El Ministerio de Seguridad premiará con $ 10 millones a quienes aporten información clave para identificar y capturar a manifestantes que hayan estado en las inmediaciones del Congreso. La bonificación es mayor a la recompensa que ofrece el Gobierno por brindar información que permita capturar a un violador.
La medida, formalizada a través de la Resolución 357/2025, se enmarca en la investigación de la causa N° 1000/2025, que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, a cargo del juez subrogante Sebastián Casanello. El monto ofrecido es el equivalente a 36 jubilaciones mínimas y mayor a la recompensa ofrecida por dar información del prófugo Oscar Alberto Acosta, quien cometió el delito de abuso sexual con acceso carnal. En la web oficial del Ministerio de Seguridad ofrecen 4 millones de pesos.
"Los actos de violencia fueron de extrema gravedad y premeditados", señala el texto para fundamentar la medida. El pago de la recompensa será canalizado a través del Programa Nacional de Recompensas, que depende de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad. Las personas con información podrán comunicarse de manera anónima con la línea gratuita 134.
Nueva marcha por los jubilados
Los jubilados volverán a marchar hacia el Congreso acompañados por militantes de partidos políticos opositores al Gobierno, luego de la feroz represión de la semana pasada que terminó un saldo de heridos y cientos de detenidos. Los jubilados piden una mejor remuneración ante los casi 280.000 pesos que perciben del haber mínimo, que son el 70% del total.
Mientras se realice la manifestación, en el Congreso se llevará a cabo hoy una sesión en Diputados en la que el oficialismo buscará aprobar el DNU del acuerdo del Gobierno con el FMI. "Después de la represión ilegal, está más claro que nunca que la lucha es por los jubilados y principalmente en defensa de la democracia", señaló Rodolfo Aguiar, titular del sindicato de estatales ATE, uno de los convocantes a la marcha.
De hecho, los trabajadores de ese gremio abandonarán sus puestos de trabajo desde las 12 para concurrir a la movilización frente a la sede parlamentaria. Por parte del Gobierno, los principales actores a cargo de la seguridad protagonizaron una cumbre para coordinar el operativo que se desplegará en las inmediaciones del Congreso.
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Para eso, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunió con el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, y su segundo, Diego Kravetz, en el despacho que el asesor presidencial, Santiago Caputo, tiene en el primer piso de Casa Rosada. Según trascendió, el operativo de seguridad que se desplegará en las inmediaciones del Congreso será similar al del último miércoles y contará con la participación de mil efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Tras la marcha de la semana pasada, el Gobierno denunció penalmente por los delitos de "sedición", "atentado al orden constitucional" y "asociación ilícita agravada" a los organizadores, mientras que recusó a la jueza Karina Andrade por su decisión de liberar a los detenidos pocas horas después de los incidentes.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, calificó de "golpe de Estado" a la última movilización de los jubilados y aseguró que el ataque al fotoperiodista Pablo Grillo por parte de las fuerzas de seguridad durante la marcha fue "un accidente no previsto".
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