Certificado de pobreza: sin moratoria crecerá la cantidad de mujeres pobres en una economía donde ya superan el 60% en el decil de bajos ingresos

"Ella no trabajó y él sí", había dicho el presidente Javier Milei en una nota televisiva al mencionar que su madre, de profesión ama de casa, debería ganar una menor jubilación que su padre porque justamente él sí había trabajado (afuera del hogar). Al respecto, el mandatario desconoció el rol del trabajo doméstico y de cuidados que en nuestro país aporta el 16% del PIB y ello, sumado a un fuerte ajuste en el gasto público (-37% en jubilaciones y pensiones), se tradujo además en un proyecto de ley que elimina por completo las moratorias previsionales. De avanzar, advierten especialistas, agravará la sobrerrepresentación de las mujeres en los deciles de mejores ingresos (más del 60% del total). En relación, se estima que más de 200 mil mujeres que están a punto de jubilarse -e aprobarse la medida- no podrían hacerlo, pasando a engrosar la lista de mujeres pobres de Argentina. 

Según datos oficiales, más de la mitad del total de quienes acceden a una jubilación (65%) lo hacen a partir de la moratoria previsional. En este grupo, el 76% de los casos son mujeres que tras padecer como trabajadoras activas mayor precarización e informalidad laboral, ahora también sufrirán como pasivas la pérdida en lo inmediato de ingresos para su subsistencia, ya que las moratorias permitieron acceder al haber mínimo a quienes no contaban con aportes suficientes.

De esa manera, en caso de que la propia salud, condiciones de vida y la expulsión del mercado lo permitan, tendrán que trabajar cinco años más y cuando llegue el momento pasarán a cobrar apenas el 80% de una jubilación mínima. Es decir, de una u otra manera, se verán condenadas a una prestación de pobreza, si se la compara con la situación actual -que arrastra deficiencias de larga data- difícilmente el monto les permitirá acceder a una canasta básica de consumo (en marzo fue de $168.000 para una adulta mayor) más el gasto en medicamentos esenciales que, por ejemplo, en los últimos cuatro meses aumentaron 146%. 

Sin un ingreso mínimo para vivir 

En la actualidad hay 250.000 mujeres a punto de jubilarse que, de aprobarse la eliminación total de las moratorias en el Senado, ya no tendrán la posibilidad de acceder a un ingreso que, aún golpeado por el proceso inflacionario, les permita contar con lo mínimo para subsistir. Datos relevados por al economista Lucía Cirmi, mostraron el impacto inmediato de la medida al señalar que “el 94% de las mujeres de entre 60 y 64 años, no se podría jubilar y van a tener que esperar a tener 65 para cobrar la PUAM (80% de una jubilación mínima)”.

De acuerdo con el último informe de la Canasta Básica Total  (CBT) del Indec para el mes de marzo, una adulta de entre 61 a 75 años necesitó ese mes 168 mil pesos para cubrir sus necesidades básicas de alimentación y servicios básicos (sin contar alquiler). En ese mismo mes el valor de la Pensión Única del Adulto Mayor (PUAM) fue de apenas 107 mil, reforzada por el bono temporal de $70.000, siendo insuficiente ante el costo de vida de una adulta mayor. A su vez, hay que tener en cuenta el gasto habitual en medicamentos. En cuatro meses, los precios subieron 146%, muy por arriba de la inflación. “Desde el 1 de noviembre de 2023 hasta el 29 de febrero de 2024, los medicamentos recetados más usados incrementaron sus precios un 146%. En esos mismos meses la inflación acumulada fue del 93%”, difundieron desde el Centro de Profesionales Farmacéuticos (Ceprofar). También alertaron que “se están dejando de usar medicamentos para enfermedades crónicas, hipertensión arterial, prediabetes, enfermedades metabólicas, disminución del colesterol” por la imposibilidad de costear los mismos. 

Teniendo en cuenta lo anterior se advierte que, en lo inmediato (por no poder acceder al haber jubilatorio correspondiente) o en cinco años, cuando finalmente se les habilite el ingreso a la PAUM, esas más de 200 mil mujeres en edad de jubilarse agudizarán los altos niveles de pobreza que ya enfrentan las trabajadoras, y la sociedad toda, ampliando brechas de desigualdad difíciles de revertir en el corto plazo. En relación, la información oficial disponible muestra que las mujeres están sobrerrepresentadas en los deciles de menores ingresos ya que 6 de cada 10 se ubican en los estratos bajos (deciles del 1 al 4), cuando en el caso de los varones dicha proporción resulta de 4 de cada 10. Además, si tomamos el decil de menores ingresos, está compuesto en un 64% por mujeres, mientras que en cambio son minoría en el decil de mayores ingresos (34%). También son mayoría entre las titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH)  (90%) y en el trabajo por cuenta propia (58% de las trabajadoras de la economía popular). 

A las precarias condiciones de trabajo en el mercado que hacen que las mujeres superen a los varones en el empleo informal en más de cinco puntos y también se impongan en los casos de pluriempleo, se suman las tareas domésticas y de cuidados que les demandan, en promedio, más de 6hs diarias (el doble que a lo que destinan los varones) restando tiempo para el trabajo fuera del hogar y que, pese a su aporte en la economía, no son remuneradas. En lo concreto, las mujeres realizan el 76% de las tareas de cuidados en los hogares argentinos por eso tienen tasas más bajas de actividad (20 puntos menos) y mayores niveles de desocupación.

El debate de fondo: la sustentabilidad del sistema

Los argumentos que justifican la eliminación de las moratorias se focalizan en que la “culpa” por no contar con los aportes suficientes exigidos por ley, sería de las y los trabajadores que no hicieron el esfuerzo/mérito necesario en vida activa. Rara vez ponen la lupa, por ejemplo, en las maniobras empresariales para evitar la registración y mucho menos en la complejidad de un mundo del trabajo atravesado por una creciente informalidad que limita las posibilidades de un futuro previsional.

En esa línea, un informe del centro CEPA indagó sobre la idea de que el sistema previsional “está quebrado” como resultado de la aplicación de esta política, y señaló que “la moratoria jubilatoria (11/2005) fue acompañada de una sensible mejora en cobertura del gasto previsional por Aportes y Contribuciones, lo que se explica porque los salarios registrados privados se incrementaron significativamente, junto a un crecimiento del empleo y una reducción fuerte de la informalidad. En la moratoria de 2015, que aumentó la cantidad de personas con derecho a jubilarse, se mejoró la cobertura del gasto previsional con Aportes y Contribuciones, es decir, se creó empleo registrado y se mejoraron los salarios, la cobertura pasó de 53,3% a 65%”. Luego indicaron que “entre 2016 y 2019 se redujo sensiblemente la cantidad de trabajadores activos, el salario real y se promovió la reducción de Contribuciones en relación con el gasto en Seguridad Social. Es decir, se empeoró la sustentabilidad del sistema, llegó a cubrir menos del 50%”.

En ese sentido, se destacó que “el problema no es la moratoria, sino garantizar la creación de empleo registrado”. Los datos del primer trimestre del 2024 muestran el impacto de la recesión económica en la recaudación, ya que las Contribuciones a la Seguridad Social, “siguieron profundizando el comportamiento negativo que venía manifestándose desde diciembre de 2023, al experimentar una caída del 19,8% interanual, acumulando más de tres meses de bajas consecutivas”, según la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).

Ajuste en cuidados y más carga para las mujeres

En un contexto donde cada vez es más difícil encontrar trabajo y las personas en edad de jubilarse se enfrentan a la eliminación de una medida que buscaba dar respuesta a un problema estructural del mundo laboral, se suma un Estado que recorta partidas clave en infraestructura del cuidado, generando que recaiga más aún en las mujeres y adultas mayores e incluso en las niñas, sostener los cuidados.

Un relevamiento llevado a cabo por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) dio cuenta de que desde que asumió el actual gobierno nacional “más de la mitad de las políticas de cuidados fueron desmanteladas”. En detalle, de 43 políticas de cuidado de alcance nacional, 21 fueron desarmadas, 15 están en estado de alerta y solo 7 se encuentran vigentes. “Esto significa menos presupuesto, menos incidencia y un efecto rebote en municipios, organizaciones y todos los sectores de la sociedad porque aumenta las tareas de cuidado en la casa y la demanda en las organizaciones territoriales”, detalló el informe. También evidenciaron que las tres políticas de infraestructura que estaban destinadas a ampliar salas y jardines infantiles tienen ejecución cero en lo que va del año, la ejecución del Plan de crianza Mil Días cayó en un 74%; y se suspendió el envío de alimentos a la mayoría de los comedores comunitarios y escolares.

En la misma sintonía, una investigación reciente realizada por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Genero (ELA) sobre el presupuesto ejecutado en el primer bimestre del 2024 destacó que “el gasto en las políticas públicas que según el propio Estado apuntan a reducir la desigualdad fue un 33% más bajo que el año pasado”. Puntualmente, cayó 45,5% lo destinado a Pensiones no contributivas para madres de 7 o más hijos y el programa Registradas diseñado para reducir la informalidad laboral en el sector de trabajadoras de casas particulares fue eliminado, a la vez se redujeron los recursos para el Programa de asistencia económica Acompañar, en un 69%.