Al comenzar el debate en un plenario de comisiones de Diputados, el Frente de Todos anunció que se excluirá al Pami del alcance de la ley del Compre Argentino, con lo cual el organismo no podrá utilizar este sistema de preferencias destinados para empresas locales en las licitaciones públicas, según informó el presidente de la Comisión de Presupuesto, Marcelo Casaretto. La oposición se había expresado en contra de la inclusión de la obra social por un supuesto beneficio a los grandes laboratorios por el incremento de costos para competir con los extranjeros.
Durante el plenario, Casaretto informó que en consultas con el Poder Ejecutivo se decidió "excluir al Pami del alcance de esta ley", y anunció que el dictamen se firmará el próximo martes. La iniciativa amplía el alcance de la ley vigente al PAMI para abastecer con capitales nacionales la industria farmacéutica y de equipamiento médico.
Sin embargo, la incorporación de la obra social de los jubilados, la creación de un fondo fiduciario y los nuevos márgenes de preferencia fueron criticadas desde Juntos por el Cambio y otras bancadas opositoras.
En diálogo con AM750, Volnovich sostuvo que “si hay algo que no sucede en el PAMI es que se compre caro”. Y agregó: “Somos la obra social y el organismo que más barato compra los medicamentos en todo el país, lo hacemos hace dos años sin cesar, los medicamentos gratis son un eje de nuestra institución, hay 4 millones de argentinos que los reciben”. Aún así, no se refirió sobre cómo hubiera impactado la inclusión de la obra social en el proyecto.
Finalmente, la directora del PAMI apuntó a la oposición por “generar confusión diciendo que el PAMI compra caro o deslizando que hay laboratorios amigos”.
El oficialismo, que aspira a poder votar cuanto antes esta iniciativa para apuntalar a las empresas nacionales, necesita enhebrar acuerdos con Juntos por el Cambio y otras bancadas opositoras para poder llevarla al recinto, debido a la extrema paridad que existe entre las principales fuerzas parlamentarias. La iniciativa contempla la posibilidad de elegir como proveedora a una empresa nacional a pesar de que sus precios se excedan -hasta un determinado tope- a las propuestas que puedan hacer compañías extranjeras.
A través de su implementación, el Gobierno estima que podría ahorrar US$ 500 millones por dejar de contratar proveedores extranjeros.
Con información de Télam
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