En sus últimas apariciones públicas, el ex presidente Mauricio Macri redunda en la idea de terminar con las empresas estatales que presenten déficit. Sin datos concretos y con la mentalidad de redoblar la apuesta, el líder de Juntos por el Cambio pone en escena pública el debate por las compañías nacionales. Aerolíneas Argentinas es el caso predilecto utilizado por el líder opositor, pero sus intenciones ponen en peligro a todo el aparato empresarial y lo hacen sin un análisis profundo de las cifras y realidades de cada empresa.
Macri sostiene que “existe una larga lista de empresas públicas que deberán ser gestionadas por el sector privado o que deberán ser eliminadas”, en función del "déficit" de estas empresas, pero no habla de números concretos. El proyecto del presupuesto prevé para el 2023 un déficit de las empresas públicas en torno al 0,7% del PBI, mientras que los beneficios fiscales para el mismo ejercicio son de $ 3,664 billones, un 2,49% del PBI. Solo para establecer una comparación, la exención de Ganancias de los ingresos de magistrados de los Poderes Judiciales nacional y provinciales equivale al 0,16%.
Según el Centro de Estudios Políticos y Económicos, las empresas públicas "están destinadas a satisfacer los servicios que pertenecen al Estado, su objeto es brindar el servicio de manera habitual y eficiente proveyendo así las herramientas necesarias para ejercer sus derechos, no siendo el fin obtener una ganancia del mismo".
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El mapa de las empresas públicas en Argentina
En Argentina existen 34 empresas públicas que, por su dimensión en términos de recursos, gastos y empleo, ocupan un rol significativo en la economía. Este conjunto incluye a YPF, compañía en la que el Estado posee el 51% de las acciones, designa a sus autoridades e influye en sus principales decisiones productivas y comerciales.
Además, las empresas públicas son un gran empleador. Trabajan en ellas 111 mil personas (datos del 2021), con regímenes laborales y salariales heterogéneos, más asociados al sector económico de la actividad de las empresas que a su condición pública y niveles de productividad difíciles de mensurar.
Los gastos de las compañías totalizaron $ 2,5 billones en 2021 y explicaron el 19,3% del total del gasto del Sector Público Nacional (SPN), equivalente al 5,4% del PBI. Por otra parte, tuvieron ingresos propios de $ 2,14 billones, a los que se sumaron $ 719 mil millones de transferencias estatales con recursos del Tesoro.
Lo que Macri no ve
Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) analizó el valor de las empresas en el país. No todo el déficit de las firmas públicas puede ser atribuido a sus ineficiencias. En muchos casos, los desequilibrios operativos son el resultado de políticas de precios bajos decididas por las autoridades e impuestas a las compañías. En este contexto, las transferencias del Tesoro a estas empresas son más el resultado de las decisiones de políticas públicas (los subsidios al consumo hogareño de energía y al transporte público de pasajeros, por ejemplo), que asistencias a las empresas derivadas de su mal desempeño.
La eficiencia económica de las empresas es heterogénea y difícil de medir, aunque existen evidencias de la presencia de serios problemas de productividad en algunas de ellas. Inestabilidad y politización en la gestión, influencia de los sindicatos, falta de una visión estratégica de negocios e inversión insuficiente podrían ser, en algún caso, causas de estas ineficiencias estructurales.
En cuanto al déficit de las empresas, el mismo suele medirse habitualmente a través de las transferencias presupuestarias que realiza el Tesoro a las empresas para cubrir sus desequilibrios. Aunque puede haber otras formas de financiamiento propias de cobertura del déficit (endeudamiento con bancos y/o con el mercado), esta medición "es imprecisa", ya que presenta errores convencionales.
Para comprenderlo mejor: Existen fondos públicos que se transfieren a las empresas que no debieran ser considerados como parte del financiamiento del déficit de las empresas, ya que se trata del fondeo de determinadas políticas públicas. Además, hay otros mecanismos de financiamiento más allá de los habituales (transferencias, aportes de capital, préstamos y avales).
En relación con el primer punto, no todas las transferencias a empresas estatales pueden asociarse a una pérdida económica (déficit) atribuible a las compañías. El análisis de los subsidios energéticos es un buen ejemplo para entender esta distinción, también extensible a las empresas ferroviarias y AySA.
Que los subsidios a la demanda de electricidad y gas se canalicen mayormente a través de determinadas instituciones estatales (ENARSA, CAMMESA) no significa que se esté subsidiando a la actividad de esas empresas. Es el Estado quien "decide subsidiar el consumo energético y lo hace imponiendo en las empresas estatales precios por debajo de los que surgirían de una decisión empresarial autónoma y racional", subrayó el informe de la OPC.
Sin embargo, no todo este déficit de las empresas que presiona sobre las cuentas del Tesoro puede ser atribuido a problemas de ineficiencia de las propias compañías. En muchos casos, coincidentes con empresas grandes que reciben la mayor asistencia, como ENARSA (ex IEASA), la operadora ferroviaria y AySA, los desequilibrios son mayormente el resultado de políticas de precios bajos que son decididas por las autoridades del Gobierno atendiendo a distintos objetivos, e impuestas a las compañías.
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En ese marco, las transferencias del Tesoro a estas empresas se asocian más a estas decisiones políticas (los subsidios al consumo hogareño de energía, o al transporte público de pasajeros), que a una asistencia a la empresa por su mal desempeño.
"Como ocurre en otros países de la región, la tentación de los gobiernos de fijar precios bajos para algunos bienes y/o servicios; llevar a las empresas al déficit; luego financiarlas desde el Tesoro; provoca una gran redistribución que resulta poco clara para la opinión pública. Atribuir a los hipotéticos problemas de eficiencia de una compañía pública el costo fiscal provocado por la decisión política de abaratar el costo de la energía o el transporte para los consumidores es una confusión que puede dar lugar a recomendaciones de política equivocadas", finalizó el documento.
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