Esta semana se cumplieron 45 años del inicio de la dictadura cívico militar genocida. Las consecuencias de sus actos criminales y de vandalismo económico perduran hasta el presente, como una suerte de resiliencia perniciosa que el pueblo argentino, en más de 37 años de democracia, no ha podido extirpar a pesar de valerosos intentos en ese sentido.
Que Videla muriera en su celda purgando sus crímenes es un hecho reconfortante de la salud institucional de nuestro país. Algo que no ocurrió con pesados dictadores suramericanos como Pinochet o europeos como Franco, Oliveira Salazar o Pétain. Tampoco se desarrollaron en el resto de nuestro continente procesos profundos de Memoria, Verdad y Justicia que juzgaran los delitos de lesa humanidad en forma amplia, como sucedió en la Argentina.
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El “partido militar” fue suprimido y pagó sus tropelías, pero la “columna civil” de la dictadura ha logrado sostener en el tiempo las aristas socioeconómicas del legado del 76.
El primer objetivo fue fracturar el frente nacional y popular, conformado por la alianza de empresas pequeñas y medianas de perfil industrial con los trabajadores formales asalariados y sindicalizados, cuyo patrón de acumulación lo conformaba un mercado interno potente y protegido por un Estado poderoso efector de bienes esenciales para su funcionamiento.
La represión brutal y el endeudamiento del Estado fueron las claves para desarticular al frente nacional y popular.
Liquidada la resistencia, los dólares que proveían los préstamos tomados por el Estado en el mercado internacional fueron transferidos a un reducido conjunto de empresas para que pudieran emerger como poderosos conglomerados constitutivos de una nuevo bloque homogéneo y dominante del escenario económico argentino.
La deuda pública y la fuga de capitales privada permitió que esa cúpula empresarial desvinculara sus planes de negocios del mercado interno y, por ende, romper definitivamente cualquier alianza con los trabajadores, cuya capacidad de consumo tendía a dejar de ser un factor de acumulación de rentabilidad.
Liquidado el conflicto capital-trabajo, se avanzó en amortiguar las diferencias sectoriales, como agro-industria, a partir de grupos empresarios que diversificaban sus campos de acción y, finalmente, la fuga de capitales permitió la trasnacionalización generalizada de los agentes económicos, resolviendo la dicotomía capital nacional-capital extranjero.
Grupo económico diversificado y trasnacionalizado era el modelo de negocios plantado por la dictadura cívico-militar. La contracara fue la ruptura del mercado interno amplio como patrón de acumulación, la consecuente disolución de la asalarización y sindicalización masiva como eje del empleo y, por último, un Estado quebrado por el peso de la deuda, arrebatándole al frente nacional y popular la herramienta a través de la cual viabiliza sus proyectos al llegar al gobierno.
La caracterización previa, el legado del 76, perdura como conflicto permanente hasta el presente y los actores empresarios surgidos entonces han hecho sentir su poder a lo largo de todo el ciclo democrático inaugurado en 1983. Clarín, Pérez Companc, Techint, Galicia-Braun, Bulgheroni, Arcor, Macri y otros, presionaron política y económicamente a todos los gobiernos constitucionales, que en la mayoría de las veces sucumbieron a sus pretensiones -excepto en el ciclo comandado por Néstor y Cristina que combatieron duramente contra el esquema descripto-.
Sin embargo, este conjunto de empresarios fue incapaz de conformar un proyecto de país que pudiera ser sustentable en el tiempo. La oligarquía de fines del siglo XIX estructuró un modelo agroexportador que mantuvo su vigencia incuestionada entre 1880 y 1930.
Los empresarios brasileños afirmaron un modelo industrial que se desenvolvió durante ocho décadas, desde Getulio Vargas hasta la tensión reciente a que lo somete Bolsonaro y cuyo desenlace es abierto. Los hombres de negocios poderosos de Chile, apoyados en la dictadura pinochetista, plantaron un modelo de apertura cuya vigencia de casi cincuenta años fue sacudida por el levantamiento popular del 2019, presentándose también un caso irresuelto.
Este empresariado sólo ha apostado un modelo de valorización financiera de los excedentes obtenidos de la concentración de mercados para luego fugar estas ganancias monopólicas al extranjero con las divisas provista por el endeudamiento estatal. Así se sumergió al país en crisis recurrentes y profundas como la de 1989 y 2001. Tampoco acompañaron las reformas de mercado de los 90 favoreciendo una fuerte extranjerización de la inversión y de la propiedad de las empresas.
Crecientemente se convirtieron en simples especuladores financieros dedicados a la depredación cíclica de la Argentina.
Durante el gobierno de Macri parecía que habían alcanzado la legitimación política de un triunfo electoral sin mediaciones y que por fin avanzarían en afirmar su proyecto vetado en distintos modos por el peronismo. Por el contrario, las maniobras especulativas llegaron al paroxismo, con un vertiginoso endeudamiento con el sector privado y luego con el FMI, fugando en cuatro años u$s 86.000 millones y habiendo tomado deuda pública por u$s 103.000 millones (u$s 59.000 millones en el mercado y u$s 44.000 millones con el FMI).
Tal fue el paralelismo con la dictadura cívico-militar por las políticas llevadas a cabo que reapareció el cinismo discursivo extremo de esa época. Los dictadores banalizaban sus crímenes horrendos con la frase “los argentinos somos derechos y humanos” y Macri se burlaba públicamente del dolor económico que le estaba infligiendo al país con su saqueo invitando a los argentinos a que “se enamoren de Christine”, refiriéndose a Lagarde, titular del FMI que suministraba los dólares para continuar la fuga.
En el presente le debemos una cifra monumental al organismo multilateral y a los fondos de inversión privados y el bloque primario de agro + energía reniega de considerar los bienes que produce como esenciales a la vida humana rechazando cualquier regulación. La mayoría de los argentinos ha perdido el derecho a comer lo que quiere, sobre todo carne. Además, una porción relevante de compatriotas ha resignado el derecho de comer en su casa.
La barbarie del legado del 76 está vigente y no hay fracción empresaria importante que quiera conformar una alianza con el gobierno de la coalición peronista ni con los trabajadores para recrear un circuito de producción y consumo virtuoso. Agazapados esperan el fracaso.
Tal vez es hora de enterrar el legado del 76 para siempre y recuperar definitivamente la Argentina. Si la democracia pudo acabar con el “partido militar”, ¿por qué no hacerlo con la “columna civil” de aquél entonces?
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