La administración de La Libertad Avanza empujó a millones de personas hacia la pobreza e indigencia durante los primos meses de su gestión, resultado directo de la ejecución del DNU 70/23 (aún vigente), su plan de ajuste sobre el gasto público y los ingresos de la población, y la destrucción de miles de puestos de trabajo. Esta deliberada política de exclusión incluye el desfinanciamiento de todas las políticas alimenticias, un ataque directo hacia los comedores populares y escolares, la licuación de las transferencias estatales como la AUH, y el empoderamiento de los sectores económicos más concentrados.
El hambre y la desigualdad como políticas de Estado. Las familias dejaron de comprar alimentos tan básicos como carne o leche; los niños y adolescentes se saltean comidas, según un estudio de la Unicef.
La administración de Javier Milei también desfinanció programas de salud abocados al VIH, infecciones de transmisión sexual, hepatitis virales, acceso a medicamentos y la atención sanitaria en el territorio.
El plan sistemático de pauperización social también es una política de muerte.
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El ajuste como disciplinamiento
La imagen de los millones de kilos de comida escondidos en galpones gestionados por Capital Humano (Sandra Pettovello) es apenas una muestra de la crueldad política que ejecuta La Libertad Avanza. El desfinanciamiento hacia todo otro tipo de políticas de contención social y de salud constituye otra de las caras del disciplinamiento de la casta mileista.
Los datos de la ejecución presupuestaria fueron analizados por el Centro de Economía Política Argentina y la Oficina de Presupuesto del Congreso.
*El programa Políticas Alimentarias, que incluye la Tarjeta Alimentar, sufrió un recorte real en su alcance del 26% interanual.
*La actividad presupuestaria de Comedores Comunitarios y Merenderos, que forma parte del Programa de Políticas Alimentarias, cayó en 82% en términos reales.
* Las caídas las transferencias a comedores escolares fue del 43,2% en términos reales.
*El Plan Nacional de Primera Infancia registró una caída presupuestaria del 77%
* El Plan Nacional de Protección Social fue recortado en un 92%.
La administración Milei juega con la vida y la muerte. En materia de salud existen programas críticos que están virtualmente paralizados por falta de fondos.
* Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica (-44%)
* Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra (-76%)
* Atención Sanitaria en el Territorio (-96%)
* Fortalecimiento del Sistema Público de Salud (-82%)
“Otros programas también tienen un muy bajo nivel de ejecución. Resaltan los programas de Atención Sanitaria en el Territorio, con un recorte del 96% y el Fortalecimiento del Sistema Público de Salud con una caída del 82%. Además, tres programas de Prevención de diversas enfermedades no transmisibles, endémicas y patologías específicas tienen caídas de entre el 64% y 79%”, puede leerse en el último informe del CEPA sobre la ejecución presupuestaria.
El hambre
El ajuste sobre las políticas alimenticias no responde solamente a una mirada fiscalista sobre el gasto público. Milei ejecuta un programa sistemático de desigualdad donde conjuga la pérdida del poder adquisitivo de todos los sectores sociales sumado a la eliminación de los programas pensados para evitar el deterioro social, como los ya mencionados.
La pobreza y la indigencia se miden en el país a partir de la valorización de la canasta básica total y alimentaria. El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) que dirige el economista Claudio Lozano, elaboró un informe titulado “Argentina Hambrienta: La pobreza e indigencia en los primeros meses de Milei” con datos apabullantes.
* La pobreza en los primeros meses de 2024 llegó al 58,6% (descontado el circunstancial pago de los aguinaldos), es decir, trece puntos porcentuales más que los valores registrados al cuarto trimestre del año pasado.
* En otras palabras, este salto implicó que 7,8 millones más de personas cayeran bajo la línea de pobreza.
* Otro dato de la época –que viene arrastrándose de gestiones anteriores- indica un incremento de los trabajadores formales que no llegan a cubrir una canasta básica. El porcentaje de ocupados y ocupadas pobres trepó al 44,7% (9,3 millones de trabajadores/as)
* La indigenica, por su parte, llegó al 22,3% de la población que no puede cubrir el costo de una canasta básica alimentaria (CBA). En un solo trimestre, la indigencia aumentó 7,7 puntos porcentuales.
* Es decir, casi 10,5 millones de personas no logran cubrir la CBA, un incremento de 3,6 millones de personas más respecto al trimestre anterior.
Infancias y adolescencias
La pauperización de las infancias y adolescencias llegó al 70,6% de niñas, niños y adolescentes actualmente considerados pobres (9,3 millones). Por su parte, la indigencia llegó al 30,8% de la población menor de edad, cálculos realizados por el IPyPP-
Ante las políticas oficiales de pauperización, las familias tienen que restringir consumos, con efectos sobre las condiciones de vida de las niñas y niños. Según un estudio realizado por la Unicef, con datos consolidados al primer cuatrimestre de este año, un 23% de los hogares indicó que, por falta de dinero, se dejaron de comprar medicamentos y un 32% redujo los controles médicos y odontológicos.
En los casos más sensibles, lo que se restringió fue el consumo de alimentos. En un 52% de los hogares tuvieron que dejar de comprar algún alimento por falta de dinero, once puntos porcentuales más que en 2023.
“Son 3,3 millones de hogares en donde viven casi 7 millones de chicas y chicos. Un 90% dejó de comprar leche, carnes y otros lácteos. Más de 1 millón de chicas y chicos tuvieron que saltearse una comida diaria (desayuno, almuerzo, merienda o cena) por falta de dinero (7,4% del total). Entre las personas adultas, está situación es aún más severa: un 30% tuvieron que saltearse una comida”, puede leerse en el informe de la Unicef.
Lo que no se come hoy, no se recupera
Según información relevada por la Dirección Nacional de Lechería, el consumo interno de lácteos en los primeros 5 meses del año fue de 2881 millones de litros equivalentes, dato que dio cuenta de una disminución interanual de 19,5%. Este proceso se agudiza particularmente en mayo con una caída del consumo de 30%.
Para el CEPA, el proceso de caída de consumo fue profundizándose mes a mes: en enero de 2024 representó una disminución interanual del 1,9%; febrero continuó con una disminución interanual de 20,6%; en marzo se redujo otro 29,0%; y en abril la merma fue de 15,9%.
“Si consideramos el acumulado de los primeros cinco meses de 2024 se evidencia una caída interanual de 19,5%”, indicaron desde el CEPA.
El Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) registró, en el primer semestre del año, una caída de las ventas de las leches no refrigeradas en el orden del 18,5%; las ventas en leches refrigeradas cayeron otro 12,2%; mientras que las ventas de leche en polvo entera o semisdescremada se derrumbaron un 38%.
Es decir, las familias compran menos productos lácteos, alimento clave para el desarrollo de las infancias y el cuidado de la salud.
Genocidio silencioso
Uno de los mayores expertos de la ONU en materia de Derechos Humanos, sindicado como el autor intelectual del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el profesor noruego Asbjorn Eide escribió en 1992 un texto titulado “El derecho al alimento adecuado”, publicado en la Revista Derechos Humanos de la ONU.
Entre sus párrafos acuñó el término “el genocidio silencioso del hambre”, tomado 35 años después por el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat para describir lo atroz del Gobierno de Javier Milei.
En el proceso de enjuiciamiento y remoción por mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones contra Milei, elaborado por Barcesat, Adolfo Pérez Ezquivel, Alicia Castro, Claudio Lozano, Carlos Rozanski y Atilio Borón, entre otros, también se incluyó la definición del noruego Eide para hablar de una suerte de “genocidio económico”, consustanciado a partir de la vigencia del DNU 70/23.
“En lo que concierne al resultado de la vigencia, institucionalmente precaria, pero aún efectiva, del DNU 70/2023, corresponde examinar si sus resultados han conducido a lo que debe calificarse como un “genocidio económico”, por la brutal privación de vida digna para crecientes sectores del pueblo de la Nación que se ven imposibilitados de acceder y satisfacer sus necesidades básicas, de trabajo en condiciones dignas, de alimentación, vivienda, salud, medicación y educación , y todo cuanto comprendido por el concepto de desarrollo humano y social sustentable comporta esa vida digna”, puede leerse en el proyecto de juicio político remitido al Congreso de la Nación.
El crecimiento de la pobreza y la indigencia guarda un vínculo de causalidad con la aplicación y vigencia del DNU 70/2023 y el resto de las decisiones oficiales en materia laboral, social y económica. No existen los errores de cálculo. Como lo redefinió Claudio Lozano en diálogo con El Destape, al Gobierno de Milei, Villarroel, Caputo y el resto de la casta libertaria podría redefinírselo como “un genocidio por planificación de la desigualdad”.
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