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Un plenario de las comisiones de Legislación General y de Finanzas de la Cámara de Diputados continuó hoy con el debate sobre el proyecto de reforma de la ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, donde se plantearon una serie de modificaciones para incorporar a la iniciativa original con el objetivo de generar mayores consensos.
La sanción de esa iniciativa es considerada clave para el Gobierno ya que el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.
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Al comenzar la reunión el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, anticipó que la intención del oficialismo no era avanzar en la firma del dictamen en este encuentro debido a que aún resta que el proyecto sea debatido en la comisión de Legislación Penal, y propuso escuchar al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero, para que explique las modificaciones que se proponen incorporar al texto.
Las comisiones volvieron a reunirse hoy tras el encuentro que mantuvieron el pasado 23 de noviembre en el que expusieron, además de Otero; el director del Banco Central (BCRA), Zenón Biagosch; y el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sebastián Negri, entre otros.
El debate de la iniciativa continuó este mediodía en el plenario de las comisiones de Legislación General y de Finanzas, que presiden los oficialistas Lucas Godoy y Alicia Aparicio.
Al explicar las modificaciones incorporadas al borrador de dictamen, Otero sostuvo que "cuanto antes lo aprobemos vamos a poder trabajar en la efectividad de la norma", y aclaró que el GAFI "evalúan a un país, no a un gobierno".
En torno de las 11 modificaciones que se proponen incorporar, Otero detalló los aspectos técnicos planteados, entre ellos, la incorporación del verbo poseer sobre el tipo penal de lavado de activos; el monto desde el cual se aplica la pena prevista en el artículo 303 del Código Penal -el proyecto hablaba de 300 mil pesos y pasará a 9 millones de pesos-, a la vez que precisó que se incorpora la pena de multa y se suprime la pena de prisión, en lo que hace al tipo penal atenuado.
Asimismo, el funcionario planteó modificaciones respecto del agravante por el tipo penal de terrorismo; el congelamiento de bienes por financiación del terrorismo; los sujetos obligados en lo que hace a los abogados; la eliminación de incisos en el régimen sancionatorio previsto en el artículo 24; y la incorporación del concepto de operación sospechosa.
También, Otero detalló que se propone además en el texto la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización para el sistema de prevención, investigación y persecución penal de lavado de activos y financiamiento de lavados de activos y armas de destrucción masiva, como se contempla en otros países, y un Registro de Proveedores Virtuales, entre otros cambios planteados.
Desde la oposición, el diputado del PRO; Pablo Tonelli, puso de relieve que "hemos avanzado bastante", y destacó que "buena parte de las propuestas han sido receptadas y estamos más cerca de llegar a un acuerdo final".
"Esto porque hemos encontrado buena voluntad para avanzar", dijo, aunque planteó la necesidad de incorporar otras modificaciones, entre ellas que conste de manera expresa la facultad de la UIF de querellar que, dijo, "hoy está en un decreto, no en una ley".
A su turno la diputada de la CC, Mariana Stilman, consideró que “lo que faltaría y es imprescindible para nosotros es trabajar sobre la designación y remoción de autoridades y la efectiva independencia de la UIF”, al sostener que es una recomendación del GAFI que, dijo, "hasta ahora el proyecto no contempla" .
En tanto, la diputada del Interbloque Federal, Graciela Camaño, dijo que se trata de "una legislación que nos supera a nosotros, que nos pone en un nivel internacional de trabajo en contra de los delitos complejos", y planteó que su espacio "sigue reclamando, como el primer momento, que la nominación del funcionario a cargo sea una nominación que esté vinculada con la aplicación de saberes e idoneidad, que tenga que ver con concursos”.
El proyecto de reforma es resultado de las mesas de trabajo realizadas en la que participaron funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), del BCRA, la CNV, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes); los ministerios de Economía; de Justicia, y de Relaciones Exteriores; la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.
Con información de Télam
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