Esta semana se publicó el decreto con la última modificación del Presupuesto (readecuación de partidas), en la que convalida el tijeretazo en jubilaciones y pensiones 230.015 millones de pesos y de 160.000 millones en pensiones no contributivas. En total se recortaron 492.814 millones de pesos las asignaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para el pago de jubilaciones y pensiones regulares, en virtud de que “los refuerzos asignados oportunamente por DNU 594 del 5 de julio de 2024 consideraron supuestos de inflación superiores a los efectivos”.
Como contrapartida a esta medida, en el decreto se autoriza el aumento de 447.935 millones de pesos que fue a “gastos en personal”, en lenguaje de Milei, para la “casta”. Dado que el Gobierno operó durante todo este año con un Presupuesto prorrogado –y todo indica que también lo hará en 2025—las modificaciones de partida se aplican tanto a priori como luego de ser aplicada de facto para ceñirse a la ley.
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Es parte del excedente que se “ahorró” la administración de Javier Milei con la última fórmula –atada a una inflación que desaceleró desde julio—y al veto del Ejecutivo a la Ley de Movilidad que implicaba un refuerzo extra. En total, y por primera vez en la historia, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), producto del salvaje recorte a los jubilados, cerró el ejercicio con un resultado superavitario.
En un hecho sin precedentes en los últimos años, la ANSES registró entre enero y octubre un superávit financiero acumulado de 5,2 billones de pesos, según un informe Fundación Éforo. Lo histórico no implica que sea una buena noticia, dado que ese ahorro se consiguió a partir de menores transferencias a cajas previsionales provinciales, el veto al aumento jubilatorio y el recorte en asignaciones familiares. Distintas estimaciones sostienen que el recorte en jubilaciones y pensiones constituye el 25,3 por ciento del total del ajuste en las cuentas públicas nacionales.
Ese ahorro podría haberse convertido en un bono para jubilados y pensionados, pero Milei prefirió modificar el presupuesto y reasignar ese dinero. Un cálculo sencillo da cuenta que con el ahorro que generó este feroz ajuste, el Gobierno podría haber otorgar un bono a fin de año de 760 mil pesos a todos los jubilados y pensionados (6,8 millones de beneficiarios) o de 1,8 millones de pesos si solo alcanzará a quienes cobran la mínima (3 millones). En este último caso, el haber más bono para la mínima hubiese llegado a los 2 millones de pesos para cerrar un año doloroso para los adultos mayores. Incluso se podría haber utilizado para compensar parte del 8 por ciento que el Gobierno nunca reconoció por la inflación de enero, derivado de la mega devaluación de diciembre.
Del jubilado a la "casta"
En el Decreto de Necesidad y Urgencia 1104 se modifica el presupuesto de la Administración Pública Nacional incrementando el cálculo de los recursos en 2.149.136 millones de pesos y reduciendo la autorización de gastos en 185.121 millones. Sin embargo, solo en jubilaciones y pensiones, el recorte es todavía mayor (390.015 millones de pesos). “Como consecuencia se mejora el resultado financiero vigente del ejercicio en 2.334.256 millones de pesos”, señala el último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
El total de la Administración Pública Nacional registra a la fecha un superávit de 1,9 billones de pesos, una mirada desagregada revela que esta cifra se debe en gran parte al excedente de la ANSES. Si se excluyen los recursos y gastos de la ANSES, el resto de la APN arrojaría un déficit de más de 3 billones de pesos.
En los primeros diez meses del año, la ANSES recaudó un total de 36,3 billones de pesos, mientras que sus gastos alcanzaron los 31,1 billones, resultando en un superávit neto de más de 5 billones. “A pesar de este superávit, el Poder Ejecutivo no ha destinado recursos adicionales para reforzar las prestaciones sociales o las jubilaciones”, criticó el documento. Por el contrario, a lo largo del año, se suspendieron las transferencias a las cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas a la Nación; se vetó la ley de movilidad jubilatoria que proponía mejoras en los haberes de los jubilados y ajustaron las asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia y para las pensiones no contributivas por invalidez laboral.
Según la OPC, la deuda acumulada a julio de este año con las nueve cajas provinciales por parte de Nación asciende a 703.353 millones de pesos, equivalente a 0,13 por ciento del PBI. El gasto adicional en jubilaciones y pensiones del impacto pleno de la ley de movilidad vetada hubiera sido del 0,44 por ciento del PBI, lo que equivale a un monto aproximado al ahorro actualmente vigente en las cuentas financieras de ANSES.
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