Reactivación, distribución y pobreza: qué pasa con la economía real

¿Por qué si se observan números positivos sobre el desarrollo de la economía aun es evidente una pobreza que implica a millones de personas en nuestro país? ¿Es porque se trata de una salida lenta y requiere de muchos meses o años de números positivos? ¿O bien la mejora en la productividad y el crecimiento del PBI no están vinculados a la disminución de la pobreza? Preguntas inevitables a la hora de ver la gravedad de la cuestión social y en ocasiones lo contrastante que resulta observar la mejora de números que son indicadores de la macroeconomía y la situación de pobreza en la que aún viven millones de personas.

En esa pugna está el análisis respecto de la evolución de eso que llamamos la economía, abstracción de un conjunto de actividades y pautas que buscan referirse al complejo de relaciones vinculadas a la producción, el trabajo la generación de riqueza y su distribución, es decir, un componente de varios indicadores.

Por eso, la economía implica un cúmulo de relaciones sociales marcadas no simplemente por la escasez como sugiere el liberalismo (la economía como administración de la escasez) sino principalmente por la puja distributiva, pues es obvio que hay muchos bienes y servicios que algunas personas poseen de manera cuantiosa, es decir mucho más de lo que necesitan para reproducir su vida material, mientras que otros (millones) no tienen ni lo suficiente para vivir dignamente, como sucede por ejemplo con el dinero, la mercancía principal en el capitalismo.

Para evitar esta construcción que contiene una variedad de actores que refieren a múltiples facetas que implica una economía nacional y global, las corrientes neoliberales mencionan desde hace algunas décadas a los mercados, los cuales tienden a emitir señales, hablar, etc.

Si la economía implica un vasto campo de relaciones queda claro que, por los mercados, entendemos al mundo de las grandes empresas de carácter trasnacional y muy particularmente al sector financiero, a las calificadoras de riesgo que poco tiene que ver con el trabajo y la producción aquello que llamamos la economía real.

Si lo que importa son los mercados, en donde jamás escuchamos hablar de los consumidores como parte de ellos, la vida económica queda atada a los intereses de un grupo muy pequeño ahora a escala global. Por eso es fundamental la lectura sobre lo que sucede en la economía real, la que marca nuestras propias vidas económicas; en los meses que van de 2022, hemos conocido diversos datos vinculados a la producción y el empleo, que en todos los casos se muestran alentadores, mientras que la inflación sigue en una situación complicada por su no control, en particular luego de un proceso de suba a nivel mundial.

Mencioné en la columna anterior algunos indicadores relevantes que daban cuenta del aumento de la producción y el descenso del desempleo, números que abren un panorama con cierto optimismo respecto del futuro inmediato. Sin embargo, esa información contrasta con el escenario de pobreza extendida. Es más, como una marca de época hay un dato que genera las mayores preocupaciones e incertidumbres: muchas personas son pobres aun teniendo trabajo. Cuesta asumir esa relación porque el trabajo fue durante buena parte del siglo XX herramienta de ascenso social.

En efecto, en buena parte, no en todo el siglo XX. El trabajo adquirió la capacidad de generar garantía de mejores condiciones de vida cuando estuvo comprendido al interior de un modelo que globalmente se proponía un tipo de desarrollo con fuerte sesgo en el mercado interno. Porque tampoco a inicios del siglo XX tener un empleo comprendía la garantía de salida de la pobreza, ya que la ausencia de leyes protectoras de los trabajadores permitía abusos, salarios de hambre, pésimas condiciones de trabajo en un marco de represión sistemática sobre la clase obrera ante el menor reclamo (la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, solo por nombrar dos hechos).

El trabajo se convirtió en herramienta de inclusión social, cuando hubo institucionalidad en favor de garantizar leyes de protección y un modelo de desarrollo que lo incorporaba como parte clave y no como un costo. El modelo económico de la dictadura primero, el menemismo después y el macrismo ayer nomás, se ocuparon de desandar ese camino trabajando por bajar el valor del salario, subir el desempleo, quitar derechos laborales y promover un tipo de crecimiento económico que bien podía desplegarse generando exclusión social.

La Argentina no se enfrenta solo a un problema del valor del salario, sino a un modelo económico, a fundamentos económicos que organizan su economía, en base a esos principios, cuyos tres momentos políticos señalados, se encargaron de consolidar. A todo ello, la inesperada pandemia acrecentó esas orientaciones a nivel mundial generando mayor concentración de la riqueza. Es esta situación la que explica que mejoras en la economía formal, tenga bajo impacto en amplios sectores de la población cuyos ingresos se mueven en el sector informal.

Por eso, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2009 se implementó la AUH y luego el PROGRESAR, ambos aun en vigencia. Con esa misma evaluación Alberto Fernández propuso el IFE en los momentos mas duros de la pandemia y anunció la semana pasada un bono para monotributistas (quienes están en el filo de la informalidad) y personas sin ingresos formales.

Asistimos a un problema complejo de resolver como es la situación de las personas que trabajan en la informalidad y cuyo salto a trabajos calificados y bien pagos, parece sumamente difícil. Allí reside la trágica situación que el crecimiento de la economía, aun basado en producción de manufactura, no logra resolver. De eso se trata justamente la sociedad a dos velocidades de la que se habla ya desde la década del 90. Ese fue el triunfo del neoliberalismo: pensar una economía exclusiva para un sector dinámico dejando al resto, las mayorías, libradas a su propia suerte.

La tarea es diseñar políticas que generen crecimiento económico y a la vez puedan incorporar a quienes están en la exclusión; convertir las numerosas acciones de la economía popular/social en propuestas sostenibles que garanticen trabajo y derechos, sistemas de protección basados en los derechos y no solo en el empleo. Cada política económica debe diseñarse pensado en la dimensión formal y la informal. Se trata de una dura batalla por torcer un modelo instalado a nivel global que destruye el concepto de trabajo como herramienta de inclusión, pero imprescindible para un futuro con mayor distribución y por lo tanto con inclusión.