Representantes de organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, sindicales, indígenas y los feminismos de más de una docena de países analizaron mecanismos y herramientas que permitan hacer frente a las maniobras de evasión fiscal de las grandes empresas y los individuos con altos patrimonios. El evento fue en CABA y estuvo convocado por la Alianza Global para la Justicia Fiscal (GATJ, por sus siglas en inglés), una organización internacional que promueve la adopción de políticas fiscales progresivas y redistributivas reduzcan las desigualdades, junto con la Red de Justicia Fiscal de América Latina, Latindadd y Fundación SES.
“El sistema fiscal internacional está roto: facilita la evasión de las grandes empresas y los individuos ricos. Las pérdidas de recaudación a nivel global superan los 1000 millones de dólares diarios”, sostuvo el Coordinador Ejecutivo de GATJ, Dereje Alemayehu durante la apertura del evento. “Los flujos financieros ilícitos atentan contra el desarrollo de los países del Sur Global. Los cambios necesarios no pueden lograrlos los países en forma individual y tampoco los foros antidemocráticos como la OCDE”, expresó el economista de origen etiopí al enfatizar que “la ONU es el espacio para discutir una convención fiscal en materia de cooperación internacional que nos permita combatir los flujos financieros ilícitos y mejorar nuestras estructuras tributarias”.
La apertura del evento contó, a su vez, con la participación de la ex titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; Nicolás Bohme, coordinador tributario del Ministerio de Finanzas de Chile y de la Plataforma Tributaria de América Latina y el Caribe; Pablo Ferreri, ex subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas del Uruguay; y el coordinador de la Red de Justicia Fiscal de América Latina, Adrián Falco. La conferencia que se llevará a cabo hasta mañana en el Hotel NH Buenos Aires City, ubicado en Bolivar 120, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contó con la presencia de expertos de Uruguay, Tanzania, Chile, Bélgica, Costa Rica, Brasil, Honduras, Colombia, Filipinas, Kenia, Perú, Paraguay, Ecuador y Argentina.
“Las reformas tributarias deben garantizar que los sectores que más tienen sean los que más aporten. La política y la sociedad civil tienen que lograr evidenciar la relevancia de contar con estructuras progresivas para garantizar el financiamiento de las políticas públicas y el desarrollo”, sostuvo Marcó del Pont durante su intervención.
En tanto, Ferreri enfatizó que “América Latina necesita recaudar más y hacerlo mejor, para lograrlo necesitamos mejorar el diseño de las estructuras tributarias y, sobre todo, se requiere cooperación internacional”. El ex funcionario uruguayo aseguró que “iniciativas a escala global son necesarias para avanzar firmemente en el combate a la evasión y el fraude fiscal. Para eso son necesarios ámbitos de discusión democráticos, donde todos los países tengan voz y voto, como ocurre en el seno de Naciones Unidas”. Por su parte, Falco de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, enfatizó que el sistema tributario es una arena de disputa política. El futuro está en los reformas de esas estructuras y no en las políticas económicas de ajuste”,
Finalmente, Bohme del Ministerio de Finanzas de Chile y coordinador de la Plataforma Tributaria de América Latina y el Caribe, evaluó que la creación de la Convención Fiscal en el marco de la ONU “abre una ventana” para que los países de la región trabajen en forma coordinada sobre “propuestas e instrumentos multilaterales que eleven la progresividad de los sistemas tributarios. Si bien no se conseguirán logros de la noche a la mañana -explicó- son ideas que valen la pena empujar”.
El encuentro, que se extenderá hasta el viernes, también permitirá el abordaje de diferentes problemáticas asociadas a los sistemas fiscales y las políticas para el desarrollo con inclusión así como aspectos vinculados a los desafíos que enfrenta América Latina en materia de derechos humanos, medioambientales, diversidades, educación y trabajo.
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