Obra pública: la ley ómnibus podría agravar la situación del sector con cancelación de contratos y aumento de despidos

Luego de tres días de debate parlamentario (sin el texto final en discusión sobre las bancas) el gobierno de Javier Milei consiguió luz verde para aprobar en general el mega proyecto conocido como “ley ómnibus”, que ahora deberá tratarse este martes en forma particular en Diputados. En el marco de esa discusión, un aspecto que se mantuvo en un articulado “podado” en casi la mitad y que tiene que ver con el fuerte ajuste en la obra pública que, según se advierte, daría lugar a un escenario en el que el Ejecutivo tendrá la facultad discrecional de dar de baja o renegociar contratos y concesiones de obra pública, así como atar el destino de la infraestructura del país exclusivamente al financiamiento privado, sin tiempos limitados y con ganancias garantizadas.

En la misma línea, mientras se reducen los controles estatales y se busca aumentar la rentabilidad empresarial, crece la alerta por la paralización de obras en todo el país con 3500 proyectos inconclusos, 1400 empresas pendiendo de un hilo y 500.000 trabajadores que pueden quedarse en la calle. Todo ello en un panorama marcado por los conflictos internos dentro del propio oficialismo que llevaron a la disolución del Ministerio de Infraestructura que estará contenido ahora dentro de Economía, un área con la que desde la representación empresarial indican que, al momento, no tienen diálogo. 

"Llegó el cambio de gobierno, vino el pico inflacionario de diciembre y enero y no hubo ningún pago. Las obras están paradas y hubo despidos y suspensiones que van a aumentar en los próximos días”, alertaron desde la Cámara Argentina de la Construcción y anticiparon un panorama más que preocupante: "las obras que el Gobierno de Milei no hace como rutas, escuelas, cloacas, si no las encara el Estado el capital privado no las va a hacer”. Una encuesta del sector a la que accedió este medio pronosticó que casi el 50% espera una caída de la actividad en 2024. 

Obra pública en la era Milei

Para fines del 2023 el total de obras públicas realizada por la gestión saliente ascendía a 7.267 con 615 proyectos más, según se desprende del análisis del “Mapa de Inversiones” elaborado por el ex Ministerio de Obras Públicas. De ese total, estaban finalizadas 4.494 obras, en ejecución 2.185 y en otras etapas 597. A su vez, se si mira por sectores, se destacó que el 36,1% correspondía a agua y cloacas (2642 obras), el 20,8% a obras viales (1515), el 16% a obras de arquitectura (1167), el 13,6% a trabajos en equipamiento urbano (987), el 3,5% para salud (256), el 2,4% para recursos hídricos (176), el 2,2% al sector de educación (159), mientras que el 0,66% a obras vivienda (48) y un 4,5% para otras obras (326). Se agregan aquellos trabajos vinculados a la infraestructura del cuidado, con 437 centros de desarrollo infantil y 16 centros territoriales de política de género y diversidad. 

Al analizar por provincias, las obras finalizadas y en ejecución, están distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional: Buenos Aires (3290), Catamarca (108), Chaco (237), Chubut (128), CABA (128), Corrientes (150), Córdoba (656), Entre Ríos (460), Formosa (117), Jujuy (104), La Pampa (128), La Rioja (71), Mendoza (113), Misiones (176), Neuquén (117), Rio Negro (144), Salta (157), San Juan (70), San Luis (47), Santa Cruz (102), Santa Fe (398), Santiago del Estero (105), Tierra del Fuego (64) y Tucumán (206).

Pese a este punto de partida, una vez en el gobierno, La Libertad Avanza incluyó en sus primeras medidas un plan de ajuste con recortes en la inversión directa en obra pública, así como en la reducción de transferencias de capital (para infraestructura) a las provincias. Lo anterior fue confirmado por el ministro de Economía, Luis Caputo, que en su conferencia del 12 de diciembre pasado mencionó en la lista de 10 medidas iniciales la decisión de “no licitar más obra pública nueva” y de "cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado". Las estimaciones de entonces señalaban un recorte de la menos 1% del PBI en obra pública y del 0,5% en transferencias a las provincias, manteniendo solo las obras con financiamiento internacional.

Esta decisión se refuerza ahora en el marco del debate de la llamada ley ómnibus, aprobada en general en Diputados, a partir de la declaración de emergencia pública que propone y las facultades que otorga al Poder Ejecutivo para, en este caso, disponer “la renegociación o rescisión de los contratos, sean de obra pública, de concesión de obra pública, de construcción o provisión de bienes y servicios y sus contratos anexos y asociados que generen erogaciones significativas a cargo del Sector Público Nacional, celebrados con anterioridad al 10 de diciembre de 2023, respetando los derechos adquiridos de los contratistas”, según se lee en la Capítulo VIII sobre contratos vigentes. Sin aclarar cuánto o en base a qué se determinarían las mencionadas “erogaciones significativas” del Estado, todo parece indicar que se busca generar las condiciones que le permitan al gobierno la interrupción discrecional y generalizada de los contratos para atar el destino de las obras al financiamiento exclusivamente privado. 

Asimismo, en el Título VII referido a infraestructura, servicios y actividades asociadas se plantea en el Capítulo III de concesión de obra pública que “el Poder Ejecutivo Nacional podrá otorgar concesiones de obras e infraestructuras públicas por un término fijo o variable a sociedades privadas para la construcción, conservación o explotación de infraestructuras pública” incluyendo “la explotación, administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de obras ya existentes”, por lo que se avanzaría en concesiones por tiempo indeterminado asegurando, además, la rentabilidad privada: “durante todo el plazo de vigencia de los contratos de concesión de obra pública que celebre la Administración deberá garantizar la intangibilidad de la ecuación económico-financiera tenida en cuenta al momento de su perfeccionamiento” en tanto que “si se plantea una situación de distorsión por causas no imputables a ninguna de las partes contratantes las mismas estarán facultadas para renegociar el contrato para alcanzar su recomposición o convenir su extinción de común acuerdo”. 

De esta manera, el mega proyecto que todavía se discute en el Congreso busca garantizar las condiciones para que la infraestructura de cada región del país quede en manos de la rentabilidad privada y no solo la futura, sino también vía la renegociación de contratos en marcha. 

Un dato a tener en cuenta en ese sentido, mientras le proyecto oficialista comenzaba a discutirse en el Parlamento, el presidente Milei se reunió virtualmente con Larry Fink, CEO del mayor fondo de inversión del globo, BlackRock, quien “manifestó su intención de invertir en infraestructura”, según la comunicación oficial de presidencia. Con un ojo en las empresas argentinas que el gobierno busca privatizar y otro en los recursos naturales del país, aparece también en escena la intención de avanzar en el mercado inmobiliario y el sector energético local, similar a lo que el mismo fondo le había pedido al ex presidente Macri en su visita allá por 2016. Vale recordar, BlackRock tiene acciones de empresas como YPF, Newco (litio), Mercado Libre, Tenaris, Banco Macro, Telecom, Pampa Energía, entre otras.

Infraestructura y empleos en riesgo

A través de un comunicado, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) declaró el jueves el “estado de emergencia” en todo el país señalando que “de persistir la grave situación actual, tendrá efectos irreversibles sobre el sector en particular y la economía en general”. Según indicaron, la construcción se enfrenta hoy a “3500 proyectos inconclusos en todo el país, que ponen en riesgo la actividad de las 1400 empresas que dan empleo a más de 500.000 trabajadores de forma directa e indirecta, con un gran efecto multiplicador sobre el empleo y la actividad económica general de más de 140 sectores productivos”. La alerta no es menor si se considera que, de acuerdo a tal estado de situación, es posible que “muchas empresas terminen en situaciones de quebranto, probablemente definitivas, con las consecuencias económicas y sociales que ello implica”. El sector viene sufriendo el proceso inflacionario de 2023 que, indican, ahora se ve agravado por “el muy elevado aumento de precios de diciembre y enero últimos y el consecuente quiebre de la cadena de pagos”. Este freno en las obras, con especial incidencia en la obra pública que enfrenta un “parate casi total" dado las medidas adoptadas por la administración libertaria, ponen en jaque además al empleo formal. 

La construcción viene de alcanzar niveles históricos de puestos de trabajo, con un máximo en mayo de 2023 que se ubicó en 447.038 trabajadores, según datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción. La recuperación tras el golpe de la pandemia y el cierre de actividades se inició en mayo del 2021, y dio lugar a 32 periodos consecutivos de crecimiento, en tanto que en 2022 el promedio anual fue de 399.064 puestos, superando tanto al 2021 (337.318) como al 2020 (293.460). Con datos a noviembre del 2023, la totalidad de puestos se ubicó en 422.477, unos 85.200 más que en febrero de 2020 (prepandemia) pero dando cuenta de la primera caída interanual (-1,4%) luego del lapso de crecimiento ininterrumpido. 

“No puede dilapidarse un capital humano formado a lo largo de décadas ni el capital, estructura y conocimiento acumulado en las empresas, prolongando aún más una crisis que lleva meses”, expresaron desde CAMARCO y advirtieron por “la destrucción del entramado productivo del sector” plasmado en la posibilidad de despidos masivos en todo el país (parte de lo que ya comenzó a ocurrir) la reducción a la mitad o menos de las plantillas de personal, la quiebra de un sinnúmero de empresas constructoras y de sus proveedores, que además pueden verse afectados por las desregulaciones que impuso el DNU 70/2023 como el caso de la derogación de la Ley de Compre Nacional que las expone a la competencia extranjera. En relación, Gustavo Weiss, presidente de la cámara, ratificó en diálogo con el programa Habrá Consecuencias por El Destape radio que "las obras están paradas y hubo despidos y suspensiones que van a aumentar en los próximos días" al tiempo que al ser consultado por las respuestas del gobierno nacional a esta situación indicó que están “en contacto con los secretarios del ex ministro Ferraro que siguen, pero con una estructura incierta" luego de que se confirmara que Infraestructura deja de ser ministerio para pasar a depender de Economía, con cuyo titular Caputo “pedimos entrevista pero no hemos podido hablar con él", aclaró y remarcó que “las obras que el gobierno de Milei no hace no se van a hacer. Rutas, escuelas, cloacas, si no las encara el Estado el capital privado no tiene interés". 

En ese sentido, el mega proyecto tiene entre los puntos centrales de la pulseada entre el gobierno y los sectores de la oposición que acompañan, el debate por el reparto del Impuesto País que hoy se destina a Anses, PAMI y obras de en los barrios. Sobre esto último, el texto en cuestión buscaría (primero se sacó del articulado, pero en la última lectura previa a la votación volvió a estar incluido) la eliminación de “la asignación específica al financiamiento de la política de integración sociourbana”. ¿Qué implicaría esto? Desfinanciar el fondo que permite actualmente el desarrollo de obras de infraestructura de servicios públicos en los más de 5.000 barrios populares del país para que más de un millón de familias puedan acceder a agua potable, cloacas y electricidad, obras de acceso a mejores condiciones de vida que difícilmente puedan cumplir con el criterio de rentabilidad que exige el sector privado. 

Perspectivas a la baja para 2024

En el inicio de este año las empresas anticipan una caída de la actividad para el transcurso del 2024, como resultado del golpe al poder adquisitivo de los ingresos de la mayoría de la población, el encarecimiento de los insumos y, como se mostró, el fuerte ajuste fiscal sobre la obra pública. 

De acuerdo al último dato disponible del Indicador Sintético de Actividad de la Construcción (ISAC) que difunde el INDEC, en noviembre se registró una caída del 2,1% interanual en la actividad, acumulando en once meses del 2023 una contracción del 2,3% (este martes se conocerá el dato de diciembre). En ese sentido, un aspecto no menor tiene que ver con la baja registrada en la producción de asfalto (-44,7% interanual), un insumo clave en el desarrollo de la obra pública. Además, con datos del último mes del año pasado, el índice que elabora el Grupo Construya y que mide la evolución de las ventas de productos de la construcción al sector privado, anticipó un descenso interanual que escaló al 17,4%, cerrando el año 7,9% por debajo del mismo período del 2022. 

Desde Construya realizaron también una encuesta de opinión entre profesionales de la cadena de valor de todo el país (arquitectos, desarrolladores, constructores y distribuidores de materiales) para conocer las expectativas para este año: casi la mitad (46%) pronosticó una caída de la actividad, el 27% considera que se mantendrá el mismo nivel y solo un 18% espera un aumento.