Javier Milei volvió a atacar los cacerolazos y defendió la ley ómnibus

El presidente Javier Milei replicó un mensaje en la red social Twitter para atacar a las personas que se congregan en espacios públicos durante la noche del miércoles para realizar cacerolazos en contra de las medidas económicas del Gobierno. Este comportamiento se da luego de la difusión de la ley ómnibus, que plantea una fuerte penalidad contra la protesta social.

"Los cacerolazos NO SON por la situación económica del país. Son porque NO TOLERAN QUE GOBIERNE OTRO.  Acepten que son minoría chicos, SORRY", sostiene el mensaje del usuario "Tano Giuliano", quien se define como un "termo de Milei". El mandatario republicó este tuit en su propia cuenta.

Ley ómnibus: restringe la protesta y el derecho a reunión

A poco más de una semana de haber presentado junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el protocolo antipiquetes, el proyecto de ley que tendrá que ser discutido en el Congreso plasma ese mismo espíritu.

El capitulo I de Seguridad Interior, el proyecto de ley establece modificaciones al artículo 94 del Código Penal, que implicarían un endurecimiento a las condenas por la protesta social. En principio establece penas de prisión de entre 1 años y tres años y seis meses a quienes "impidan, estorben o entorpezcan" el "normal funcionamiento" de los transportes de por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas. 

Además, indica: "Quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe", remarca uno de los puntos para la modificación.

Y, en linea con las denuncias de supuestas extorsiones a personas para que asistan a movilizaciones, agregan: "Le corresponderá pena de prisión o reclusión de tres (3) a seis (6) años a quienes mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse  de una movilización o protesta”.