Cayssials demoró el acceso a la información del préstamo con el FMI

Cuando Mauricio Macri volvió a hundir a Argentina en el Fondo Monetario Internacional tras más de una década de autonomía de la tutela financiera neoliberal, lo hizo violando la ley. Evitó cumplir con los trámites previos que deben acatar los funcionarios públicos y la “mafia judicial”, como acuñó recientemente Cristina Kirchner, lo protegió al ex presidente y dilató la investigación innecesariamente.

El acuerdo por US$ 44.000 millones con el Fondo generó un grave perjuicio en la sociedad que implicará una dependencia que persistirá durante años. La Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP) llevó adelante acciones judiciales con las que demostraron que el Gobierno había salteado todas las obligaciones legales para firmar el préstamo con el FMI.

A través de las causas “Murúa” y “Coddiani”, comprobaron severas irregularidades en el mayor crédito en la historia argentina, lo que ha sido cubierto por El Destape desde el comienzo. En primer lugar, el expediente a través del cual se debió haber tramitado la decisión de contraer el crédito se inició el 21 de junio de 2018. Esto fue nueve días después de la carta de intención donde se acuerda la deuda.

En segundo término, el Gobierno no emitió dictamen jurídico previo a la firma de la carta con Christine Lagarde. Sin expediente ni dictamen jurídico no hay actuación válida, de acuerdo a la propia ley nacional de procedimiento administrativo.

Uno de los puntos claves de este argumento radica en que el Banco Central no cumplió con su obligación de emitir un dictamen técnico sobre el impacto del crédito en la balanza de pagos. Sin este estudio del BCRA, toda deuda externa es nula, según la ley de administración financiera.

Tampoco se dictaron actos administrativos que decidieran tomar el crédito, como un decreto presidencial o resoluciones de Hacienda o el BCRA. Por lo tanto, ni los ministros ni presidentes del Central contaban con competencia para firmar por su cuenta sin autorización de Mauricio Macri, de acuerdo a lo que dicta la Constitución Nacional.

Por último, los datos y proyecciones que contienen los memorandos adjuntos a la carta de intención no se fundan en ningún estudio, informe, dictamen u opinión técnica. Sin causa válida, toda decisión administrativa es nula.

Cuando el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas acudió con el patrocinio de la CAIP al fuero Contencioso Administrativo para exigirle al Gobierno la documentación del préstamo con el Fondo recibió un rechazo in limine. Dicha tajante negativa que incluso contrarió la recomendación de la Fiscalía fue firmada en 2020 por el juez Pablo Cayssials.

“El rechazo in limine de la causa es violatoria de nuestro derecho de acceso a la justicia y de producir la prueba ofrecida para demostrar la grave afectación que sufrió el sector de micro, pequeñas y medianas empresas con motivo de las políticas económicas condicionadas por el crédito contraído con el FMI en junio de 2018”, manifestaron los abogados del MNER. “Lo hizo de manera contradictoria, dogmática y desoyendo el dictamen fiscal que había aconsejado dar trámite al proceso”, apuntaron.

El magistrado que protegió a Macri para que no queden expuestas estas ilegalidades integró el vuelo a Lago Escondido junto al ministro de Justicia de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, un asesor de comunicación y un ex agente de la AFI. Todo en un avión privado a cargo del Grupo Clarín.

El fallo de primera instancia de Cayssials demoró dos años un proceso que sólo buscaba el acceso a información esencial para la ciudadanía argentina, que ahora debe devolver un crédito que utilizó Macri para financiar la fuga de capitales más grande de la historia del país. Tras el recurso de queja presentado por la coordinadora, la Cámara de Apelaciones revocó la resolución del juez. Esto fue ratificado este año por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Bajó la inflación

La inflación estuvo en torno al 5% en noviembre, un poco por debajo de los pronósticos privados. El INDEC midió un alza del 4,9%, coronándose como la segunda marca más baja del año. Así, sumó 92,4% interanual e incrementó su valor respecto del mes anterior en 4,4 puntos porcentuales.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles se consideró el rubro de mayor impacto, con un incremento de 8,7%. La segmentación de subsidios tuvo impacto en la evolución del rubro.

El caso de alimentos y bebidas mostró subas del 3,5%, sensiblemente por debajo de la variación del mes anterior (6,2%) e incluso menores a la expectativa planteada por el Gobierno (4%) para el año próximo, apuntó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Complementariamente, las bebidas alcohólicas y tabaco aumentaron 6,3%. Los aumentos se encuentran, según el INDEC, particularmente influenciados por frutas y verduras (con seis productos con incremento promedio del 23,6%), artículos de limpieza e higiene personal, almacén y fiambres.

El rubro comunicación, que había sido el de mayor ascenso en octubre (12,1%), mantuvo subas elevadas en noviembre. Aumentó 6,4% principalmente por la telefonía e internet. Salud se elevó sólo 4,1% porque falta aún el impacto de las prepagas. Cristina Kirchner había criticado las autorizaciones que el sector consiguió para amasar este año un alza de sus ingresos 20% por encima de la inflación. Con esto se desdobló a un 6,9% en diciembre y 6,9% en enero. Tras superar la crisis del COVID sólo gracias a haberse apoyado en el sistema público al que le derivaron pacientes, estos empresarios de la salud cerrarán el año con subas del 100,9% en las cuotas en lugar de 113,8%.

La desaceleración de la inflación fue recibida como un espaldarazo por el Ministerio de Economía. En el entorno de Sergio Massa ponderaron las políticas que llevan adelante como responsables de esta evolución.

En primer lugar, el Gobierno suspendió el financiamiento por emisión monetaria, además de que se pasó a una política de tasas de interés positivas. Por otra parte, ordenaron las reservas netas del Banco Central que pasaron de negativas por US$ 426 millones a positivas por encima de los US$ 7.000 millones. En esa línea implementó un nuevo régimen de comercio exterior controlando la fuga de dólares por las SIMIS. Además, el ministro se ocupó de ordenar las relaciones y desembolsos del FMI, BID y Banco Mundial.

Cuando asumió, Massa puso como una de sus prioridades reducir el déficit, que bajó del 12,4% en agosto a cumplir la meta del 2,5%, aclararon desde la cartera económica. Adicionalmente, puso en marcha un programa de precios, con sendero en 49.000 productos de consumo masivo y de producción y precio fijo en 2.000 productos que explican 68% del consumo de la gente.

Sin embargo, el programa Precios Justos y este tipo de acuerdos de precios históricamente sólo sirven en el corto plazo o para que los consumidores cuenten con referencias pero no para combatir el alza generalizada. Menos para intervenir en la puja distributiva en un momento en que las grandes corporaciones aprovechan para hacerse de todas las ganancias que no pudieron durante la crisis del macrismo ni el primer semestre de la pandemia.

Más aún, diciembre y enero suelen exhibir picos de inflación por causas estacionarias, como las fiestas, el cobro de aguinaldo y todo el movimiento que generan las vacaciones. Por lo tanto, la merma de noviembre difícilmente se convierta en el inicio de un recto sendero de desaceleración, sino un alivio temporal, aunque más que necesario para replantear la estrategia política que utilizar para que los salarios sí le puedan ganar a los precios en el 2023 que definirá quién asumirá la nueva Presidencia por los siguientes cuatro años.