Jubilaciones: El Gobierno analiza prorrogar los aumentos por decreto vía DNU

Aunque ya fue enviado al Congreso el proyecto de ley para prorrogar por 6 meses más la posibilidad de fijar los aumentos jubilatorios por decreto, el Gobierno evalúa reglamentarlo mediante un DNU. Los tiempos parlamentarios son muy acotados y se acerca la fecha límite para establecer una nueva fórmula de movilidad, que recién llegará en 2021.

Fue el Poder Ejecutivo quien presentó, hace poco más de una semana, el proyecto de ley ante la Cámara de Diputados para prolongar por 180 días (hasta el 31 de diciembre) el lapso de tiempo para que la Comisión mixta- conformada por representantes del ámbito legislativo y ejecutivo - elabore un nuevo índice de actualización para los jubilados. El plazo original que plantearon los artículos 55 y 56 de Ley de Emergencia Social vence este 20 de junio.

Sin embargo, en el seno de la comisión reconocen la posibilidad de que la extensión de plazos sea dispuesta por un decreto de necesidad y urgencia. Claro, restan un puñado de días para tratar un proyecto que demandaría mínimamente dos semanas para que sea aprobado. 

Teóricamente, los legisladores tendrían una reunión el martes y aún si se dictaminara, el documento debe pasar a Diputados y luego al Senado. Estos trámites legislativos llevan tiempo, ya que hay que dejar pasar una semana entre el dictamen y el tratamiento en sesión. Básicamente, la tarea es imposible, y allí se ancla la idea de que la prórroga se fije por DNU.

En el Gobierno hacen hincapié sobre que la inestabilidad macroeconómica impide elaborar un índice que contemple variables a tener en cuenta en el largo plazo. Los efectos de la pandemia modificaron de forma sustancial la evolución de los indicadores.

“Esta situación también conlleva consecuencias indirectas, en especial en la recaudación de los recursos de la seguridad social, en las remuneraciones al trabajo y en la evolución de los precios al consumidor, y también tornan inciertos los parámetros más relevantes utilizados para establecer una metodología rigurosa de cálculo para determinar la movilidad previsional”, destaca el proyecto.

Asimismo, el texto de la  la Subsecretaría de Asuntos Parlamentarios analizó: “En momentos de grandes distorsiones de las variables macroeconómicas que inciden sobre los diversos elementos que podrían constituir los parámetros de una ecuación de movilidad, y en el marco de una volatilidad de la actividad económica que se va acomodando, diariamente, a la realidad impuesta por la pandemia mundial del COVID-19, resulta absolutamente imposible ya no solamente construir una fórmula de movilidad seria, razonable y perdurable, sino tan solo prever cómo se comportarán las variables económicas en los próximos meses”.

Cruces entre el oficialismo y la oposición

Desde la oposición ya expresaron su negativa a la prórroga de los aumentos por decreto y sostienen que la consecuencia del fin del plazo de 180 días debe ser la restitución de la ley de movilidad sancionada a fines de 2017. En el mientras tanto, plantea Juntos por el Cambio, la Comisión debe trabajar para diseñar un nuevo índice de ajuste automático.

Incluso remarcan que la dilatación parlamentaria podría desembocar en un gran problema de litigiosidad, ya que las subas arbitrarias de septiembre se ubicarían por debajo del porcentaje que deberían recibir los jubilados bajo la ley de movilidad suspendida, indexada en un 70% a la inflación.

Diputados y senadores del Interbloque Juntos por el Cambio se reunieron en el marco del ciclo de charlas con expertos en Previsión Social, con el ex titular de Anses, Emilio Basavilbaso y el ex secretario de Seguridad Social de la Nación, Alejandro Chiti.

“Me trae malos recuerdos la discrecionalidad de los aumentos, como en aquellas épocas en que el gobierno anunciaba por cadena nacional el índice de aumento a los jubilados, arrogándose con populismo una facultad que debería ser automática, como es en el resto del mundo y como lo establece la Constitución”, señaló Basavilbaso en la reunión organizada por el diputado nacional Alejandro Cacace, vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja.

Durante la semana, el presidente de la Comisión mixta, Marcelo Casaretto, respondió a la crítica en una entrevista con la agencia Télam: "Es una cuestión que básicamente tiene que ver con que de todos los supuestos que ellos esbozaron, ninguno se cumplió: Creían que su gobierno en la Argentina iba a crecer y cayó, creían que la recaudación iba a crecer y no creció, y creían que la inflación iba a bajar y aumentó". Y añadió: "Siempre ellos pagaban -los haberes- en base a una inflación creciente, que era del 20%, después del 30, después del 40 y terminó en el 50 o el 53 %. Entonces ahí se ve que siempre pagaron la inflación vieja. Cuando asumió Alberto Fernández la inflación baja y, entonces, nosotros tenemos que pagar lo que le recortaron ellos".

Por el momento, este martes se producirá la quinta reunión de la Comisión, que comenzará a recibir especialistas sobre movilidad previsional y regímenes especiales. 

Los números marcan que la jubilación mínima, que en noviembre era de $ 12.900, llegó a $ 16.800 con la última actualización de los haberes. Esto quiere decir que aumentó un 30% en el último semestre, casi 20 puntos más que la inflación registrada en el mismo periodo.

De confirmarse la prórroga, el modelo previsional del Frente de Todos repetiría el mismo esquema hasta diciembre: reducir la brecha de ingresos de la pirámide y escalonar aumentos, que serán mayores para la mínima y menores en la medida que los haberes sean más altos.