El ministro de Economía, Luis Caputo, se expresó en contra de los aumentos de las empresas de medicina privada, luego de que el Gobierno haya permitido liberar los precios sin regulación. Desde que asumió el presidente Javier Milei, subieron 108,2% en promedio. Instantes después, las empresas de medicina prepaga manifestaron que quieren una reunión para "llevarle todos los elementos que explican nuestra situación".
“Las prepagas le están declarando la guerra a la clase media”, afirmó Caputo en su cuenta de X (ex Twitter). “Nosotros desde el gobierno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la clase media”, agregó, sin dar precisiones sobre medidas concretas. Pocos días atrás, Caputo comentó sobre los aumentos que superan el 100% desde enero: "Se les recontra fue la mano... caso prepagas, claro caso”.
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Lo contradictorio es que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, firmado por Javier Milei modificó el marco regulatorio de la medicina prepaga y afectó el sistema de las obras sociales. Entre los cambios se encontraban la liberación de los precios de sus cuotas y el permiso a los afiliados de redireccionar de forma directa sus aportes de salud a estas empresas. Entre los considerandos del decreto, se señala que la liberalización de precios permitirá “aumentar la competitividad del sistema”.
Luego del mensaje, las cámaras que nuclean a la medicina prepaga difundieron un comunicado en el que anticiparon que pedirán una audiencia “a fin de acercarle toda la información con la que se cuenta y que explica -entre otras situaciones- el desfinanciamiento al que fue sometido el sector durante años”. Allí, afirmaron: “Entendemos que la situación es de extrema gravedad, por lo que las empresas pretenden no polemizar a través de los medios, sino, por el contrario, abrir una mesa de trabajo y debate que le permita al gobierno comprender la real situación del sistema de salud privado”.
En el paquete de decretos se estableció un apartado de Salud que contiene dos capítulos dedicados a las prepagas y obras sociales. Uno de ellos es la modificación a la Ley 26.682 que le quita la potestad al Estado de “revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones” y elimina la comisión permanente que regulaba las prepagas que contaba con representantes del Ministerio de Salud y de Economía, al igual que el Consejo Permanente de Concertación que contaban con integrantes ad-honorem de Salud, y entidades representativas de los usuarios y las empresas.
La exsecretaria legal y técnica de la Presidencia Vilma Ibarra cruzó al ministro: "El gobierno hizo exactamente lo que estaba a su alcance para que se produjeran estos aumentos escandalosos: dictó el DNU 70/23 que liberó los precios. No sean cínicos. Es todo de ustedes".
Desde las Cámaras de Medicina de Prepaga lanzaron un comunicado en respuesta al funcionario donde solicitaron una audiencia y aseguraron que el sector fue "sometido" a un "desfinanciamiento" durante años.
El comunicado de las cámaras que nuclean a empresas de medicina prepaga (CIMARA, ADEMP Y CEMPRA) aseguró que el objetivo de la audiencia es "acercarle toda la información con la que se cuenta y que explica -entre otras situaciones- el desfinanciamiento al que fue sometido el sector durante años".
¿Cuál es el nuevo impuesto a la medicina prepaga que creó Milei?
En la actualidad, las obras sociales sindicales (OSS) aportan un 15% al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), el cual tiene por fin garantizar la cobertura del Plan Médico Obligatorio (PMO) - es decir, las prestaciones mínimas - a todos los afiliados del sistema, además de compensar costos extraordinarios por prestaciones especiales o tratamientos complejo. A partir de ahora, las prepagas deberán acompañar a las OSS con un aporte del 20%.
Varios integrantes de las empresas de medicina privada cuestionaron el nuevo gravamen. Uno de ellos es Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y referente del sector. En una entrevista televisiva, se quejó: "Más allá de que nosotros estamos de acuerdo con la desregulación y creemos que va a ser una ventaja para la gente, cuando leímos el decreto vimos una cuestión muy técnica que es que las obras sociales aportan a lo que se llama Fondo Solidario de Redistribución, el 15% si son sindicales y el 20% si son de dirección del aporte que perciben de los trabajadores".