Tal como adelantó El Destape, el Gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre la suspensión de la movilidad jubilatoria, por lo que en septiembre y diciembre los incrementos de los haberes de la seguridad social se harán por decreto. Desde el oficialismo argumentaron que la inestabilidad macroeconómica impide elaborar un índice que contemple variables a tener en cuenta en el largo plazo.
De acuerdo a lo dispuesto en el decreto de necesidad y urgencia, publicado en el Boletín Oficial, se extenderá "hasta el 31 de diciembre de 2020 la suspensión de la aplicación del artículo 32 de la Ley Nº 24.241, establecida en el artículo 55 de la Ley Nº 27.541".
"Durante este período", aclaró la normativa, "el PODER EJECUTIVO NACIONAL determinará el incremento de los haberes previsionales correspondiente al régimen general de la Ley Nº 24.241 con el fin de preservar el poder adquisitivo de los mismos, atendiendo prioritariamente a los beneficiarios y las beneficiarias de menores ingresos".
Fue el Poder Ejecutivo quien presentó, hace poco más de dos semanas, el proyecto de ley ante la Cámara de Diputados para prolongar por 180 días (hasta el 31 de diciembre) el lapso de tiempo para que la Comisión mixta- conformada por representantes del ámbito legislativo y ejecutivo - elabore un nuevo índice de actualización para los jubilados. El plazo original que plantearon los artículos 55 y 56 de Ley de Emergencia Social vencía este 20 de junio.
Sin embargo, en el seno de la Comisión ya reconocían la posibilidad de que la extensión de plazos sea dispuesta por un decreto de necesidad y urgencia. Claro, restaban un puñado de días para tratar un proyecto que demandaría mínimamente 15 días para que sea aprobado.
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Los argumentos del Gobierno
Desde el Frente de Todos esgrimieron que los efectos de la pandemia del coronavirus modificaron de forma sustancial la evolución de los indicadores que se toman en cuenta para elaborar un nuevo cálculo.
“Esta situación también conlleva consecuencias indirectas, en especial en la recaudación de los recursos de la seguridad social, en las remuneraciones al trabajo y en la evolución de los precios al consumidor, y también tornan inciertos los parámetros más relevantes utilizados para establecer una metodología rigurosa de cálculo para determinar la movilidad previsional”, destacaba el proyecto.
Asimismo, el texto de la la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios analizó: “En momentos de grandes distorsiones de las variables macroeconómicas que inciden sobre los diversos elementos que podrían constituir los parámetros de una ecuación de movilidad, y en el marco de una volatilidad de la actividad económica que se va acomodando, diariamente, a la realidad impuesta por la pandemia mundial del COVID-19, resulta absolutamente imposible ya no solamente construir una fórmula de movilidad seria, razonable y perdurable, sino tan solo prever cómo se comportarán las variables económicas en los próximos meses”.
Desde la suspensión de la ley de movilidad diseñada por el macrismo, el Gobierno dispuso dos aumentos: uno en marzo, de 1500 pesos fijos para todas las escalas más un 2,3%, y otro en junio, del 6,12%. La mínima se ubica en la actualidad en $16.864 y creció un 30% en el primer semestre.
Ahora se espera que el modelo de actualización previsional repita el mismo esquema hasta diciembre: reducir la brecha de ingresos de la pirámide y escalonar aumentos, que serán mayores para la mínima y menores en la medida que los haberes sean más altos.
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