Cambios “cosméticos”: el detrás de escena de los sectores elegidos en el RIGI

Definido como “el corazón de la ley”, este miércoles tuvo luz verde en el Senado de la Nación el denominado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) incluido en el Título VII del proyecto de “Ley Bases” que el oficialismo logró aprobar. En el debate, el gobierno introdujo algunos cambios que, sin embargo, especialistas alertan son “cosméticos” ya que mantienen la esencia del régimen, pese a las críticas de diferentes sectores que en comisiones plantearon disidencias respecto del impacto desfavorable, sobre todo, para la industria nacional. 

Una de las modificaciones al texto que venía con media sanción de la Cámara de Diputados fue la referida al artículo 165, donde se detalló que las “grandes inversiones” se aplicarán a sectores de minería, energía, agroforestal, infraestructura, tecnología, lista a la que -minutos antes de votar y por un “error de tipeo”- la Libertad Avanza agregó a petróleo, gas, siderurgia y turismo. Lo anterior iría en consonancia con lo que el propio presidente Javier Milei había señalado tiempo atrás respecto de que el país se encaminaría -a su entender- a un crecimiento económico gracias a sectores como "minería, petróleo, gas y campo", ratificando lo que los datos de la recesión actual dejan advertir: un modelo de reprimarización de la economía que se impone por sobre la industria y los sectores productivos.

“Si se mira bien los sectores escogidos son los mismos grupos económicos que ganaron con el macrismo. Por ejemplo, energía, siderurgia e infraestructura constituyen todas las ramas de negocio del grupo Techint”, señaló un economista consultado por El Destape, al tiempo que otro especialista remarcó “es un cambio cosmético, es tan amplio y flexible que casi cualquier sector podría incluirse, no permite dirigir incentivos sectoriales sino que es una cesión de recursos naturales, fiscales, de divisas y jurisdiccionales innecesaria”.

Cambios con nombre y apellido

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es uno de los puntos centrales de la llamada “Ley Bases” o “Ley Ómnibus” que, tras los cambios de esta semana en el Senado, volverá ahora a Diputados, que deberá optar por el proyecto original o aceptar los cambios de la Cámara alta (según anticipó este portal el gobierno buscaría insistir en la redacción que salió de Diputados) El RIGI es un programa de beneficios a 30 años para extranjeros o locales que inviertan más de 200 millones de dólares en el país, que recibirán exenciones fiscales, aduaneras y monetarias, entre otros y que -alertan desde distintos sectores- podría afectar el desarrollo del entramado productivo nacional y poner en jaque el rol de la industria nacional en el proceso económico, pero también complicar los recursos del propio Estado nacional y a las ya golpeadas arcas de las provincias. 

“Algunos sectores tienen nombre y apellido. Si se mira bien se observa que los sectores escogidos son los mismos grupos económicos que ganaron con el macrismo. Por ejemplo, energía, siderurgia e infraestructura constituyen todas las ramas de negocio del grupo Techint”, señaló Gustavo García Zanotti, doctor en Desarrollo Económico y autor de la investigación La internacionalización del grupo multinacional Techint y su vínculo con la planificación fiscal, que mostró cómo opera el Grupo económico a través de la radicación de empresas en Uruguay para minimizar el pago de impuestos. En relación se preguntó, “¿qué grupo económico hay detrás del sector foresto industrial? Quizás alguno vinculado a los intereses políticos-económico de tucumanos con el gobierno”.

Para el economista, “tarifazos de por medio, serán sectores que se acojan en el RIGI y sus acciones van a aumentar muchísimo de valor. Por ejemplo, en el caso de Pampa Energía, Sadesa del grupo Caputo, y las de negocios extractivos como minería y petróleo. La idea del gobierno es insertarnos al mundo como proveedores de materias primas”.

El RIGI no solo podría dar paso a la reprimarización de la economía ante la llegada de capitales a sectores sensibles para proveer divisas (petróleo, minería, producción primaria de alimentos) sino que también podría fomentar un amplio proceso de fusiones y adquisiciones de empresas, cuyo resultado sería mantener sin cambios la inversión global a corto plazo y reducirla en el largo, afectando la recaudación del Estado, vía maniobras de transferencia de activos. “Se habilita explícitamente la posibilidad de que inversores nacionales o extranjeros inscriban como inversión la compra de empresas ya existentes. La mayor parte de la Inversión Extranjera Directa (IED) a nivel mundial es destinada a fusiones y adquisiciones de empresas ya existentes, entre el 40% y el 60%, posiblemente las grandes empresas desarrollarán las habituales estrategias de planeación fiscal para inflar contablemente las ganancias de las empresas del grupo económico que se encuentren inscriptas en el RIGI”, alertó un informe elaborado por el espacio Surplus, vinculado a la Facultad de Ciencias Económicas de Rosario. 

Sobre esto García Zanotti indicó: “Después de Diputados y de que salga el decreto reglamentario habrá que ver cómo se implementa, pero siempre que hubo un sector de la economía que tuvo privilegios en su acumulación, hubo un intenso proceso de concentración, fusiones y adquisiciones”. En lo concreto, “con el RIGI podrían darse maniobras de desvío de precios de transferencia y traslado de ganancias entre empresas del mismo grupo. Por ejemplo, ante dos empresas de un mismo grupo económico en Argentina si una está acogida al RIGI y la otra no, para pagar menos impuesto trasladarán ganancias a la empresa en el RIGI a través de múltiples transacciones”. 

Los cambios que conlleva este régimen tendrían, por su extensión en el tiempo y los generosos beneficios en materia fiscal, cambiaria y monetaria, impacto estructural en los sectores productivos y el desarrollo nacional. “El RIGI restringe la posibilidad de realizar política industrial en los sectores a donde se dirijan las inversiones extranjeras. Las licencias de importación y exportación casi irrestrictas concedidas a los proyectos que ingresen clausuran la posibilidad de desarrollar eslabones industriales y, por consiguiente, limitan la creación de empleo y la disponibilidad de divisas en el mediano y largo plazo. De este modo, condena al país a una especialización productiva primaria de enclave centrada en la exportación de alimentos, energía y minerales críticos sin añadir valor agregado industrial a estas cadenas productivas”, señaló el informe Del estancamiento a un futuro hipotecado, de Fundación Pueblos del Sur.

En relación, al ser consultado sobre el impacto de los cambios aprobados en el Senado, Manuel Valenti Randi, director de OCIPEx, evalúo que “es un cambio cosmético, es tan amplio y flexible que casi cualquier sector podría incluirse” y agregó “además de que incluyeron sectores a último momento antes de votar el capítulo aduciendo ‘errores de redacción’, sin pasar por comisión y sin estar en el dictamen que tenían los senadores en ese momento. Una aberración en términos institucionales”.

El centro de estudios viene investigando el impacto del RIGI en la estructura productiva y en un informe reciente ya había alertado que “tal como está planteado, el RIGI seguramente termine beneficiando proyectos de inversiones de grandes corporaciones transnacionales que se orientarán a sectores primarios como la minería y los hidrocarburos (y tal vez el sector agropecuario o forestal), y en el menor de los casos en los sectores industriales que añadan valor agregado y generan empleo de calidad”. Entre dichos beneficios están la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 25% (los grandes contribuyentes pagan hasta 30-35%); la amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias, la exención de derechos de exportación e importación y el cómputo del 100% del Impuesto a los Débitos y Créditos como crédito del Impuesto a las Ganancias, entre otros. 

“El texto sigue siendo demasiado amplio, sin foco concreto lo que no permite dirigir incentivos y objetivos sectoriales sino una cesión de recursos naturales, fiscales, de divisas y jurisdiccionales innecesario. Brasil y Chile hacen exactamente lo contrario. Nuestro país, además, ya tiene el Régimen de Inversiones Mineras (24.196) de 1993 que otorga similares beneficios a los que propone el RIGI para atraer inversiones, tiene una ley de GNL con media sanción y lo mismo existía un proyecto específico para agroindustria”, señaló Valenti Randi. Según OCIPEx, el RIGI va más allá del actual régimen minero al otorgarle a las empresas libre disponibilidad de divisas y eximirlas del pago de derechos de exportación, y en caso de alguna controversia, la solución de conflictos se realiza en jurisdicción internacional. 

Esencia intacta

Otro de los cambios que presentó el bloque de La Libertad Avanza en el Senado tuvo que ver con incorporar en el artículo 174 a los proveedores locales, de modo que se deberá “contratar un mínimo del 20 por ciento de la totalidad del monto de inversión” pero “siempre y cuando la oferta se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad". 

Según el director de OCIPEX, “esto quiere decir que las grandes inversiones no pagan aranceles para importar y los locales no van a poder competir con los precios internacionales”. Asimismo, sumó respecto de la compra de empresas ya existentes que “formalmente hay un límite para la adquisición accionaria (15%) pero por como está redactado permite ese tipo de maniobras dónde no haya inversiones reales, sino adquisiciones que hacen pasar por inversiones (con un Vehículo de proyecto único - VPU) de operaciones normales ya programadas de grandes empresas que invierten 200 millones de dólares, como las petroleras”. Y alertó que “podrían usarlo para comprar empresas públicas, no hay ninguna limitación al respecto”.

Según el entrevistado, “hay una reforma fiscal encubierta en beneficio de las grandes empresas. Además de avasallar las facultades constitucionales y normativas de las provincias lo que, para nosotros, lo hace inconstitucional”. 

Otro aspecto cuestionado tiene que ver con la libre disponibilidad de las divisas por exportaciones, que será desde el 100% a partir del cuarto año (antes era desde el tercero). “Argentina debe aprender de sus experiencias históricas, y evitar comprar nuevamente las falsedades de las ‘teorías del derrame’, que sólo han traído el saqueo de nuestro país, el atraso de su sistema productivo, y el deterioro de sus condiciones socioeconómicas como corolario. Nuestro país se debe un debate serio y responsable de qué estrategias de desarrollo sostenible debemos encarar”, cerraron.