El Gobierno difundió este jueves el borrador con el nuevo proyecto de ley ómnibus, el cual contempla nueve capítulos que incluyen la Ley de Emergencia, Blanqueo Laboral, Desregulación Económica, Fórmula Previsional, Empleo Público y Privatizaciones. Sobre este último el proyecto reduce el universo de empresas que pueden ser vendidas o concesionadas a privados a 12, lo que implica una reducción a 29 firmas que se contabilizaban en la iniciativa original que fue rechazada por el Congreso.
El gobierno nacional presentó este jueves la segunda versión de la ley ómnibus, tras el primer fracaso en la Cámara de Diputados sobre el proyecto anterior, que el Gobierno retiró anticipadamente antes de que fuera “vaciada de contenido”. El oficialismo ahora se muestra confiado en que la segunda versión del paquete de reformas será aprobada por los legisladores en el Congreso, luego de un primer intento fallido en Diputados.
En cuanto a las privatizaciones, además de la reducción de firmas que serán vendidas a privados o que se abrirán para nuevas concesiones en sus operaciones, hubo un traslado de firmas estratégicas que quedaron blindadas ante la ola de desguace libertario.
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El número de empresas quedó reducido a 12 firmas de las 41 que contemplaba el proyecto anterior. Entre las firmas que quedaron fuera de la privatización total se encuentra, por ejemplo, Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Los gobernadores de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Neuquén, Río Negro y La Pampa se expresaron en contra de la privatización de la empresa YCRT, una emblemática empresa estatal de generación de energía con carbón.
Los mandatarios patagónicos Claudio Vidal, Gustavo Melella, Ignacio Torres, Rolando Figueroa, Alberto Weretilnek y Sergio Ziliotto firmaron un documento, en el que se expresaron “contra toda forma de privatización de la unidad económica YCRT”. Además, le propusieron al gobierno nacional “un acuerdo de productividad” para la empresa ubicada en la provincia de Santa Cruz. De esta manera, el yacimiento quedó en el listado de empresas abiertas a concesiones privadas –sin privatizar—.
Las empresas que quedan sujetas a la privatización total se circunscriben a Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina. En lo referido a las privatizaciones, es importante destacar que la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones intervendrá en los procesos que se lleven adelante.
Según aclara el artículo 265 del nuevo texto, “los decretos dictados en ejercicio de las facultades delegadas por el Congreso de la Nación en la presente ley, estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100, inciso 12 de la Constitución Nacional”.
Entre las empresas plausibles a privatización y concesión se encuentran Aguas y Saneamientos Argentinos, Correo Oficial de la República Argentina, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria, Corredores Viales y YCRA.
Por su parte, las empresas Nucleoeléctrica Argentina, Banco de la Nación Argentina (y todas las empresas del Grupo Nación) y Empresa Argentina de Soluciones Satelitales sólo podrán ser privatizadas parcialmente, debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, según se enumera en los dos listados anexados al proyecto de ley.
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