El Gobierno nacional tomó la decisión de desprenderse de todas sus acciones dentro de la empresa metalúrgica IMPSA, ahogada financieramente en los últimos meses como consecuencia de los recortes al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo y la obra pública. Pero la decisión sobre la que avanzará la administración de Javier Milei no es nueva ni reciente.
En la asamblea de accionistas del pasado 21 de marzo, el Estado designó como gerente general de IMPA a Horacio Aldo Chighizola, un ex funcionario de la gestión de Mauricio Macri. En esa reunión, tal como consta en las actas presentadas ante la Comisión Nacional de Valores, el flamante funcionario mileista ya adelantaba las intenciones oficiales de vender las acciones dentro de la metalúrgica para dejarlas nuevamente en manos de sus socios históricos. Ahora también se sabe que llegarían capitales extranjeros.
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“El accionista mayoritario ha manifestado que tiene la intención de analizar la venta del paquete accionario de control de la Empresa; por eso la contratación del CEO se efectúa mediante un contrato de trabajo a plazo fijo, por un período de 12 meses, sin perjuicio de su eventual terminación anticipada o prórroga, según resulte necesario en relación con el objetivo antes mencionado y sujeto a las disposiciones legales aplicables”, puede leerse en el acta de la asamblea del pasado 21 de marzo.
La privatización sería para un grupo norteamericano, del cual todavía no trascendió su identidad. Con esta jugada, Milei concretaría su primera “privatización” por fuera del listado incluido en la Ley de Bases.
La historia
En junio de 2020, el por entonces CEO de IMPSA le había enviado una carta al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, con un expreso pedido de ayuda financiera. “Necesitamos garantizar la continuidad de proyectos nacionales de importancia estratégica para la Argentina”, sostenía la misiva. En diciembre de aquel año, el área de Desarrollo Productivo confirmaba que la empresa había ingresado en el Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos (Paeerp) y que, por lo tanto, el Estado iba a pagar durante cuatro meses el 75% de los salarios de los trabajadores.
Como parte de un proceso de capitalización, el Estado invirtió 15 millones de dólares y se quedó con el 63,7% de la firma, mientras que Mendoza aportó otros 5 millones (21,2% de las acciones). El 15,1% restante de las acciones quedaron en manos de Pescarmona, su dueño histórico. Desde entonces, la empresa no recibió aportes del Tesoro nacional, sino que su financiamiento provenía del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, a partir del cual se llevaban adelante obras en diferentes provincias. Este dato no es menor, ya que la administración Milei utilizará el argumento del déficit para justificar su venta.
Según datos de la anterior administración dentro de IMPSA, en 2021 la empresa tenía ventas anuales por 10 millones que se incrementaron hasta los 50 millones en 2023. “Desde ese momento se firmaron contratos por 300 millones de dólares en dos años, volviendo a exportar por ejemplo a Estados Unidos”, explicó un ex funcionario en diálogo con El Destape.
La era Milei
El líder la Libertad Avanza puso al frente de IMPSA a Horacio Aldo Chighizola, ex presidente del Banco Ciudad y secretario de Estrategia y Asuntos Militares, una suerte de vice ministro de Defensa, durante la gestión Macri. El pasado 21 de marzo fue designado como presidente y CEO de IMPSA. Con la paralización de la obra pública y el recorte absoluto de recursos para el Fondeap, el Gobierno dejaba en claro su único objetivo dentro de la compañía: su venta.
Al momento de elegir a quien sería el director general corporativo, Chighizola manifestó: “Tendrá la misión de colaborar en la transición derivada del cambio de accionistas controlantes recientemente acaecido y cooperar con el CEO en la dirección de las operaciones de la Empresa hasta su eventual venta, conforme a lo que oportunamente requieran sus accionistas principales, a cuyos fines resulta fundamental que posea experiencia y conozca en detalle las operaciones y negocios de la Sociedad”.
Ese cargo fue para Mario Croce, ex CEO de la empresa hasta las horas previas a dicha asamblea de directorio. La privatización ya estaba anunciada.
Intereses norteamericanos
El control de la empresa sería para un grupo norteamericano, con intereses locales, del cual no trascendió su nombre. La excusa que divulgará el Gobierno de Milei será que la empresa le generaba un gasto millonario al Tesoro nacional, lo cual no era así. El financiamiento entre las provincias e IMPSA, por ejemplo para el levantamiento de un Parque Solar, se hacía a través del Fondep. Eliminado este fondo, el Gobierno y la familia Pescarmona encontraron los argumentos para sacarse de encima al Estado nacional.
De avanzar esta iniciativa, por primera vez en su historia, IMPSA quedaría bajo el control de capitales extranjeros.
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