La Administración de Javier Milei avanza en su programa de miseria planificada. Los datos de la ejecución presupuestaria del primer semestre analizados por la Oficina de Presupuesto del Congreso dan cuenta de la brutalidad del ajuste. “Los argentinos van a sufrir”, avisaba el ministro Luis Caputo en enero de este año, al retomar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI. No era un eufemismo.
El desempleo crece a medida que se desploma la actividad económica; el 50% de la población ya se encuentra bajo la línea de pobreza y las familias dejaron de comprar alimentos esenciales o suprimir comidas durante el día o la noche.
Los miles de kilos de comida escondidos por la ministra Sandra Petovello (Capital Humano) fue parte de una estrategia deliberada, una política de Estado. Durante el primer semestre del año, la caída real de transferencias hacia los comedores y merenderos comunitarios fue del 99,1%. El hambre como política de Estado.
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El plan
La pauperización social, el desempleo, y la pobreza son ejes estructurales del programa de La Libertad Avanza. No existieron los errores no forzados. La brutalidad fue (y será) deliberada. Durante el primer semestre del año, la caída real de los recursos destinados a las políticas sociales fue del 40% (promedio).
Según el análisis realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, en el desagregado de las partidas se destacó un recorte del 17,9% en políticas alimentarias, entre cuyas iniciativas se destacó la Tarjeta Alimentar.
“El valor promedio de las prestaciones arroja una pérdida de poder de compra del orden de 12,6% en seis meses, a pesar de los aumentos otorgados en lo que va del año”, puede leerse en el documento citado.
Sin embargo, el daño más grande se ejecutó sobre los comedores y merenderos comunitarios. Petovello sonríe. Bajo el argumento de la “auditoría” que debía realizarse desde Capital Humano, el Gobierno frenó todas las transferencias. La caída real de recursos para estas organizaciones fue del 99,1%, comparado con el primer semestre del 2023.
El hambre como política de Estado.
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El trabajo, afuera
Otra huella de la crisis social puede rastrearse a partir de la recaudación tributaria en la categoría contribuciones patronales, que al primer semestre del año registró una merma real del 16,6%, mientras que los aportes personales cayeron un 19,2%, siempre comparado con el mismo período del 2023. “Esta merma se debe a la reducción del empleo y del salario real”, explicó el informe de la OPC.
La desocupación al primer trimestre del año fue del 7,7%, de acuerdo al Indec. En el relevamiento mensual que realiza el BCRA junto a las consultoras de la City porteña, se estima que la desocupación superaría el 8% al cierre del año. En el universo de los jóvenes (hasta los 29 años), el 57% se desempeña en la informalidad laboral.
El Gobierno propicia la pauperización social en todas sus facetas. La reforma laboral incluida en la Ley de Bases (acordada con parte de la CGT) no hará más que agravar el cuadro social. El flamante ministro Federico Sturzenegger, también sonríe.
La merma de recursos para el Potencia Trabajo y sus continuadores, instrumentos pensados para la inserción laboral en los sectores más vulnerables, fue del 56,6%.
Ajustar, negociar, ajustar
El Gobierno ajustó los envíos de fondos hacia las provincias como “instrumento de negociación” política. Las ahogó financieramente para luego conseguir la aprobación de la Ley de Bases con el aval de gobernadores siempre listos para jugar a la gobernabilidad. También consiguió su silencio sobre la vigencia del DNU 70/2023. Sturzenegger, feliz.
Durante los primeros seis meses del año, los gastos de capital tuvieron una caída real del 81%. Según la OPC, se destacaron las menores erogaciones en obras por parte de la Dirección Nacional de Vialidad y la disminución de la inversión en la Secretaría de Educación, principalmente por la falta de ejecución en la adquisición de computadoras en el marco del programa Conectar Igualdad.
La reducción de la asistencia financiera a provincias y municipios, dentro del rubro transferencias de capital, fue casi total, con una merma del 96,9%. En el caso del Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, el recorte fue del 77,0%.
Dentro de estas áreas también se destaca lo ocurrido con el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), que no recibió transferencias durante el primer semestre. Esto fue parte de una estrategia deliberada, por ejemplo, para impulsar la primera privatización de la gestión Milei, tal como explicó El Destape.
Durante el primer semestre del año, la motosierra no dejó de funcionar. El tándem Milei – Caputo compró tiempo para proseguir en la búsqueda de la prometida lluvia de inversiones que les permita consumar su programa de miseria planificada vía endeudamiento y entrega de los principales recursos del país.
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