Litio: entre el potencial exportador y las tensiones por el desarrollo de la actividad

Un informe de la fundación Fundar analizó el potencial de la actividad del litio y las tensiones que generan las negociaciones que deberán emprender Nación y provincias para readecuar regímenes de producción y recaudación. La promoción de la rama minera puede ser una posibilidad única para ampliar el polo exportador del país.

La crisis climática es uno de los mayores retos globales del siglo XXI. Frente a este escenario, una de las estrategias para enfrentar este desafío es pasar de una matriz energética intensiva en combustibles fósiles a una intensiva en minerales y el litio es uno de los  insumos claves para cumplir este objetivo.

En ese sentido, los países latinos juegan un rol fundamental en el proceso de transición hacia matrices energéticas más sostenibles. Las reservas mundiales se concentran principalmente en Australia y los salares andinos de los países conocidos como el “triángulo del litio”: Argentina, Bolivia y Chile. 

En este contexto, el papel de Argentina es central: Cuenta con el 22% de los recursos de litio a nivel global –siendo el segundo país, detrás de Bolivia–, el 10% de las reservas y se ubica en el cuarto lugar dentro de los países productores de este mineral. A nivel global, se espera que su demanda aumente de manera sostenida durante los próximos años, ya que es un insumo (por el momento) insustituible para la producción de baterías de ion de litio que utilizan los vehículos eléctricos o los sistemas de acumulación de energías renovables. La Agencia Internacional de Energía estima que la demanda de litio se incrementará entre 13 y 51 veces hacia 2040, según los distintos escenarios proyectados.

Argentina, Bolivia y Chile planean avanzar en políticas comunes que permitan fijar, entre otros puntos, el precio del litio con impacto a nivel mundial. Hay una necesidad de los tres países que conforman en denominado "Triángulo del Litio" de avanzar en políticas concretas, en "la fijación de precios y en las buenas prácticas de la producción internacional que contribuyan a impulsar el entramado productivo", con los objetivos de generar crecimiento y empleo, entre otros.

Cuál es la realidad actual del litio en Argentina

Los 19 proyectos litíferos con mayor avance en el país se distribuyen en tres provincias del NOA: tres en Jujuy, cuatro en Catamarca y once en Salta. Dos se encuentran actualmente en producción. A mediados de 2022, la capacidad instalada en Argentina ronda las 38.500 toneladas de Carbonato de Litio Equivalente, lo que la convierte en el cuarto productor mundial. Esta cifra podría multiplicarse entre tres y siete veces con la puesta en marcha de nuevos proyectos y ampliaciones.

El litio aún representa un porcentaje pequeño dentro de las exportaciones de Argentina. En 2021 se exportaron US$ 208 millones, pero gracias al alza de los precios (por el crecimiento de la demanda) y de las cantidades (por las nuevas operaciones en marcha), el litio podría ubicarse entre los primeros complejos exportadores del país en tan sólo 5 años: un escenario de exportación anual de USD 5.120 millones hacia 2026.

El aumento de las exportaciones no es sin embargo la única contribución que la expansión de la minería del litio podría hacer al desarrollo argentino. Al igual que en otros países dotados de abundantes reservas minerales o hidrocarburíferas, la disponibilidad de litio podría traccionar el desarrollo de otras capacidades productivas y tecnológicas, por ejemplo mediante el desarrollo de procedimientos más sustentables para la extracción y procesamiento del recurso, o el desarrollo de proveedores especializados con capacidad de expandirse a escala regional. 

En cuanto a generación de empleo, la producción del litio se posiciona en sexto lugar con 2.188 puestos de trabajo (6% del total). En junio fue el rubro de producción minera con mayor crecimiento interanual con un 49,9%, sumando 728 nuevos empleos en el periodo.

Tensiones por el desarrollo del litio

La particularidad de la Argentina respecto a otros países del triángulo de litio sudamericano es el régimen federal de regulación y promoción de la actividad minera, que asigna competencias y recursos entre niveles de gobierno de maneras que plantean "desafíos muy importantes para la implementación de políticas de desarrollo productivo en torno al recurso", remarcó Fundar. Es que existen tensiones o problemas de coordinación vinculados a la distribución de recursos y competencias entre niveles de gobierno en el marco de ese régimen.

Mientras las provincias detentan el dominio de los recursos mineros y la competencia para adjudicar concesiones, Nación concentra la mayor parte de los recursos tributarios provenientes de la actividad y los instrumentos de política productiva y de ciencia y tecnología. Esta desvinculación entre el nivel de gobierno que controla el régimen de concesión, por un lado, y el nivel de gobierno que controla los instrumentos de política fiscal y productiva, por otro, sólo se da en el marco del federalismo.  

De esto se derivan varias consecuencias. En primer lugar, limita el alcance de las condicionalidades que se les requiere a las empresas para acceder a los derechos de explotación sobre el recurso. En el orden provincial, y dentro del régimen de concesión, las condicionalidades se refieren a la contratación de mano de obra y compre local dentro de los límites de cada provincia, lo que crea barreras de entrada para empresas de otras provincias y genera problemas de escala para el desarrollo de proveedores con capacidades productivas y tecnológicas más complejas.

Por otra parte, el régimen nacional de promoción de la actividad minera (el Código de Minería y la Ley de Inversiones Mineras), de carácter liberal, no establece ningún tipo de condicionalidad para el acceso a los beneficios tributarios y comerciales contemplados en el régimen. 

La otra palanca para traccionar el desarrollo de capacidades productivas en torno al litio es la política tributaria. Cuando se analiza la estructura impositiva de la minería de litio, Argentina tiene menos capacidad de recaudación que otros países de la región, ya que carece de instrumentos progresivos para gravar la renta o precios extraordinarios.

En este sentido, la Ley de Inversiones mineras establece un tope a la recaudación por parte de las provincias. Además, los impuestos recaudados por Nación sobre la actividad no son de asignación específica, lo que limita su vinculación con políticas de desarrollo productivo. 

A su vez, dado que el federalismo es un sistema de gobierno que le da a las provincias poder de veto sobre cualquier modificación del status quo que afecte sus intereses, es poco probable que se modifique el régimen de concesiones que se deriva del dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales ratificado por la Constitución de 1994. El desafío será coordinar las políticas entre distintos niveles de gobierno de manera de atender a las tensiones y desbalances identificados.

Por último, es atendible que el desarrollo de la actividad minera en Argentina se caracteriza por una elevada conflictividad social. Es el cuarto país con mayor número de conflictos socioambientales mineros después de México, Chile y Perú. En total, más de un 50% de los proyectos mineros resultan cancelados o temporalmente suspendidos a causa de resistencias sociales.

En el caso del litio, los cuestionamientos se concentran en los desequilibrios ecológicos generados por el sobreconsumo de agua en territorios extremadamente áridos. En Jujuy, Salta y Catamarca, que concentran las reservas litíferas en Argentina, no existe una estrategia uniforme en la gestión de sus recursos.