un fenómeno bastante novedoso: trabajadores asalariados pobres.

“El poder adquisitivo del ingreso laboral promedio sufrió una reducción de 8,6% entre el cuarto trimestre de 2019 y el mismo trimestre de 2022. Más aún, dado que el ingreso laboral ya había sufrido un deterioro más fuerte durante la crisis socioeconómica de 2018 y 2019, cuando se compara el último trimestre de 2022 con el mismo trimestre de 2017, la caída real resulta del 26,3%”, indicaron desde el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA).

El empeoramiento real de los ingresos de los hogares provocó un aumento en el nivel de pobreza, tal como lo destacó el propio Indec en su último informe semestral. Pero también un alza de trabajadores con ingresos que no llegan a cubrir una canasta básica.

En este sentido, la distancia entre los ingresos percibidos por un trabajador en relación de dependencia dentro del sector privado y otro no registrado sería del 92%, según otro estudio del Instituto de Economía de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Los asalariados formales recibirían, en mano, un promedio de 211.797 pesos mientras que las personas que se desempeñan en la informalidad obtendrían ingresos por 110.210 pesos, muy por debajo del costo de una canasta básica total.

En caso de tomar los ingresos por grupo familiar, la brecha saltaría al 97%. Las familias que se desempeñan en trabajos no registrados obtendrían una remuneración, promedio, de 188.459 pesos frente a los 372.273 pesos para quienes se desempeñan en un ámbito formal.

De acuerdo al último dato del Indec sobre la valorización de las canastas básicas alimentarias y total, una familia tipo integrada por cuatro personas necesitó reunir 203.000 pesos para no caer en la pobreza.

Con estos guarismos sobre la mesa, CIFRA concluyó: “El 28,7% de las personas ocupadas se encuentra en situación de pobreza a pesar de contar con ingresos laborales. La incidencia de la pobreza resultó significativamente más marcada para las personas asalariadas sin una relación laboral registrada. Alrededor del 45% de las personas de esta categoría ocupacional se encontraría en situación de pobreza”.

¿Hasta cuándo?

En el último lustro, los picos de conflictividad laboral ocurrieron entre 2018 y 2019, en el ocaso del Gobierno cambiemita. El dato coincide con el momento de las turbulencias cambiarias de la anterior gestión, sumado al ingreso del FMI con su plan de ajuste y un desempleo que llegaba al 9,5% en el cuarto trimestre de 2018, dos puntos porcentuales más que en el mismo período de 2017.

En 2022, la Argentina experimentó un crecimiento económico del 5,2% del PBI y un descenso de la desocupación. Los puestos de trabajo totales se ubicaron en los 21,8 millones, un incremento del 6,2% interanual. Pero dentro de este resultado, los asalariados registrados solo aumentaron un 3,4% mientras que el universo de los no registrados tuvo un incremento interanual del 15%. En 2021, los no asalariados se habían incrementado un 13% contra el peor año de la pandemia.

Ante este escenario, resulta lógico que se registre un incremento de la conflictividad laboral dentro de las empresas. “La pregunta que surge – se cuestiona la UTDT - es si se trata de un pico entorno a la aceleración inflacionaria y presión política por la definición de candidaturas en un año electoral, o si es un aumento que permanecerá en un plazo más largo”.