El gobierno de Javier Milei aplicó una serie de cambios en el proyecto de ley ómnibus enviado al Congreso con el objetivo de facilitar los acuerdos y poder votar esta semana en la Cámara de Diputados, algo que aún se negocia. Una de las principales concesiones del oficialismo fue modificar el megaplan de privatizaciones que impulsaba. Excluyó a varias empresas estatales, aunque con matices en cada caso.
Concretamente, se borró del lista de empresas a privatizar a la compañía petrolera YPF y en los casos de "Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa". Además, se incorporó la participación de la Comisión Bicameral de Privatizaciones de la Ley N 23.696 para el seguimiento de los trámites respectivos, según se indicó en el texto que fue recibido este lunes en el Congreso.
Por otra parte, se eliminó el artículo 9 y se amplió la redacción actual el artículo 35 de la Ley N° 24.804 con el fin de mantener el poder de veto en algunas decisiones de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima. En tanto, se suprimió el artículo 11 manteniendo la obligación del Estado de tener una acción con derecho a veto para las decisiones que impliquen el cierre de la actividad.
Qué dice la nueva Ley ómnibus sobre el Banco Nación
A partir de las modificaciones, sólo podrá privatizarse en forma parcial. "Las empresas y sociedades listadas sólo podrán ser privatizadas parcialmente, debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias", señaló el texto. El proceso de privatizaciones que se lleve adelante deberá ser "conforme las disposiciones e intervendrá la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones creada por el artículo 14 de la Ley N° 23.696".
Nucleoeléctrica: qué dice el nuevo proyecto
El Estado será titular permanente de una acción de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (Nucleoeléctrica Argentina S. A.) y se requerirá su voto afirmativo para la toma de decisiones que signifiquen:
a) La ampliación de capacidad de una central de generación nucleoeléctrica existente y/o la construcción de una nueva
b) La salida de servicio por motivos no técnicos, ya sea temporal o definitiva, de una central de generación nucleoeléctrica
c) La incorporación de accionistas en la Sociedad que le otorguen el control en los términos del art. 33 de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales.
Tras estas exclusiones, las firmas sobre las que apunta a privatizar son Aerolíneas Argentinas, la Administración General de Puertos, AYSA, Trenes Argentinos, Aerolíneas Argentinas, Belgrano Cargas, Coviara, Casa de Moneda, Contenidos Públicos, Corredores Viales, Correo Argentino, Fabricaciones Militares, Dioxitek, Educ.ar; Empresa Argentina de Navegación Aérea, Enarsa, Fábrica de Aviones, Intea, Intercargo, Polo Tecnológico, las radios de las universidades del Litoral y de Córdoba, Radio y Televisión Argentina, Tandanor, Télam, Veng la minera YMAD y Yacimientos Carboníferos Fiscales.
En muchas de estas hay fuertes intereses privados por quedarse con su control y entre los posibles compradores suenan con fuerza grandes fondos de inversión con tenencia de deuda argentina, como Blackrock.
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