La titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Paola Tamburelli, afirmó hoy que la aplicación de "bandas tarifarias" dispuesta por el Gobierno nacional para el transporte aéreo de pasajeros, "constituyen un sistema que históricamente rigió en Argentina", y que las mismas están destinadas a evitar precios predatorios o abusivos.
"Las bandas tarifarias constituyen un sistema que históricamente rigió en Argentina para asegurar un sistema de transporte aéreo sustentable a corto, mediano y largo plazo, que por sus características específicas necesita evitar tanto precios predatorios como precios abusivos", dijo Tamburelli en declaraciones periodísticas.
Agregó que "a lo largo de la historia, en dos oportunidades se permitió una flexibilización de tarifas mínimas, que desataron una guerra de precios estudiada a nivel mundial porque culminó con la desaparición de prácticamente todas las empresas involucradas".
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"El no permitir la venta indiscriminada de tarifas por debajo de los costos operativos de los vuelos brinda sustentabilidad a todo el sistema de transporte aéreo, evitando que funcione a pérdida, y que se deteriore la situación financiera de las empresas, poniendo en riesgo puestos de trabajo, falta de aprovisionamiento de servicios y conectividad, como tantas veces se experimentó en la historia aerocomercial nacional", remarcó la funcionaria.
Afirmó, por otra parte, que "también se requiere proteger al usuario de las tarifas extremadamente altas que las empresas pueden llegar a cobrar si tienen una posición monopólica en una determinada ruta. El límite superior de la banda evita los precios abusivos y especulaciones económicas basadas en la obtención de retornos excesivos".
El Gobierno dispuso que se vuelvan a fijar tarifas máximas y un sistema de bandas tarifarias para los servicios internos regulares de transporte aerocomercial, a través del decreto 879/2021 publicado en el Boletín Oficial el viernes pasado.
Según la norma, el Ministerio de Transporte deberá determinar las bandas tarifarias para los vuelos de cabotaje en un plazo no mayor a 180 días.
La medida se dispuso luego de un análisis de los balances presentados por las empresas transportistas que operan servicios regulares con venta libre de pasajes que arrojó que "el resultado económico de todas las empresas es negativo".
Con información de Télam
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