El Secretario General del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo, Mariano Moreno, criticó duramente la falta de regulación del Gobierno de Javier Milei por la llegada del remolcador de ultramar "ALP Striker", con la bandera de Países Bajos, por tratarse de "una violación a la Ley de Cabotaje" que permite un "negocio de millones de dólares con la petrolera Oiltanking", marcó. Dicho remolcador zarpó desde el Puerto de Las Palmas (España), en febrero último, antes de la presentación de la excepción de cabotaje que se realizó el 21 del mes pasado.
"Nadie solicita un remolcador del otro lado del Océano si no tiene las garantías de que va a trabajar", marcó el Capitán al mostrar su molestia por la situación. Según se espera, llegará al Puerto de Rosales (Bahía Blanca) en pocos días, a pedido de la firma Oiltanking Ebytem para recuperar la operatividad de la monoboya Punta Ancla. Dicha monoboya explican que abastece, por una cañería submarina de 2.000 metros de longitud, a la planta de 18 tanques desde la cual se bombea el crudo hacia las refinerías instaladas en La Plata, donde se lo industrializa.
Cabe remarcar que el trabajo se enmarca dentro de la Ley 19.492 (Ley de Cabotaje) que establece en su Art. 1 que "la navegación, comunicación y comercio de cabotaje nacional serán practicados únicamente por barcos argentinos". Frente a ello, la empresa mencionada previamente presentó un pedido de "exención de cabotaje (waiver)" con especificaciones técnicas que dejan afuera a una grúa argentina que ya realizó dichos trabajos.
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"Es un engaño millonario que deja afuera a empresas y trabajadores argentinos. Sin dudas es un puntapié para reemplazar el trabajo local. Si el Gobierno habilita la exención por cuestiones técnicas, queremos un seguimiento que demuestra la imposibilidad de usar el servicio de bandera nacional a través de la grúa Magnus IX", manifestó Moreno. Mientras que añadió: "Un waiver de bandera extranjera se paga en dólares y el dinero se va afuera. Acá no queda nada. Al Gobierno no le interesa, es extranjerizante y no le interesa la soberanía".
A su vez, desde el Centro de Patrones manifestaron que el Gobierno nacional y las decisiones que se tomen del Estado serán "cómplices en el incumplimiento de una ley, que se convierte en un delito" y cuestionó la existencia de "socios por otro lado, porque hay un negocio de mucha plata" por lo que "alguien debe estar detrás de todo esto".
El gremialista, al mismo tiempo, señaló que se trata de "una mentira de patas cortas porque cuando se realice la operación veremos si el pedido tuvo intención de dejar afuera a los trabajadores argentinos o los armadores locales no están a la altura de los requerimientos" y remarcó que quiere observar "si la cuestión técnica es real en la operación" o solo una excusa. "Si la grúa argentina Magnus IX no puede hacer el trabajo por una falta de capacidad de elemento y no por una estafa y engaño de la ley".
"Nos está vendiendo en pedazos, a diario vemos que la administración del Estado está acéfala en áreas claves y los pocos funcionarios que están no tienen la potestad resolutiva que necesita el país para producir", sentenció Moreno contra la gestión a cargo del presidente Javier Milei.
En diciembre pasado, desde el sector alertaron sobre la situación y remarcaron que el posible fin de la ley de cabotaje nacional "implica lisa y llanamente que debemos elegir entre llevar nuestros buques a otro lado o amarrarlos definitivamente", manifestaron a los medios. El enojo y malestar se debía a la desregulación económica que el Ejecutivo propone en la megaley y el DNU -que todavía sigue vigente-.
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