Ley ómnibus: modifican incentivos para la construcción de viviendas para ingresos medios y bajos

El gobierno de la Libertad Avanza presentó finalmente el proyecto de ley conocido como “Ley Ómnibus” que incluye un sinnúmero de modificaciones para, según el texto, generar las condiciones plenas de una “economía de mercado”. En ese sentido, uno de los cambios en materia económica beneficia a los desarrolladores inmobiliarios y a los sectores de altos ingresos al modificar un artículo que apuntaba a fomentar el desarrollo de viviendas sociales y para la población de ingresos medios y bajos. 

Lo anterior va de la mano del programa de vivienda que la gestión de Javier Milei busca implementar, atado al incentivo de obras particulares financiadas por el sector privado donde “cada familia decidirá qué obra realiza”, pero sin planificación ni intervención del Estado para garantizar el acceso a un techo donde vivir. 

Qué dice el proyecto de ley 

El documento que ingresó para su tratamiento en el Congreso, plantea la sustitución del artículo 206 de la Ley N°27.440, y señala que “a los fines de fomentar el desarrollo de la construcción de viviendas, en el caso particular de Fondos Comunes de Inversión Cerrados o Fideicomisos Financieros, mencionados en el artículo anterior, cuyo objeto de inversión sean (a) desarrollos inmobiliarios; y/o (b) créditos hipotecarios; y/o (c) valores hipotecarios, las distribuciones originadas en rentas o alquileres o los resultados provenientes de su compraventa estarán alcanzadas por una alícuota del quince por ciento (…)”, de esta manera elimina del texto original la letra que fijaba que el objetivo y condición para acceder a dicha alícuota diferencial estaba atado a que tales construcciones apunten a “poblaciones de ingresos medios y bajos” así como “desarrollos inmobiliarios para viviendas sociales”, extendiendo por el contrario el beneficios a proyectos inmobiliarios en general. 

Lo anterior va en sintonía con la línea que el gobierno nacional viene planteando de paralización completa de la obra pública y, en relación, un política habitacional que se focaliza en incentivar “un programa nacional de fomento de fideicomisos de urbanización, infraestructura vecinal y construcción al costo”. Frente a un creciente déficit habitacional que lleva a que menos del 60% de la población sea propietaria en el país, las respuestas de la gestión actual apuntarían al “desarrollo masivo de obras particulares financiadas por el sector privado a través del crédito privado donde cada familia decidirá qué obra realiza, en dónde, cuándo y de qué manera”, por lo que la idea sería que cada quien como pueda se haga cargo de construir las viviendas mediante la toma de crédito bancario, aunque aún no están claras las condiciones para incentivar al sector financiero a prestar y para que, a su vez, sea una herramienta accesible a la población, sobre todo para los sectores medios y bajos más golpeados en sus ingresos. 

Todo esto en un panorama atravesado por el plan de fuerte ajuste y recesión detallado por el propio jefe de Estado, que generará estancamiento económico, mayor pérdida del poder de compra de los ingresos y suba generalizada los precios, afectando directamente en bolsillo familiar y las posibilidades de acceso a un techo. Frente a ello es que se fomentarían los “fideicomisos al costo que se basan en el principio de que la vivienda se financia porque se paga y se paga porque se financia”, dependiendo exclusivamente de que existan los fondos particulares para garantizarlo.