El Gobierno planea cumplir con la inversión en obra pública del 2,2% del PBI para este año y aumentarlo a 2,4% el próximo. La apuesta busca recuperar uno de los sectores más golpeados por el macrismo y la pandemia. Fue justamente ante empresarios y trabajadores del sector que el presidente, Alberto Fernández, decidió lanzar el primer acuerdo para convertir planes sociales en trabajo.
"Va a haber movimientos de partidas presupuestarias para asegurar que se cumpla la meta", aseguraron del Ministerio de Economía. El presupuesto prevé que se destine el 2,2% del PBI a la obra pública en 2021. Para 2022 la cartera de Martín Guzmán prevé un incremento de 0,2 puntos porcentuales con una expansión de la economía.
Esto, si bien queda lejos del 4% que llegó a superar el kirchnerismo, contrasta duramente con el 1,1% al que había relegado a esta cuenta el macrismo en su último año en funciones. Allí se había dado una contracción fuerte en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para intentar llegar al déficit cero, una de las partidas que más recortó Cambiemos había sido, justamente, la de la obra pública.
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El presupuesto de $ 402.208 millones, del que se ejecutó un 64,2% al 31 de agosto, implica un incremento del 253% contra 2019. Justamente, el Ministerio de Obras Públicas había quedado desmantelada, desfinanciada y con tres grandes problemas.
Desde la cartera que conduce Gabriel Katopodis detallan que Mauricio Macri dejó el 70% de las obras frenadas, la paralización de obras más importante desde la crisis del 2001, y partidas de financiamiento externo subejecutadas. Además, abandonó las funciones con una deuda de $ 35.000 millones, con proveedores y contratistas. Y, por último, un sistema ruinoso de contratos de Participación Público Privada (PPP), donde cada kilómetro de ruta le salía al Estado el doble de su valor real y en dólares.
En el primer semestre de este año, la inversión en vivienda y urbanismo fue la que más contribuyó al incremento de la inversión total. La Oficina de Presupuesto del Congreso precisó que el aporte fue del 27,2%.
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“Son sectores que crean empleo y tienen mucha incidencia en el efecto sobre otras empresas”, resaltaron desde el Poder Ejecutivo al enumerar los proyectos aprobados por el Congreso para reforzar el rubro. Estas fueron el blanqueo de capitales para destinar a la construcción, la bonificación del pago de bienes personales por dos años para los proyectos presentados bajo el régimen de incentivos y el diferimiento del pago de ganancias hasta que recibir el ingreso originado en esos emprendimientos.
A pesar de todo esto, el Indec relevó que en agosto el indicador de la construcción sufrió un paso atrás. Tras dos subas consecutivas, cedió 2,6%. El acumulado del ISAC, sin embargo, lo ubica 22,1% mayor al nivel de febrero de 2020, previo al inicio de la pandemia, y en el acumulado de enero a agosto está 1,1% por encima de la misma etapa de 2019.
Por esto desde el Gobierno apuestan al envión de la obra estatal. En este momento se encuentran en ejecución 2.610 trabajos de infraestructura a cargo del del Ministerio de Obras Públicas.
El sector cuenta con 365.630 puestos de trabajo registrados a julio en el ámbito privado, lo que contempla a la obra pública, ya que la actividad se ejerce a través de empresas privadas. El primer semestre contó con 37.000 nuevos empleos, que se crean a razón de más de 5.000 por mes.
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“La perspectiva es muy buena. Creemos que hay mucho terreno perdido para recuperar porque 2020 fue un año muy malo y 2019 también. Hay demandas insatisfechas de infraestructura históricas”, estimó Julián Moreno, presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. “Entendemos que, si el Gobierno logra algún excedente en cuanto a la recaudación y lo que pueda erogarse a la ciudadanía, bien va a venir para el lado de la actividad y la obra pública tiene un efecto multiplicador”, previó el titular de APYME a El Destape.
En agosto crecieron en términos interanuales las ventas de 11 de los 13 insumos relevados por el Indec. Se destacaron los incrementos en los despachos de hormigón elaborado (121,2%), el segmento “resto” (66,0%, lo que incluye tubos sin costura, vidrio y grifería), yeso (60,8%) y asfalto (60,6%). Los únicos que registraron caída en sus despachos fueron las pinturas (-8,4%) y placas de yeso (-5%).
Aíslacon, proveedores mayoristas de materia prima de la construcción a gran cantidad de las empresas que se dedican a la obra pública en Santa Fe y Entre Ríos, vio un aumento importante de la obra pública en la región. “Hay una recuperación importante acompañada por la obra privada. De hecho, por momentos se hace difícil conseguir volúmenes de mercadería para grandes obras”, confió a este medio. “Es muy importante que no hay incumplimientos de pagos, lo que no produce alteraciones en el plazo de entrega de mercaderías”, destacó Jose Guelli, dueño de la compañía e integrante del Frente Productivo Nacional.
“Vemos con mucho optimismo el futuro. Creemos que esto va a seguir”, pronosticó. “Hay mucha inversión para la ampliación y creación de plantas nuevas de proveedores de insumos. Antes estaban bastante restringidas”, explicó Guelli. A la vez, el empresario de la construcción hizo hincapié en “la gran cantidad de rutas que se comienzan a licitar y planes de viviendas nos dan optimismo”.
Precisamente, la cartera que orbita en esa actividad es la conducida por Jorge Ferraresi, que tiene como objetivo atender la demanda habitacional y poner a la vivienda como un derecho de clase social ascendente. El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat avanza actualmente en la construcción de 59.145 viviendas a través de los distintos programas a lo largo del país.
A esos se suman los 20.000 hogares ya entregados desde el comienzo de la gestión en diciembre del 2019. Todas estas obras permitirán que hacia fin de año el Gobierno Nacional tenga en ejecución más de 110.000 viviendas, que generarán más de 300.000 puestos de trabajo.
Alberto Fernández, frente a CAMARCO
El presidente, Alberto Fernández, cerró la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) en un acto realizado en el predio de La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires. Resaltó que hay que ver “cómo convertimos planes sociales en empleo”, al tiempo en que aclaró: “No vamos a terminar con los planes sociales”.
La idea del Gobierno es que el pago que reciben los beneficiarios de planes sociales pase a formar parte del salario con un período de capacitación previa. Para todas las actividades la premisa será capacitar a beneficiarios en oficios y transferir esa masa de personas a empleos formales que les permitan desarrollarse. El objetivo del Presidente es ampliar el esquema a distintas ramas de la economía, que en principio se concentrarían en gastronomía, hotelería y textiles.