Por el DNU de Milei, la mesa de los argentinos depende ahora de la regulación extranjera

A partir de la desregulación de los controles de precios y de abastecimiento, sumado a apertura total del comercio exterior, la mesa de los hogares argentinos dejará de depender de factores y la administración interna, para quedar a merced de las decisiones de los principales monopolios alimenticios y de las disposiciones de los mercados externos. La volatilidad en el precio de los alimentos es la nueva normalidad en un mundo donde cerca 800 millones de personas viven bajó la línea de indigencia.  Los cambios en la oferta, por la vulnerabilidad del clima, y en la demanda –por las tendencias de consumo—son determinantes al fijar el valor de productos esenciales en la Argentina como el maíz y la carne. Con la flexibilización económica quedan en la mira carne, aceites y panificados, cuya demanda externa podría ser infinita y el abastecimiento interno casi nulo.

El Gobierno plantea como única ancla inflacionaria la demanda interna y la apertura comercial podría hacer que ese techo sea tan bajo como para dejar afuera al 80 por ciento de los consumidores internos (37 millones de habitante), que detentan ingresos locales por debajo de la canasta básica y, en moneda dura, menores que los promedios internacionales.  El planteo de un esquema de libre oferta y demanda que plantea el presidente libertario Javier Milei se aplica solo en una economía que la literatura en la materia denominaría “cerrada”; es decir, sin acceso al mercado externo. La posibilidad de que el límite a la inflación sea una caída en la demanda que conlleve a un freno en la escalada de precios que aplican las empresas se contradice con la posibilidad de vender a valores internacionales cualquier excedente que la contracción del consumo interno pueda generar.

Esto implica un techo al consumo para los argentinos que podría bajar a valores imposibles de prever. A esto se suma el peso de los inversores que especulan con los contratos de las materias primas –en su mayoría agrícolas—que se ha disparado durante la última década y afecta a toda la cadena alimentaria. La altura del cielorraso entonces estará determinado por las regulaciones, tanto técnicas como de protección a su producción interna, que apliquen los países, y el ingreso en dólares que puedan recuperar los argentinos.

A diferencia de la desregulación del menemismo, modelo atesorado por Milei, los ingresos actualmente en moneda dura se encuentran muy por debajo de los del resto del mundo, a lo que se adiciona una demanda casi infinita para la Argentina de los países asiáticos, que compensaría las restricciones que países europeos y Estados Unidos podrían aplicar para evitar el dumping (ingreso de productos a valores por debajo del promedio global) en que recaería una economía abaratada como la que plantea el Gobierno de La Libertad Avanza. Sólo una represalia de China por las declaraciones de Milei, afirmando que su presidente Xi Jinping es un dictador, podría tener algún efecto en la demanda del gigante asiático, principal demandante de carne y soja argentinos; que se había disparado durante el macrismo.

A partir del decreto de necesidad y urgencia que comunicó el Gobierno se eliminan herramientas clave para evitar estos desbordes, se destacan la eliminación de la Ley de Abastecimiento y de los controles de precios, al tiempo que abre indiscriminadamente el flujo de exportaciones e importaciones. A esto se suma la derogación de la ley de tierras, que afectará principalmente a las economías regionales, donde su demanda está más ligada por el consumo interno que el externo. La desarticulación de los organismos de control sanitario podría contrabalancear una demanda infinita por los riesgos que puedan generar a la población del país demandante esa ausencia de regulación..

La comercialización de bienes en el mundo está crecientemente sujeta a una gran variedad de requisitos técnicos impuestos tanto por los gobiernos como por las empresas. Parte de estos requisitos responde a extendidas preocupaciones de la ciudadanía sobre potenciales riesgos que conlleva la producción y el consumo de los bienes, relacionados con la inocuidad alimentaria, riesgos sanitarios y fitosanitarios, riesgos ambientales y riesgos asociados a su uso, entre muchos otros. Con el fin de contrarrestar estos riesgos, los gobiernos establecen regulaciones que imponen requisitos técnicos sobre la comercialización de bienes en sus respectivos mercados.

Este tipo de bloqueos tuvo la Argentina en distintos momentos, ya sea por represalias, como en el caso europeo que dejó de demandar biodiesel como respuesta a la estatización de YPF de manos de la española Repsol. También se restringió la exportación de cítricos por parte de Estados Unidos, las ventas de carne aviar por cuestiones de salubridad y granos en el mundo y, también en el mercado norteamericano, por la restricción al ingreso supuestamente a precios de dumping luego de un fuerte lobby de los ‘farmers’ gringos productos agropecuarios argentinos.  

Pese a estas cuestiones circunstanciales, la inserción de la producción agropecuaria en los mercados internacionales supera el 50 por ciento, con picos de 84 por ciento para la soja, el 85 por ciento para el limón y el 94 por ciento en el té. En el caso de la carne, el crecimiento exponencial de la demanda china, que se disparó –también con una menor regulación sanitaria argentina—durante el macrismo hace peligrar el abastecimiento interno del producto más emblemático de la mesa de los argentinos, donde el consumo de carnes, lácteos o derivados del trigo per cápita es de los más altos del mundo. Esto implica que existe un importante margen para “reducir ese consumo interno”, con el supuesto objetivo de frenar la inflación, y destinar este stock a la exportación.

Este aumento de la disponibilidad de productos exportables se verá acrecentada por la pauperización de salarios (medidos en dólares), actualmente en torno a los 340 dólares, frente al resto de los países, como por ejemplo (entre los principales socios comerciales), Estados Unidos con 6228 dólares mensuales; China, 1071 dólares y Brasil, 678 dólares. “A su vez, dado el mayor incremento relativo que sufrieron los precios de los alimentos en los últimos años, el poder adquisitivo salarial medido en estos bienes tuvo una reducción significativa, que fue de 10,9 por ciento entre diciembre de 2019 y septiembre de 2023. Así, en este último mes el poder de compra del salario registrado medido en alimentos fue 27,5 por ciento inferior al de diciembre de 2015”, detalla un informe del Centro de Investigación y Formación de la Central de Trabajadores Argentinos (Cifra-CTA).

“La única ‘ancla’ que tiene el programa económico para contener la escalada de los precios es la recesión económica que implicarán las medidas adoptadas, ya que el ajuste en el gasto público tiene implicancias recesivas y la devaluación –con la consiguiente aceleración inflacionaria– impactarán en una reducción de los ingresos reales”, agrega el documento de la central gremial.

A esto se suma las derogaciones de controles a la exportación vitivinícola, la industria yerbatera, el sector azucarero y la actividad olivícola y la flexibilización total de las exportaciones. En el Artículo 142 modificar el Artículo 609 del Código Aduanero, por lo cual “el Poder Ejecutivo Nacional no podrá establecer prohibiciones ni restricciones a las exportaciones o importaciones por motivos económicos”, sino que “solo se podrán realizar por Ley”. Estos controles no podrán ser usados para “estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de oferta adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno”.

Desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) manifestaron su apoyo a la línea trazada en materia de transformación del Estado y cambios en las normativas legales, comerciales, productivas y laborales anunciadas por Milei. “Esta batería de medidas apuntadas a transformar el estado actual de la Nación, redefinir el rol del estado, disminuir el déficit fiscal imperante, abrir a la competencia, desregular y perfilar una Argentina en línea con el resto de los países exitosos del mundo”, detalla la entidad.

En 1990 el andamiaje neoliberal estuvo también en pleno auge y los valores de estabilidad, economía libre de precios y dólares, el descenso del gasto público y las privatizaciones se planteaban como el camino indicado para solucionar la crisis del país y evitar los futuros picos inflacionarios. “Aún con la implementación de políticas de competitividad basadas en el abaratamiento de mano de obra y el uso intensivo de los recursos naturales, los resultados no fueron promisorios. La participación de empresas transnacionales en las exportaciones creció de manera notoria. En Argentina, esa participación fue de 10,6 por ciento en el periodo 1990-1992; se elevó al 26,9 por ciento en 1995-1997 y alcanzó 35,7 por ciento en 1998-2002”, según un informe de las investigadoras Norma Sanchís y Liliana Casanovas.

En una economía en la que, por alguna razón, se defienden morfologías de mercado muy concentradas, el contrapeso social sólo puede ser una regulación estatal eficaz.