El secretario de Desarrollo Territorial, Luciano Scatolini, afirmó hoy que el valor del alquiler de una vivienda “debe ser alcanzable por las personas que trabajan”, y consideró que los inquilinos “no pueden estar en una situación de zozobra ni de faltante” de propiedades.
"Como Gobierno necesitamos garantizar condiciones de vida digna para las personas que alquilan y dentro de las condiciones de vida digna, el alquiler tiene que ser asequible, tiene que ser alcanzable por las personas que trabajan, que se esfuerzan y que no pueden estar en una situación de zozobra y de faltante de esta necesidad prioritaria que es un lugar donde vivir", afirmó Scatolini a Télam Radio.
El funcionario ponderó la realización del primer encuentro de la mesa de trabajo que conformaron el Estado, y el sector privado que representa tanto a inquilinos como a propietarios, para ponerle una solución al problema de la vivienda que enfrentan hoy los inquilinos.
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Sin embargo indicó que “el tema es demasiado complejo para que un solo organismo o un solo sector pueda ser quién lo resuelva".
La convocatoria que realizó ayer de la Secretaría de Comercio, multitudinaria tanto desde los organismos públicos involucrados como desde los representantes del sector privado, "fue muy importante porque obviamente pueden participar y han participado todos los sectores, los distintos representantes de intereses y lo que hay en juego, como está claro, son intereses económicos y sociales", expresó el secretario.
Indicó que si bien más adelante habrá "una solución definitiva que se tendrá que debatir en el Congreso, hay cuestiones que pueden derivar en aspectos a observar, a modificar o corregir de la legislación vigente", para mejorar las condiciones de los alquileres.
"No va a haber una solución mágica", dijo Scatolini, tras expresar que la solución será producto de la interacción de las "decisiones de propietarios, decisiones de la demanda, que son los trabajadores y quienes buscan un lugar donde vivir y también de los gobiernos locales, de las provincias y los municipios, porque todo lo vinculado a las acciones urbanísticas son decisiones que no se toman desde los gobiernos nacionales sino que se deben tomar, porque así lo organiza nuestra Constitución, desde las provincias y los municipios".
Con información de Télam
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