Mayor informalidad y pobreza: cómo impacta el DNU en las trabajadoras y el peso de las tareas de cuidados

A una semana de la publicación del mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno nacional, se suman voces que alertan por el impacto que tendrá al profundizar las desigualdades que ya enfrentan las mujeres al insertarse en el mundo laboral. Siguiendo la línea del propio jefe de Estado, Javier Milei, quien en campaña electoral desconoció en más de una oportunidad las brechas salariales, la mira está puesta en al menos cinco puntos del decreto presidencial: por un lado se elimina la doble indemnización que corresponde a las trabajadoras de casas particulares cuando no están registradas en un contexto donde el 70% trabaja justamente en la informalidad; a su vez se modifica la ley de Teletrabajo afectando la posibilidad de complementar el horario laboral con las tareas de cuidados en el hogar, se condiciona la licencia por embarazo, en tanto que también se limita el derecho a huelga de quienes trabajan en actividades de cuidado de menores y guardería, y se suma el impacto por el alza en los costos de crianza en un marco de desregulación total de los precios.

Los datos. tanto nacionales como globales. muestran que las mujeres se enfrentan a mayores dificultades al momento de insertarse en el mercado laboral en comparación con los varones debido a que destinan más cantidad de su tiempo a realizar trabajos no remunerados (el doble) y, en relación, trabajan menos horas afuera del hogar, y cuando lo hacen se insertan en trabajos más informales: el empleo en casas particulares es la segunda actividad con mayor inserción laboral para las mujeres (18% de las ocupadas), está en un 90% feminizado (casi la totalidad son trabajadoras mujeres) y tiene los salarios más bajos: 6 de cada 10 trabajadoras de casas particulares son pobres porque aunque tienen trabajo no están registradas, un 74% no tiene descuento jubilatorio, un 72% no recibe pago en caso de enfermedad, y un 73% no cuenta con cobertura de salud por obra social.  Pese a esto, con el DNU actual ya no habrá consecuencias para quienes no cumplan con lo que les corresponde a estas trabajadoras. 

Menos registración, más pobreza

El DNU 70/2023 derogó el artículo 50 de la Ley 26.844 del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares que fijaba en materia de indemnizaciones un “agravamiento por ausencia y/o deficiencia en la registración”, de manera que la indemnización “se duplicará cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido no estuviera registrada o lo esté de modo deficiente”, según el texto original de la norma. Ahora, con el cambio impulsado por el gobierno libertario se elimina la llamada “doble indemnización” para este sector del trabajo cuando no exista la registración pertinente. 

“Los efectos directos del DNU que es sin dudas inconstitucional, tienen que ver sobre todo con las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y a las distintas leyes laborales donde se eliminan las multas por no registración y se considera a las personas monotributistas en un establecimiento como si fueran también trabajadoras registradas esto genera que el decreto lejos de combatir la informalidad va a terminar por profundizarla y particularmente en el sector de las trabajadoras de casas particulares ya que se quita la multa por no registración. Sabemos que 6 de cada 10 trabajadoras de casas particulares son pobres justamente porque no las registran, es decir, trabajan pero igualmente son pobres y se supone que este DNU es contra la pobreza pero vemos que para este sector va a profundizar la situación porque quita básicamente un incentivo más para registrarlas”, explicó a El Destape, Lucia Cirmi, economista e integrante del espacio Paridad en la Macro.

Esta actividad sufrió, en gran medida, el impacto negativo de la pandemia por Covid-19, con la pérdida de más de 250 mil puestos, que si bien luego comenzaron a recuperarse lo hicieron de forma más lenta que el resto de la economía. Según datos nacionales, la caída en el empleo en este sector fue tal en ese periodo que se modificó la estructura de inserción laboral de las mujeres en el país, si para principios del 2020 casi 1 de cada 6 trabajadoras se empleaba en esta rama para 2021, lo hacían 1 de cada 8. Este sector tiene su vez un mayor nivel de informalidad, en torno al 70% del total. 

Esta problemática no es nueva y a nivel nacional viene siendo planteada desde la economía feminista con persistencia: al menos 4 de cada 10 mujeres trabajan en actividades relacionadas con los cuidados, siendo las ramas más feminizadas Trabajo en Casas Particulares (97,5% de mujeres), Servicios Sociales y de Salud (72,3% de mujeres) y Enseñanza (71,5% de mujeres). “Esta medida elimina todos los desincentivos a la contratación de trabajo asalariado no registrado y, a su vez, asimila de hecho la contratación laboral informal a la formal mediante el abaratamiento presente y potencial de las relaciones laborales no registradas. Por otra parte, la falta de una sanción tarifada abre un campo de mayor imprevisibilidad sobre los empleadores ante reclamos de los trabajadores por el cobro de todos los salarios abonados de forma irregular. Por último, es una vía indirecta de reducción de las indemnizaciones por despido”, analizaron sobre la medida desde el Centro de Capacitación y Estudios de la UNSAM. De esta manera, la eliminación de la doble indemnización no favorece la registración, ya que no generará consecuencias para los empleadores que incumplan la ley laboral. 

El 58,4% de quienes trabajan en casas particulares son ocupadas “plenas”, es decir, trabajan entre 35 y 45 horas semanales, un 29,6% se encuentra sub-ocupada (trabaja menos de 35 horas semanales pero tiene intención de trabajar más horas) y un 9,6% está sobre-ocupada, trabaja más de 45 horas por semana, según el informe “Las trabajadoras de servicio doméstico en Argentina”, publicado por la Asociación Civil Economía Feminista (Ecofeminita). En cuanto a la cantidad de hogares más del 69% trabaja habitualmente en una sola casa, por lo que al mismo tiempo casi un 31% de ellas suele trabajar en más de una vivienda. En materia de Seguridad Social, un 74% no percibe descuento jubilatorio, un 70% no cuenta con vacaciones pagas, un 68% no percibe aguinaldos, un 72% no cobra en caso de enfermedad, y un 73% no cuenta con cobertura de salud mediante obra social, según la misma fuente. 

Lo que sucede en el país se repite en la región. El empleo doméstico en casas particulares es una de las principales actividades laborales de toda América Latina, alcanzando a más del 10% de la fuerza laboral, unas 20 millones de mujeres. La diferencia es que mientras en algunos países no existe garantía de ningún tipo de derecho laboral para estas trabajadoras, en Argentina existe desde 2013 la ley 26.844 que fija derechos laborales, parte de los cuales son puestos en jaque con el actual DNU. 

La doble o triple jornada laboral

Una de las causas que permite entender las brechas estructurales de género en el mercado laboral se vincula con la desigual distribución del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, realizado sobre todo por mujeres. Es decir, las tareas que abarcan planchar, cocinar, pagar servicios, lavar, y el cuidado de infancias, personas adultas mayores, personas con discapacidad que requieren apoyo, entre otras. 

Al respecto, otro de los cambios del mega decreto tiene que ver con las modificaciones en la ley de Teletrabajo (N°27.555) que garantiza el derecho a tener horarios compatibles con las tareas de cuidados. En su artículo 6 se fija que quienes “acrediten tener a cargo el cuidado de personas menores de trece años, personas con discapacidad o adultas mayores que convivan con la persona que trabaja y que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada” y que “cualquier acto, conducta, decisión, represalia u obstaculización proveniente del empleador que lesione estos derechos se presumirá discriminatorio”.

Sin embargo, con las modificaciones actuales, se limita el ejercicio de ese derecho, ya que se agrega que se deberá “coordinar con el empleador” y “compensar dichos periodos de tiempo”, además se elimina el reconocimiento de una situación de discriminación para con la trabajadora y se agrega que el derecho pierde vigencia si “el empleador abonare alguna compensación legal, convencional o contractual relativa a gastos por tareas de cuidado”. Ello tiene relevancia si se considera que de acuerdo a las Encuestas nacionales de Uso del Tiempo, 9 de cada 10 mujeres realiza tareas de cuidados y esa jornada de trabajo se extiende, en promedio, 6:31 horas al día -y crece a 9hs en hogares con niños y adultos, muy superior a las 3:40 horas que dedican en promedio los varones, que se insertan más y mejor en el trabajo remunerado, mientras ellas sostienen trabajos fuera del hogar y a la par las tareas domésticas no remuneradas, algo más que evidenciado en pandemia. 

Un punto no menor tiene que ver con que se trata de una situación que se replica a lo largo de todo el país: “En ninguna región las mujeres trabajan menos de 4 horas diarias de forma no remunerada, casi el doble que los varones. La mayor igualdad corresponde a la región pampeana, donde el tiempo que dedican los varones es el 57% de aquel de las mujeres, y la menor aparece en el NOA, donde este desciende al 40%. El promedio nacional agregado a partir de los resultados provinciales es de 49%, que, en otras palabras, indica que los varones en Argentina no llegan a dedicar ni la mitad del tiempo que el que dedican las mujeres”, de acuerdo al Índice de Género, Trabajo e Ingresos que elabora el centro Fundar.

En directa relación un tercer punto tiene que ver con los cambios implementados en las licencias por embarazo: “la persona interesada podrá optar por que se le reduzca la licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá ser inferior a diez días; el resto del período total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto”, señala el decreto. Sobre esto la economista consultada planteó que “aunque es una práctica común en muchas mujeres tenemos que preguntarnos por qué lo hacen, y la respuesta es que en el fondo el problema pasa porque necesitan más días posteriores al nacimiento de un hijo, entonces en realidad este decreto debería haber ampliado el total de días” y alertó que “en la práctica se está poniendo en riesgo el embarazo de la mayor cantidad de mujeres que para poder tener más tiempo para cuidar después del nacimiento van a llegar hasta el final del embarazo trabajando”. 

Asimismo otro aspecto tiene que ver con las actividades declaradas “esenciales” y que implican la obligación de “guardias mínimas de 75% al hacer huelga” donde se incluye, entre otras, al “cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario”. Sobre ello la también autora del libro "Economía para sostener la vida" explicó que “al declarase el cuidado de menores, una tarea particularmente feminizada, como un trabajo esencial se está limitando el derecho constitucional a huelga”. 

El ajuste en la economía

La economista mencionó a este portal que es preciso considerar el “impacto indirecto” del decreto presidencial vinculado a la desregulación de los precios de la canasta familiar, y su incidencia en el consumo y en la actividad en general. “Hay que tener en cuenta que este DNU quita toda la regulación de precios, así se deroga la ley de Abastecimiento, la ley de mercados mayoristas, todas las herramientas que tenía el Estado para intervenir en la cadena productiva y que los precios no sean tan caros se eliminan, y lo primero que podemos esperar es una suba de precios, lo mismo con la prepaga, es decir una aumento en el costo de cuidado de las familias”, señaló Cirmi.

"Se desregula la economía de forma tal que es muy probable que la industria nacional se achique, porque no va a poder competir en ese escenario y con la apertura de importaciones. Cada vez que se achica la industria que es la que más empleo genera esto impacta en la tasa de desempleo y en las posibilidades de contratación y somos las mujeres las que tenemos mayor desocupación y también una tasa de informalidad más alta, así que es esperable que seamos las primeras que nos caigamos del mapa y que este ajuste nos pegue más a nosotras”, concluyó la economista.