El Gobierno convoca a las organizaciones de la economía popular para designar representantes que estarán a cargo de administrar fondos públicos para obras de infraestructura barrial. De acuerdo al decreto 728 publicado este viernes, se dispone que el 30 por ciento de la obra pública nacional de hasta 300 millones de pesos quede en manos de las cooperativas de trabajo de la economía popular.
La iniciativa encomienda “a los y las integrantes del Consejo de la Economía Popular y el Salarios Social Complementario a promover una Agenda para la institucionalización y el Desarrollo de la Economía Popular, la que tendrá como objetivos el fortalecimiento productivo, la formalización de los trabajadores y las trabajadoras y el fomento del acceso al crédito y del compre estatal para los emprendimientos de la Economía Popular”.
Para este fin se promueve dispone el “otorgamiento del 30 por ciento de la Obra Pública Nacional bajo la modalidad de contratación que corresponda, en la realización de obras de hasta $300 millones de pesos, monto que será actualizado conforme lo disponga la autoridad de aplicación, y tomando como indicativas las especialidades de dichas Cooperativas”. “En todos los casos la obra se realizará bajo la modalidad de contratación que corresponda”, agrega el texto en sus considerandos.
La medida, que incluye varios guiños a las organizaciones populares cercanas al oficialismo, le garantiza así un porcentaje de las obras de infraestructura pública a las cooperativas de la economía popular. Esta medida apunta a, entre otro tipo de obras, aquellas de mejoramiento en barrios populares.
El decreto le otorga también preferencia en las compras del Estado a las empresas que contraten personas que perciben planes sociales. Ese margen de preferencia para los oferentes contará con un mínimo del 5 por ciento de trabajadores vinculados o trabajadoras vinculadas al programa “Puente al empleo”. Se trata de empresas que hayan incorporado a su nómina a quienes perciben un plan social y que se sirven del beneficio de contribuciones patronales reducidas y la posibilidad de descontar durante un año el monto de ese programa social del salario.
El decreto también establece un techo a los cupos del programa Potenciar Trabajo, establecido en los 1.350.000 beneficiarios actuales. No habrá nuevas altas y las bajas de titulares que se den tampoco podrán ser reemplazadas. Se establece además que el “ahorro que eventualmente se produzca será destinado a las unidades de gestión productiva, exclusivamente para la adquisición de bienes de capital”. Es decir, para la compra de máquinas y herramientas que Desarrollo Social entrega a cooperativas de trabajo o emprendimientos individuales.
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