Ante las demandas de las organizaciones sociales y el frente que integran incluso dentro del propio oficialismo, el Gobierno anunció un paquete de medidas para favorecer a quienes integran la Economía Popular. Se lanzará un monotributo con incentivos para incluir pequeños contribuyentes y formalizar a aquellos que realizan tareas informalmente, se financiarán proyectos productivos, se oficializó un programa de preferencia en las compras gubernamentales para la economía popular y se anticipó un proyecto de ley Puente de Inclusión al Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes y reforzar así la transición hacia la registración.
Monotributo inclusivo
El proyecto de reforma del monotributo para facilitar la inclusión social, promover la formalización laboral y el acceso a jubilación y cobertura de salud. Contempla durante los primeros cuatro años desde la inscripción de nuevos contribuyentes una reducción significativa de las obligaciones mensuales del monotributo (impositivo, jubilación y salud). Era una de las demandas principales de las organizaciones sociales que se muestran cercanas, e incluso integran, el Frente de Todos.
Además, se prevé una transición gradual para personas que inician una actividad económica o la vienen desarrollando en la informalidad. El Estado se hace cargo del pago del componente impositivo del monotributo en forma permanente a todas las personas registradas en las categorías A, B y C. Habrá medidas antiabuso para asegurar que estos beneficios lleguen a quienes más lo necesitan. El nuevo régimen reemplaza al monotributo social y promovido y quienes opten por permanecer en el anterior régimen, podrán hacerlo.
Cabe remarcar que serán beneficiarios de las coberturas de salud disponibles a través de los programas nacionales del Ministerio de Salud al momento de solicitar atención efectiva en cualquier centro de atención primaria de la salud (CAPS).
El monotributo productivo para los trabajadores de la Economía Popular tendrá los objetivos de:
-Fomentar la registración: formalización laboral y tributaria y la inclusión financiera de las trabajadoras y los trabajadores de la economía popular
-Posibilitar que accedan a instrumentos con menos obstáculos (créditos, adquisición de máquinas y herramientas, capacitación, complemento de ingresos, etc.).
MÁS INFO
¿Cuáles son los requisitos?
- Ser mayor de 18 años
- Estar inscripto en el ReNaTEP: No ser titular de más de dos inmuebles. No ser titular de más de tres automóviles. En ambos casos -inmuebles y automóviles- uno de esos bienes debe estar afectado al emprendimiento económico
- Requisitos actuales adicionales del ReNaTEP: No ser empleador, ni ser contribuyente del Impuesto a las Ganancias y poseer un máximo de 3 actividades independientes
Apoyo al financiamiento productivo de la Economía Popular
Se conformará como un fideicomiso de administración, inversión y garantía con el objetivo de impulsar el acceso al financiamiento del sector de la Economía Popular, a través de otorgamiento de créditos productivos, bonificación de tasas, constitución de fondos de garantía o avales para financiamiento bancario y promoción de la capacitación y asistencia técnica.
Los beneficiarios serán emprendedores de la economía popular y pequeñas cooperativas. La administración del fondo estará a cargo de un Comité Ejecutivo, presidido por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y con el Ministerio de Economía como autoridad de aplicación. Por su parte, el BICE actuará como ente fiduciario
Las fuentes de financiamiento estarán ancladas en aportes del Estado Nacional, de los Estados provinciales y la Ciudad de Buenos Aires, aportes que reciba de organismos públicos, privados, multilaterales y recursos provenientes del propio Fondo (recupero de los créditos y rendimiento de las inversiones)
Financiamiento bancario
Las entidades financieras reguladas por el BCRA deberán destinar un mínimo del 1,50% de la responsabilidad patrimonial computable (RPC) al otorgamiento de crédito bancario a proyectos productivos con impacto social presentados por cooperativas y emprendedores de la Economía Popular. De este porcentaje, podrán imputar el 100% a cuenta del cupo de líneas de financiamiento productivo para MiPyMEs
Esto se complementará con la creación del Fondo Fiduciario Productivo y Social (Proyecto INAES), que se conformará como un fideicomiso. Según apuntaron desde el Gobierno, el objetivo es "fortalecer las capacidades productivas y financieras de los sectores productivos de baja y media escala, con especial atención en las trabajadoras y trabajadores de la economía popular, social y solidaria, a través del acceso al financiamiento de cooperativas, mutuales, y de las pequeñas empresas y emprendedores. El fin último es financiar proyectos productivos, de logística, de ahorro, de crédito, y de consumo".
El proyecto faculta al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) a constituir una sociedad anónima con el objeto de actuar como sociedad fiduciaria administradora del Fondo (49% INAES y 51% entidades que agrupen a asociaciones mutuales, a cooperativas, y a trabajadores/as de la economía popular). El Fondo contará con recursos presupuestarios del INAES y de otros organismos del Estado, aportes y préstamos de Organismos Internacionales y/o otras instituciones, aportes no remunerativos de Cooperativas y Mutuales, y los fondos provenientes de la colocación por oferta pública de valores negociables emitidos por el Fondo a través del mercado de capitales.
Se estima que unos $ 40.000 millones del sector se encuentran depositados en el sistema financiero (stock) más un flujo que depende principalmente del sector agropecuario (interior del país).
Compre nacional para la Economía Popular
El esquema que idea el Gobierno planea la regulación de la publicidad de los procesos de compra gubernamental: deberán comunicarse al INAES y RENATEP ante cada proceso de compra gubernamental.
Se apunta a la reducción de requisitos para participación de compras gubernamentales. Habrá menos garantías requeridas para la participación
Por último, se implementará un esquema adicional de preferencias de precios de hasta 5% por sobre PyMES nacionales y hasta 25% por sobre empresas extranjeras.
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