Todo lo vinculado al magnate Joe Lewis y sus movimientos empresariales, políticos y judiciales sigue captando la atención y preocupación en algunos sectores del Gobierno nacional. En momentos donde tanto el Poder Judicial federal como el de Río Negro coincidieron en clausurar una causa penal en la que se investigaban las maniobras que le permitieron al británico adquirir la famosa Estancia Lago Escondido vía testaferros, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York ocurre todo lo contrario. A Lewis se lo acusó por el posible delito de tráfico de información privilegiada y dádivas.
Con el doble objetivo de aportar información en la causa iniciada en NY y poner algo de luz sobre los posibles movimientos delictuales del magnate británico en la Argentina, la directora nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Gabriela Carpineti, presentó un escrito con todos los antecedentes locales del empresario, como una nueva vía para intentar que se juzguen o tengan en cuenta lo actuado en el país.
“Ha tomado conocimiento público que en la sede de la acusación del Distrito Sur de Nueva York existe una investigación abierta contra Joseph Lewis y sus empresas por prácticas criminales sostenidas en el tiempo; y que de acuerdo a los documentos jurisdiccionales que conocemos esas prácticas corruptas habrían sucedido en la República Argentina”.
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De esta manera arrancó el escrito presentado el pasado 7 de septiembre ante la Corte del Distrito Sur de NY, firmado por Carpineti. Lo que se investiga en la jurisdicción neoyorkina apunta a dilucidar el posible tráfico de información privilegiada entre Lewis y un grupo de allegados cuyo resultado final habría sido perjudicar a una empresa norteamericana. De ahí el interés de juzgarlo.
En Argentina, Lewis contó y cuenta con apoyo político y judicial. En su momento, el ex presidente Mauricio Macri reconoció ser muy amigo de británico. Dicho vínculo le valió al magnate una ayudita del por entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien logró obturar en 2017 una investigación administrativa en la que se analizaba la posible compra fraudulenta de Lago Escondido.
La vinculación más reciente con parte del establishment judicial y empresarial ocurrió tras la divulgación de los famosos chats de Lago Escondido, claves para comprender todo el entramado de lawfare en el país.
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“La seria sospecha sobre la extensión de cobertura jurídica y política proveniente de altos cargos del sistema judicial argentino, además de actores de sectores políticos no institucionales que integran el bloque hegemónico de poder cobró actualidad en los últimos meses por situaciones que tomaron estado público”, puede leerse en el escrito firmado por Carpineti, enviado a los Estados Unidos.
El verdadero poder real
La estancia Lago Escondido es una especie de Estado dentro de otro Estado; el viejo Joe se mueve como el gran benefactor de la Comarca andina, cada tanto abre sus puertas a la comunidad, organiza el “día de la familia” o hace gala de sus intentos para donar un hospital.
En pleno gobierno cambiemita, el ex Presidente hizo todo lo posible para evitar que se profundizase una investigación sobre su amigo Lewis. Por entonces, existía una investigación iniciada desde la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) tras detectar “irregularidades en la compra y venta de las tierras”. El entramado Lewis –iniciado en 1996- comenzó a revisarse en 2012.
Luego de 5 años, y con el involucramiento de la Procuración del Tesoro y la PIA, se logró un dictamen del área jurídica del Ministerio del Interior, luego de revisar todos los documentos vinculados a la adquisición de las 11.000 hectáreas en una zona de frontera, en la que estabas prohibida su cesión a personas extranjeras, de acuerdo a la legislación vigente.
“El acto por el que se otorgó la previa conformidad es nulo de nulidad absoluta por tener vicio en la causa por falsedad en los hechos. Hidden Lake S.A. se presenta como continuadora de H.R. Properties Buenos Aires S.A. Esta última empresa había obtenido la autorización para la compra de tierras por tratarse de una persona jurídica argentina cuyo presidente era un argentino nativo que carecía de antecedentes desfavorables. Sin embargo, Hidden Lake S.A. era una sociedad con un socio mayoritario desconocido y otro extranjero. Es decir, que se otorga la previa conformidad a esta última en base a la que se le había otorgado con anterioridad a H. R. Properties, pese a los cambios que se habían producido en el seno de la sociedad y que se contaba con los documentos que acreditaban la nueva denominación, la nueva composición social y el cambio de directorio con miembros extranjeros” (20 de marzo de 20127).
Es decir, existía una demanda por lesividad que apuntaba a darle nulidad a toda la compra de Lago Escondido. El por entonces ministro Rogelio Frigerio, con el dictamen en la mano, decidió que no debía avanzarse con ninguna investigación por lesividad. Macri había cumplido con su amigo.
A pesar de este salvataje, la PIA prosiguió en su intento por evitar la prescripción del delito investigado. Pero fue en vano. El que terminó de cerrar toda posibilidad de investigación fue el camarista Carlos Mahiques. El 15 de septiembre de 2021 firmó la prescripción del delito.
Un año después, Coco, tal como es nombrado en los famosos chats, viajó a Bariloche para participar de la Junta de Lago Escondido sin ningún cargo de conciencia. Quien lo recibió fue Nicolás Van Ditmar – Nico, en los chats- de quien habrá leído mucho en los expedientes acumulados desde mediados de los ’90, un empresario patagónico clave dentro de todo el entramado.
Todos estos antecedentes fueron acercados a la Corte del Distrito Sur de NY por la Dirección de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia.
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