La Aduana descubrió una maniobra por la cual una empresa obtuvo una medida judicial para poder importar sin el permiso conocido como SIMI (Sistema de Monitoreo de Importaciones) y, luego, “alquiló” esa cautelar a otra firma importadora que no tenía una SIMI (autorización del sistema integral de monitoreo de importaciones) aprobada para poder ingresar mercadería (carteras fabricadas en China) y conseguir los dólares del Banco Central. El “festival de importaciones” que describió hace unas semanas la vicepresidente Cristina Kirchner cuenta también con una veta judicial. En el Ejecutivo advierten sobre maniobras de “forum shopping” para direccionar las causas hacia tres juzgados que fallan sistemáticamente a favor de los importadores. No se trata solo de bienes que luego las empresas comercializan. La Justicia también habilitó dólares a cotización oficial para autos de lujo, yates y aviones privados.
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El mecanismo del rulo judicial es simple: se realizan múltiples denuncias por una misma importación hasta que la causa cae en los juzgados 6,8 o 9 del fuero contencioso administrativo que fallan rápida y sistemáticamente a favor de quienes solicitan acceder a dólares a cotización oficial para luego usufructuar la brecha cambiaria que ya supera el 100 por ciento ($128,9 el dólar mayorista, contra $299,9 el CCL).
Respecto a las sanciones de la Aduana, todo comenzó con una investigación en la que se descubrió que la firma Yoko SA obtuvo autorizaciones judiciales -vía medidas cautelares- para importar mercadería salteándose el requisito de validar la SIMI, pero luego “cedió” la autorización a otra firma, Tropea SA (una empresa dedicada a la importación y venta de marroquinería con marca propia), para que esta última usufructúe la medida judicial y pueda importar carteras fabricadas en China sin el permiso aprobado.
La Aduana denunció, en un escrito presentado el pasado viernes, que Yoko SA no utilizó la “cautelar” en los términos que la obtuvo y que “transfirió” la tutela jurisdiccional que da la medida judicial en beneficio de Tropea SA. Para esto, la Aduana expuso ante la justicia una simulación de Yoko SA mediante una “contrato” de autorización para comercializar la marca “Tropea” solo por un mes: entre el 21 de junio y el 21 de julio de 2022. Justo el momento en el que la mercadería debía ser nacionalizada con la SIMI preautorizada de Yoko.
En términos llanos, Yoko le “alquiló” la cautelar a Tropea para que pudiera hacerse de su mercadería (carteras de origen chino). En definitiva, YOKO funcionó como una usina de SIMI. “La Aduana debe proteger la industria nacional y el empleo argentino, pero también evitar maniobras por las cuales algunos importadores se quieren hacer de dólares de manera ilegal y engañando al Estado” señalo Guillermo Michel, titular de la Aduana.
Los tribunales apuntados por el Gobierno están a cargo de Enrique Lavié Pico, Cecilia Gilardi Madariaga de Negre y Pablo Cayssial. Fuentes oficiales señalaron que hay un claro caso de “forum shopping”. La estadística es contundente. A mediados del año pasado el juzgado contencioso administrativo federal número 6 contaba con 119 sentencias, de las cuales 114 fueron favorables a los importadores. El 100% de los expedientes sorteados en ese juzgado fueron continuados por los demandantes. La misma suerte se observó en los número 8 y 9, con 110 sobre 113 sentencias favorables a los importadores y 79 sobre 79, respectivamente.
Según explican en el Gobierno, el gran atractivo de esta vía se basa en su escaso costo. "A diferencia de los extensos procesos judiciales que pueden dilatarse por años, las cautelares de importaciones se resuelven en pocos meses. Los honorarios legales se abonan contra resultado y una vez obtenido el mismo, el importador se desentiende del proceso dejando que este se archive sin resolver la cuestión de fondo”, plantean las fuentes.
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