El Gobierno envió al Congreso el proyecto final de la ley ómnibus y no se deshizo en el texto de un privilegio digno de la "casta": las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial. Mientras tanto, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, pretenden ajustar aún más las jubilaciones convencionales y llevar la reducción del gasto a un punto del PBI, más de la mitad de lo propuesto inicialmente.
En el capítulo jubilaciones, el Gobierno cambió su proyecto inicial. En un primer momento aplicará la fórmula actual de movilidad previsional hasta abril y luego actualizará haberes por la inflación calculada por el Indec. En paralelo, el nuevo texto elimina las jubilaciones de privilegio para Presidente y Vicepresidente, que se habían mantenido cuando el gobierno de Alberto Fernández eliminó otras jubilaciones de privilegio a inicios de 2020.
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De este modo "se le pone fin a un privilegio de la casta en donde los Presidentes accedían a una jubilación millonaria y vitalicia", señaló el Gobierno en las aclaraciones al proyecto final. Aun así, continuarán existiendo las jubilaciones de privilegio para jueces de la Corte Suprema. De acuerdo al boletín de estadísticas de la Seguridad Social de la Anses, en diciembre, el costo del organismo para pagar las jubilaciones de privilegio del sector judicial fue de 15.934 millones de pesos. En la actualidad se pagan 7.587 haberes y el beneficio promedio es de 2.100.139 pesos.
La casta que le gusta a Milei
Según las estadísticas oficiales de diciembre de 2023, el grueso de las jubilaciones de más de $ 1 millón que paga la Anses correspondieron a ex funcionarios del Poder Judicial. El Boletín Estadístico de la Seguridad Social (BESS) es una publicación trimestral que brinda series estadísticas consolidadas, actualizadas y lo suficientemente dinámicas sobre las variables más relevantes de la seguridad social. En dicho boletín se presentan estadísticas de las distintas ramas de la seguridad social: jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y prestación por desempleo, elaboradas por la Secretaría de Seguridad Social en base a la información proporcionada por la AFIP y la Anses.
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Si la tendencia de las negociaciones se endurece, la definición de los artículos más importantes del DNU y el proyecto de ley ómnibus probablemente terminen en la Corte Suprema. Con tal de avanzar en un plan de "motosierra" sobre los derechos laborales, Milei está dispuesto a que persistan los beneficios exclusivos del Poder Judicial. En la búsqueda del favor por favor se paga, no es el único privilegio.
La propuesta de restitución del Impuesto a las Ganancias por parte del Gobierno tampoco incluyó la idea de contener a los magistrados dentro de este nuevo esquema tributario. Según el Presupuesto 2023, que los jueces, fiscales y el resto de los funcionarios del Poder Judicial no paguen impuesto a las Ganancias le costará al Estado $ 237.850 millones en 2023, o 0,16% del PBI. Esta cifra es casi idéntica a lo que recaudó el país a través del cobro por el Aporte Solidario a las grandes fortunas. Siguiendo este razonamiento, el monto representa poco más de la mitad de lo que costó la construcción del primer tramo del gasoducto. Además, no se trataría de un impuesto pasajero, sino fijo, por lo que la recaudación podría haber sido mayor a lo largo de los años.
Para pensarlo en cifras, el Estado dejó de percibir $ 52.449 millones en 2021 porque los jueces y fiscales no pagaron Ganancias, más que todo el presupuesto del Ministerio de Justicia de ese año. En ese mismo sentido, para la base presupuestaria de 2022, la exención del impuesto a la ganancias de magistrados equivalió a 73 mil millones de pesos (0,12% del PBI).
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