A contramano de las recetas que exige el FMI, el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria en las elecciones 2023, Sergio Massa, apretó el acelerador de la inversión pública para mejorar los ingresos de los jubilados, pensionados y trabajadoras de casas particulares. Luego de aplicar una devaluación menor a la reclamada por Kristalina Georgieva, el ministro lanzó un paquete de medidas con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los hogares.
El paquete de medidas económicas que anunció Massa no fueron consultadas previamente con el Fondo Monetario Internacional, en función de la idea de "gobierno autónomo" que el candidato presidencial pregonó tras sellar el acuerdo con el organismo. El funcionario intenta paliar el impacto en los ingresos de la devaluación del 22% exigida entre los márgenes de lo acordado tras la renegociación con el organismo para hacer frente a la situación económica, tensionando pero sin romper el acuerdo aprobado formalmente la semana pasada.
El paquete del "Nuevo Programa de Fortalecimiento de la Actividad Económica y del Ingreso" que lanzó Massa no fue previamente dialogado con el organismo de crédito. “La Argentina va a ser un país autónomo el día que se saque de encima el triste condicionante que es el Fondo”, había dicho el ministro y candidato durante su viaje a Washington en el que terminó de aprobarse los últimos desembolsos, la semana pasada.
De algún modo, esa autonomía que pregonó comenzó a aplicarse ya que el FMI había pedido no aumentar el gasto real de los salarios de la administración pública, un punto contemplado en la suma fija anunciada. También había pedido "contener las pensiones", mientras que se resolvió aumentar el bono extra dado con el aumento jubilatorio.
Nuevas formas de financiarse
En agosto, el Gobierno suscribió por primera vez en la historia un préstamo con el emirato de Qatar y sumó así otro prestamista para conseguir el objetivo de pagar los compromisos "sin tocar las reservas". Mientras tanto, negociaba con el FMI cómo reformular el programa, limitaba la devaluación pedida -según Massa, el Fondo exigía una del 100%, primero, y del 60%, después- y, finalmente, la llegada de los US$ 10.400 millones de desembolsos para el segundo semestre.
"El problema que representa la deuda con el fondo que son 45 mil millones de dólares los argentinos este año perdimos 21.000 millones de dólares. Estamos navegando una crisis en la que tratamos de que la falta de dólares de la Argentina no resienta el nivel de actividad económica. Entonces tenemos que ir generando instrumentos que nos permitan ir digamos tomando dólares, una de las condiciones que nos ponía el Fondo en abril, cuando empezamos la negociación era que teníamos que devaluar el 100%. Nosotros le dijimos que no, que eso era un daño enorme casi irreparable porque llevaba a 68 puntos de pobreza, porque generaba recesión, porque golpeaba mucho nuestra economía. Tuvimos una discusión de cuatro meses y en el medio dos vencimientos. El Fondo en realidad usaba los vencimientos como mecanismo de presión", contó el ministro-candidato este jueves en el Día de la Industria en Entre Ríos.
El buscar nuevos acreedores de corto plazo fue una movida inédita, y ante la imposibilidad fáctica de haber alcanzado un acuerdo con el Fondo antes de la fecha límite de los compromisos con el organismo, Massa, decidió recurrir a distintos tipos de financiamiento alternativo a los desembolsos del Fondo para no comprometer las reservas y cosechó sus frutos: primero fue China, y el logro del uso del swap de monedas para financiar los pagos el Fondo; luego, la CAF, y Qatar.
Recomponer ingresos
Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo recibirán un refuerzo de $ 37.000 en los meses de septiembre, octubre y noviembre, lo que elevará a $ 124.000 el monto total que percibirán a partir de septiembre. Con estos aumentos, la jubilación mínima alcanzará un 147% de incremento anual.
Esto implica que los jubilados tendrán un aumento real en sus haberes tomando la comparación interanual. La inflación de interanual de julio fue del 113,4%, una cifra que quedó vieja luego del impacto en precios que tendrá la devaluación del 22% en agosto, y previo a ello la devaluación fiscal para importaciones implementada a fines de julio.
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A esto se suma una devolución de IVA de hasta 18.000 pesos, por encima de los 4.056 vigentes. El costo fiscal asumido por el Estado será de 326.290 millones de pesos.
En esa línea, para las trabajadores de casas particulares, el Estado reembolsará el 50 por ciento del refuerzo a los empleadores con ingresos de hasta 1.500.000 pesos mensuales (se estima el 80 por ciento del total). Serán dos sumas fijas no remunerativas de 12.500 pesos a cobrar en septiembre y octubre. Incluye a 424.000 trabajadores de casas particulares, con una erogación 4.240 millones de pesos. El costo total de la medida será de 10.600 millones de pesos y el Estado asume 4.240 millones.
Las medidas de suba de ingresos implican en su totalidad volcar más de 943.579 millones de pesos a la economía, de los cuales el esfuerzo fiscal representa 718.579 millones de pesos (el 76,3 por ciento del total), según un informe realizado por el Centro de Investigación y Formación de la CTA (CIFRA). El Gobierno proyecta que el costo fiscal neto será de entre 270 y 290 mil millones de pesos.
Desde la gremio que nuclea a las y los trabajadores del sector calificaron como “positivo” el impacto de este refuerzo que según indicaron beneficiará a “468 mil registradas”. De acuerdo a datos de un informe sobre brechas de género en la economía argentina elaborado por la Dirección de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía nacional, al menos 4 de cada 10 mujeres trabajan en actividades relacionadas con los cuidados, siendo las ramas más feminizadas Trabajo en Casas Particulares.
El Gobierno ya venía subiendo el gasto
La reducción real del gasto público se frenó en julio por el aumento de las prestaciones sociales, al tiempo que cayeron los ingresos como consecuencia de la sequía, de acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Los gastos pusieron fin a la racha de reducción real, que se mantuvo durante cinco meses consecutivos, aumentando en 2,6%. Esto se debió, principalmente, a los incrementos en las prestaciones sociales. El trabajo del CEPA destacó el comportamiento de las prestaciones sociales, que -señaló- "experimentaron un cambio positivo al crecer 4% en términos reales".
Al respecto, el informe añadió que "en meses anteriores, estas prestaciones habían enfrentado caídas considerables, con una disminución de casi 20% en mayo y 10% en junio". Este cambio en la tendencia "puede atribuirse en gran medida a la naturaleza de la fórmula de movilidad vigente, que establece aumentos basados en el crecimiento de la recaudación y los salarios", destacó el CEPA.
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