Moratoria: una política necesaria para mitigar brechas laborales y de género

Este 23 de julio se vencía la moratoria previsional que permitió que más de 3 millones de personas se jubilen en nuestro país. Unos días antes, el presidente Alberto Fernández confirmó su extensión hasta tanto se sancione una nueva ley del Congreso. ¿Por qué era urgente su continuidad? y ¿qué impacto tienen las moratorias en la vida de las y los trabajadores?

Según datos actuales, más de 1,5 millones de personas en edad jubilatoria no cuentan con los 30 años de aportes que exige la ley. De ese número, 906.876 tiene aportes, pero no los suficientes, y 680.724 no cuentan con aporte alguno.

En este marco, era indispensable la extensión de la ley N°26.970 que beneficia a quienes, cumpliendo con la edad requerida, no tienen los aportes necesarios para el trámite jubilatorio. No obstante, se trata de una medida provisoria si se considera que, de acuerdo a los tiempos vigentes, el corte para la “compra” de los años faltantes es hasta el año 2003 en el caso de las mujeres y hasta 1993 para los hombres, es decir, debe ser actualizados.

En el presente, sólo 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones en edad jubilatoria están en condiciones de hacerlo, por lo que el resto requiere de una moratoria para acceder a este derecho. Dentro de este grupo, los que superan los 25 años de aportes (es decir, quienes podrían jubilarse ni bien cumplan la edad) se reduce a sólo 7 mujeres de cada 100 y 16 hombres de cada 100.

En este punto cabe destacar que se trata de una política con clara incidencia en las brechas de género existentes en el mundo laboral. Según un informe de CEPA, solo el 6,6% de las mujeres de entre 55 a 59 años (de un total de 1.133.483) tiene entre 25 a 27 años de aportes, mientras que el 46,1% no cuenta con ningún aporte.

Ello se explica a partir de considerar que son las trabajadoras las más afectadas por desigualdades estructurales: tienen menor participación en el mercado laboral, con menos horas en el empleo formal y menos ingresos registrados, ocupan la mayor cantidad de trabajos informales y son las que registran niveles de desocupación más altos. Todo lo que incide al momento de acceder a los derechos previsionales.

Para el año 2021, el 74,4% de quienes poseen una jubilación con moratoria son mujeres. Como dato adicional, si se consideran las jubilaciones de mujeres de marzo de 2022, el 85% de los casos lo hace vía moratoria.

Resulta importante señalar además que los trabajos o tareas de cuidados se han centrado en las redes familiares, en especial, en las mujeres de las familias como trabajo no remunerado. Indicadores internacionales demuestran que, el 42% de las mujeres tiene problemas para conseguir trabajo porque ellas son responsables de todos los trabajos de cuidados, cuando sólo el 6% de los hombres asumen por completo esta responsabilidad (Ministerio de Economía - 2020). Es decir que trabajan más horas que los varones, pero lo hacen a expensas del trabajo no remunerado.

Si se mira a cada sector aportante, pueden mencionarse que el sector privado, el sector público y los autónomos son los ámbitos con mayor cantidad de personas en condiciones de jubilarse, pero sólo alcanzan 18%, 36% y 20% respectivamente. A la vez, se percibe una crítica situación para monotributistas, monotributistas sociales y trabajadoras/es de casas particulares, donde sólo superan los 25 años de aportes 5,7% (11.922 casos), 0,06% (36 casos) y 0,1% respectivamente (103 casos).

Finalmente, y ante las voces críticas que indican que el sistema previsional “está quebrado” como resultado de la aplicación de esta política, es preciso destacar que los números no acompañan esa tesis. La moratoria jubilatoria (11/2005) fue acompañada de una sensible mejora en cobertura del gasto previsional por Aportes y Contribuciones, lo que se explica porque los salarios registrados privados se incrementaron significativamente entre 2003 y 2015; junto a un crecimiento del empleo y una reducción fuerte de la informalidad. A diferencia, entre 2016 y 2019 se redujo sensiblemente la cantidad de trabajadores/as activos, el salario real y se promovió la reducción de Contribuciones en relación con el gasto en Seguridad Social. Es decir, se empeoró la sustentabilidad del sistema.

La eventual aprobación del proyecto de ley que cuenta con media sanción en Senado alcanzaría, y si se considera que todas y todos los adultos mayores sin 30 años de aportes se jubilaran de manera inmediata, un costo fiscal de aproximadamente el 0,04% del PBI, siendo la moratoria clave para no penalizar dos veces a trabajadores informales o desocupados (en su vida activa, sin derechos laborales, y en su vida pasiva, con pensiones que otorgan menores ingresos que las jubilaciones) así como para mitigar la brecha de género del sistema previsional.