El exministro de Economía Martín Guzmán se expresó en contra del DNU 846/2024 que habilita al Gobierno a canjear deuda sin pasar por el Congreso, que se debatirá en la Cámara de Diputados este martes. "Es una afrenta contra la institucionalidad, el Estado y la economía", sostuvo y pidió su rechazo ya que "da flexibilidad y libertad al Gobierno para construir una dinámica de deuda explosiva", señaló en un extenso artículo pública en la fundación Sur Americana que preside.
Tal como anticipó El Destape, el Gobierno, sin alternativas en el corto plazo de conseguir dólares financieros o del sector comercial, se prepara que realizar una abultada reestructuración de deuda en moneda extranjera. El Presupuesto del 2025 cuenta con un ajuste en inversión social que obliga a una austeridad inédita para afrontar la carga de los servicios de deuda. El proyecto establece que el superávit primario debe alcanzar no solo para pagar los gastos corrientes, sino también los intereses de la deuda.
Cómo denunció este medio, el DNU 846/2024 reformuló el artículo 11° del Decreto 331/2022, que dice que los futuros canjes, luego del realizado por Guzmán para los bonistas privados en 2021, se tenían que hacer con especies de la misma moneda. Y la nueva norma establece que, a partir de ahora, será indistinto: el Gobierno podrá recibir bonos en dólares y entregar papeles en pesos, o a la inversa. La modificación aparece como “colada” dentro del DNU mencionado, que inicialmente establece cambios en las reglas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
"El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 846/2024, impulsado por la actual gestión del Ministerio de Economía en septiembre de 2024, es un despropósito que puede tener implicancias desastrosas para la administración de la deuda pública de magnitudes incalculables. Es una reforma que deshace de un plumazo la principal regulación para el endeudamiento público nacional en moneda extranjera bajo ley argentina, y expone a los ciudadanos argentinos a que la carga de la deuda sobre sus hombros pueda aumentar velozmente vía operaciones de crédito público que eleven de forma desestabilizante el costo de financiamiento de la deuda pública nacional", detalla en el documento publicado por el ex ministro de Economía.
El ex funcionario reitera que el "ahora es el turno del Congreso Nacional de actuar". "El marco legal para la gestión de la deuda pública argentina. La gestión de la deuda pública se realiza dentro de marcos legales que definen las condiciones que deben regir en las operaciones de crédito público. En Argentina, esos marcos han ido evolucionando a fin de proteger a los contribuyentes que financian al Estado tanto vía la transparencia en el registro de las operaciones de deuda como en las limitaciones y exigencias que enfrentan los funcionarios públicos cuando realizan operaciones de crédito público, ya sea a la hora de emitir nueva deuda o de reestructurar la deuda existente en condiciones de insostenibilidad", agrega el texto lanzado desde la fundación Sur Americana.
Las condiciones más relevantes del marco legal vigente en Argentina para la gestión de la deuda pública están incluidas en la Ley de Administración Financiera, sancionada en 1992, y la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública (“Ley de Fortalecimiento”), sancionada en 2021.
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La Ley de Administración Financiera. La LAF fue una reforma que impactó en la administración pública de manera muy valiosa para Argentina. Generó un marco de registración y transparencia de las cuentas públicas, incluyendo las deudas, que acabó con sinsentidos tales como el extremo de que en negociaciones de deuda internacionales, en ocasiones, los funcionarios del FMI tuviesen más información sobre la deuda pública que los propios funcionarios del gobierno argentino, como ocurriera en la década de 1980, y como ocurre hoy en varias naciones africanas.
"Se vuelve aún más preocupante cuando el propio presidente Javier Milei manifestó el pasado 15 de septiembre en la presentación del proyecto de ley de presupuesto 2025 que la prioridad absoluta en el Presupuesto la tendrá el pago de la deuda, y que el resto se ajustará a ello. Es decir que la libertad para construir una dinámica de deuda explosiva ata a la sociedad argentina a ser la variable de ajuste, supeditándose los presupuestos en educación, salud, seguridad social y todos los otros rubros a las dinámicas de precios de mercado de los bonos argentinos que determinen las condiciones de los canjes explícitos o implícitos de deuda pública en moneda extranjera", aclara Guzmán.
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