La Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad misionera de Posadas confirmó hoy el procesamiento de los nueve imputados y detenidos por la megacausa donde se investiga el contrabando de soja ilegal a Brasil, entre ellos el exjefe del Escuadrón 9 de Gendarmería Nacional de Oberá, informaron fuentes judiciales.
Las apelaciones fueron elevadas por los defensores de los imputados, pero al ser desestimadas y ratificada la etapa de instrucción del juez federal de Oberá, Marcos Gallandat Luzuriaga, la causa quedó cerca de ser elevada a juicio oral.
La causa en cuestión comenzó a ser investigada en marzo de 2021 y en noviembre de ese año se produjeron 12 allanamientos simultáneos en distintas localidades de Misiones, entre ellas Oberá, Panambí, El Soberbio, San Javier, Apóstoles, Colonia Aurora y Mojón Grande.
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En los allanamientos se detuvieron a siete personas, más adelante se entregó a la justicia un octavo sospechoso, un empresario dueño de un emprendimiento turístico; el noveno imputado fue detenido en Oberá la semana pasada.
En su resolución, el juez dispuso el procesamiento con prisión preventiva de los detenidos por los delitos de "asociación ilícita en concurso ideal con los delitos de contrabando de exportación agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y la participación de un agente de la fuerza de seguridad".
En relación al exjefe del Escuadrón 9 de Gendarmería de Oberá se le agregó el delito de "cohecho pasivo, todos en concurso real".
Otros agentes de la fuerza involucrados fueron también acusados por los delitos de "abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público".
Asimismo se dispuso un embargo de $3 millones a cada uno de los implicados.
El modus operandi de la organización consistía en la utilización de Cartas de Porte y Formularios CTG (Código de Trazabilidad de Granos) emitidas por personas físicas o jurídicas sin capacidad económica ni de almacenamiento, con destinaciones falsas, a través de las cuáles se hacían figurar las adquisiciones, únicamente para dar la apariencia de legalidad al desplazamiento en ruta de las cargas.
Una vez traspuestos los controles de ingreso a la provincia las cartas de porte eran anuladas, modificadas o bien los camiones se desviaban a otros destinos de los declarados.
A su vez, los camiones transitaban con mayor peso que el declarado en las Cartas de Porte respectivas, por la falta de control del verdadero peso de los vehículos en las balanzas correspondientes.
Una vez ingresadas las cargas a Misiones, con complicidad de los agentes de la fuerza, se liberaban las rutas nacional N°14 y provincial N°2 para que los camiones cargados con soja transiten sin inconvenientes.
Cuando estos eran detenidos se ordenaba dejarlos continuar sin darse conocimiento a la AFIP, Fiscalía o al Juzgado.
Cuando las cargas a granel llegaban hasta depósitos en las zonas lindantes a las localidades de El Soberbio y Colonia Aurora, eran fraccionadas en bolsas para su posterior paso ilegal hacia Brasil por puertos no habilitados.
El prejuicio fiscal considerado por la AFIP para 2020 por evasión es de $139.652.145,35 (en concepto de IVA) y $465.507.151,16 (en concepto de Impuesto a las Ganancias).
Respecto de 2021 el perjuicio se estimó en $480.677.034,36 (IVA) y $1.605.256.781,20 (impuestos a las ganancias), a lo cual se suma el no pago de las retenciones a las exportaciones de oleaginosas y la diferencia cambiaria entre el dólar oficial y el blue.
Con información de Télam
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